Derecho Civil, Jurídico 


Las responsabilidades tributarias de los administradores sociales

 

Hace unos dias escuché involuntariamente en el gimnasio una conversación entre  jóvenes probablemente universatarios,  en la que uno de ellos comentaba, de manera intrascendente y despreocupada,  “……..en los próximos dias voy  a faltar a clase ya que tengo que acudir a la Notaría para alguna gestión de las sociedades de su padre.   Como me nombró administrador…. aunque yo ni idea ”.

En la actualidad estas prácticas son bastante habituales y responden mayoritariamente a intentar evitar que los verdaderos responsables de la gestión de una sociedad, aquellos que han adoptado las decisiones,  que han administrado su patrimonio, que han realizado las operaciones comerciales de la entidad……no se vean afectados por  los procedimientos – de cualquier tipo –  que puedan incoarse frente a la misma.    Consideran que si legalmente consta al frente de la sociedad como administrador legal una persona que realmente no interviene en la gestión empresarial,  limitándose a firmar cuanto documento o escrito se le ponga delante ( “nuestro amigo del gimnasio” ), los gestores reales van evitar cualquier tipo de responsabilidad.  Y que además, ese administrador legal una vez acreditada su nula participación en los  negocios, su desconocimiento de la marcha de la empresa………..  se vería a salvo igualmente de cualquier acción por irregularidades en la misma.

Sin embargo, al menos en el ámbito tributario, ello constituye un claro error. Y es un error del que pueden derivar consecuencias muy relevantes en uno y otro caso. Veásmoslo con un ejemplo:  si la sociedad de la que es administrador “nuestro amigo del gimnasio” tuviera débitos pendientes con la Hacienda Pública y no fuera posible su cobro con el propio patrimonio social, es muy posible que se derivara la responsabilidad de pago de dichas deudas al administrador. Probablemente por su condición actual de “estudiante”, este fuera insolvente, al carecer de cualquier activo embargable…. Pero y más adelante?   La deuda tributaria le quedaría imputada hasta su prescripción.   Y así la generación de cualquier riqueza por este responsable (retribuciones por ejemplo) se vería afectada por el embargo de la Agencia Tributaria. retribucion-administradores-sociales-sociedades-no-cotizadas

Por ello, al margen de la responsabilidad mercantil, penal…. en la que pueden incurrir los administradores sociales, nos centramos ahora en la responsabilidad tributaria de estos, analizando en qué medida y en qué casos, las deudas y sanciones tributarias de una sociedad pueden ser exigidas a los administradores de la misma.  Y es la Ley General Tributaria la que recoge estos supuestos de responsabilidad.

Antes de pasar a examinarlos, hay que incidir – para clarificar el propio concepto que de administrador recoge la normativa tributaria –  en tres cuestiones:

  1. A partir de la Ley Gral. Tributaria 58/2.003 – que entro en vigor el 1 de enero de 2004 –  se incluye en los distintos tipos de la responsabilidad tributaria también al “administrador de hecho”.  Así el artículo 43 de dicha norma cita en los párrafos relativos a la expresa responsabilidad de los “administradores”  y en todo caso:   “Serán responsables subsidiarios de la deuda tributarias …. Los administradores de hecho o de derecho…”.Así por primera vez contamos con el instrumento legal para imputar obligaciones tributarias a sus verdaderos titulares cuando estos – con un claro ánimo defraudatorio – recurren a la en interposición de sociedades “fantasma”, testaferros, etc…

El administrador del hecho es la persona que realmente tiene el poder  de decisión en la sociedad,  controla la entidad, …….  pero sin ostentar tal cargo desde el punto de vista formal.   Quién aparece en el Registro mercantil y en cualquier instancia pública  como  “ administrador de derecho “ es otra persona que generalmente no desarrolla en la prática tal función.  Sin embargo resulta  a veces complejo demostrar la condición de “administrador de hecho”, ya que el ánimo defraudatorio que normalmente se advierte en esta situación, tiende ocultar o disimular su participación en la sociedad.  La disposición de los medios económicos de la empresa,  las gestiones realizadas con terceros, …..son indicios relevantes que deben ser comprobados para descubrir quiénes son  los verdaderos rectores de las entidades.  Y tal circunstancia ha des ser acreditado por parte de la Administración tributaria, correspondiendo pues a los órganos administrativos la carga de la prueba.

