Jurídico 


¿Las penas de cárcel inferiores a dos años impiden la entrada en prisión?

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Las dilaciones en los procesos judiciales que se producen como consecuencia del colapso actual al que están sometidos los tribunales no son la única causa de los retrasos que surgen respecto al ingreso en los establecimientos penitenciarios de los sujetos condenados pues, el Código Penal contempla una serie de supuestos en los que se puede suspender la entrada en prisión cuando el reo ha sido condenado a una pena privativa de libertad.

La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad está prevista en nuestro Ordenamiento Jurídico en los siguientes casos:

a) Cuando se formule petición de indulto (art. 4.4 CP).

b) Cuando el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo (art. 80.4 CP).

c) Cuando el condenado cumpla una serie de requisitos, esto es, que haya delinquido por primera vez, que la suma de las penas impuestas no sea superior a los dos años y que satisfaga la responsabilidad civil que se hubiere originado, salvo que el juez o Tribunal sentenciador, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad de que el condenado haga frente a la misma (art. 81 CP).

d) Cuando el reo haya sido condenado a una pena privativa de libertad inferior a cinco años y éste haya cometido el hecho delictivo a causa de su drogodependencia, siempre que se acredite por un centro debidamente acreditado que el condenado se ha deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir la suspensión (art. 87 CP).

En cualquier caso, pronunciarse sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución de la pena corresponde a los jueces y Tribunales (art. 4.4 y 82 CP).

En el caso de que se formule petición de indulto,  el juez o Tribunal podrá suspender la ejecución de la pena en tanto en cuanto no se resuelva la petición de indulto si aprecia que, como consecuencia del cumplimiento de la pena, pudiera vulnerarse el derecho a un procedimiento sin dilaciones indebidas o  resultar ilusoria la finalidad del indulto (art.4.4 CP).

Si bien, la cuestión más polémica que se plantea en el contexto de los retrasos en la entrada en prisión gira en torno a si el cumplimiento de los requisitos enunciados en el art. 81 CP supone la suspensión automática de la ejecución de la pena privativa de libertad o si, por el contrario, sigue quedando a discrecionalidad del juez o Tribunal conceder o no la suspensión según su prudente arbitrio.

Parece ser que el Código Penal se decanta por una decisión discrecional, aunque siempre motivada por los jueces y Tribunales. No obstante, el Código Penal indica los criterios fundamentales  por los que se debe guiar el juzgador a la hora  de tomar la decisión de si suspende o no la ejecución de la pena, pues el art. 80.1 CP señala que éste deberá atender fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto penado, así como a la existencia de otros procedimientos  penales contra éste.

Por último, precisar que en los casos en los que se exige el cumplimiento de los requisitos enunciados, el Código Penal permite que, cuando el juez o Tribunal conceda la suspensión,  la ejecución de la pena queda suspendida por un plazo determinado. Esta suspensión puede estar condicionada a que el reo no vuelva a delinquir o al cumplimiento de determinadas obligaciones (art. 83 CP), por lo que la suspensión puede ser revocada sí el penado no cumpliera con las condiciones eventualmente impuestas por el juez o Tribunal (art. 84 CP).  Si finalmente se revoca la suspensión, se procederá a ejecutar la sentencia (art. 85 CP).

Así, no es correcto generalizar respecto a que los condenados a penas de prisión inferiores a los dos años finalmente no ingresan en el centro penitenciario. Lo cierto es que la suspensión de la pena privativa de libertad regulada en el Código Penal es en realidad una “remisión  condicional de la pena” que debe ser motivada por el órgano juzgador y cuya finalidad es evitar la desocialización de los condenados a cortas penas privativas de libertad.

Vía | Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Imagen | Prisión 

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