  1. El apoderado no es en principio un “administrador de derecho”, ya que no cabe considerar administrador a quienes actúan regularmente por mandato de los administradores. Puede que se acredite tal condición en un apoderado, en un evidente uso fraudulento del apoderamiento. Pero si no es así, los sujetos responsables tributarios no serán los apoderados, por amplias que sean las facultades conferidas a éstos, al actuar como auténticos mandatarios, siguiendo instrucciones de los administradores legalmente designados.
  2. La imputación de la responsabilidad tributaria a los administradores de derecho es una mera consecuencia de los deberes normales que se exigen un gestor. El cargo de administrador – como ha citado reiteradamente la jurisprudencia – no es honorífico. Quién lo acepta, ha de ser consciente de que la no realización de los actos que son de incumbencia de un gestor y que habrían evitado el incumplimiento tributario, le atribuye directamente la condición de “responsable”.   En el ámbito tributario disminuye la importancia del elemento intencional, centrándose en el de la  “dejación de funciones” del administrador.   Así ese administrador que ha omitido la realización de los actos relacionados directamente con las obligaciones tributarias (su declaración, su ingreso…),  o que ha permitido una actividad – consciente o inconscientemente – ilícita de sus subordinados, por negligencia o ausencia de vigilancia….. puede ser calificado como responsable tributario de la sociedad que incumple.  La simple negligencia en la conducta del administrador es suficiente para que se le atribuya la responsabilidad. Aún en el caso de que se acreditara no haber participado realmente en la toma de decisiones, la norma sitúa al administrador en el ámbito de una más que posible negligencia ya que, si no adoptó directamente la decisión, sólo puede ocurrir bien que, conociéndola la permitiera,  o bien que, pese a su cargo, la desconociera, lo que en ambos casos debe calificarse como conducta negligente en el cumplimiento de su función rectora. Solo en el supuesto de que se acreditare una circunstancia de “fuerza mayor insuperable”, podía evitar asumir tal condición de responsable.

Por tanto, los supuestos de responsabilidad tributaria que contempla la Ley Gral. Tributaria, expresamente referidos a los administradores como tales – de hecho o de derecho –son tres, siendo todos ellos supuestos de responsabilidad subsidiaria – es decir, es imprescindible para proceder frente a ellos que la sociedad sea declarada previamente “fallida”, sin bienes y derechos suficiente para poder cobrar la deuda pendiente – , recogidos en el artículo 43 de la norma.   Todo ello sin perjuicio de que algún administrador pueda ser calificado como responsable solidario por quedar acreditada su activa participación en una infracción de carácter tributario, como se recoge en el art. 42.1.a) de la LGT

-El administrador puede ser declarado responsable cuando la sociedad fallida tenga pendiente deudas y sanciones tributarias (art. 43.1.a), siendo responsable tanto de unas como de otras.

-El administrador igualmente puede ser declarado responsable cuando la sociedad fallida ha cesado en su actividad, quedando en situación de abandono (sin todo el soporte personal y patrimonial que la conforma) y él como administrador  no ha procedido a una liqudación ordenada de dicha sociedad conforme marca la ley mercantil.    En este caso, solo será responsable de las deuads tributarias, NO de las sanciones. (art. 43.1.b)

-Por ultimo, el administrador puede ser declarado responsable de ciertos tributos pendientes de una sociedad fallida – como el IVA o las Retenciones – que mantiene no obstante, su actividad regular  con pago a proveedores. En este caso, solo será responsable de las deuads tributarias, NO de las sanciones.  Es este un nuevo supuesto incluido por la LGT.  en su art. 43.2.

RELACIONADOS