Jurídico 


Las parejas de hecho ¿una buena opción?

 

descarga Hoy día las parejas de hecho o  uniones extramatrimoniales “more uxorio”, son una realidad tangible en nuestra sociedad. Estamos ante parejas estables no casadas, en las que se da una coexistencia diaria con vocación de permanencia. Sin embargo, ambos deciden no condicionar su situación fáctica a normativa alguna. Podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que las parejas huyen de  formalismos y de sujeción al derecho, a pesar de la seguridad jurídica que les posibilita nuestro ordenamiento.

Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística de 2013 elevan a 1.667.512 el número de parejas de hecho en España. Comparativamente, en 2001 eran de 563.785, por lo que nos encontramos con una variación relativa del 195,8%.

A falta de una legislación estatal, las Comunidades Autónomas han regulado de manera diferente, fragmentaria e incompleta las parejas de hecho, dotándolas de beneficios mínimos. Y lo han hecho así porque no tienen competencia en materia civil. La Constitución Española reconoce como competencia exclusiva del Estado la legislación civil; a excepción de los derechos forales o especiales allí donde existan. La delgada línea sobre lo que pueden o no legislar, la traza el Tribunal Constitucional; que ya ha declarado inconstitucionales algunos preceptos de la Ley de parejas de hecho de varias Comunidades Autónomas, porque habían traspasado sus competencias.

Prácticamente el único beneficio garantizado a nivel nacional de la pareja de hecho es el acceso a la pensión de viudedad. La Ley 40/2007, reforma de la Ley General de la Seguridad Social para el acceso a la pensión de viudedad, es un ejemplo ilustrativo de la situación al declarar que es “una aproximación, en la medida de lo posible, a la institución matrimonial”, toda vez que, “habida cuenta de la imposibilidad de conseguir la plena equiparación entre las parejas matrimoniales y las de hecho, se hace inviable la plena igualación en el régimen jurídico de las prestaciones de viudedad”.

Parafraseando al Tribunal Constitucional; argumenta que el matrimonio y la convivencia extramatrimonial no son realidades equivalentes. El matrimonio es una institución social garantizada por la Constitución, y el derecho del hombre y de la mujer a contraerlo es un derecho constitucional (art. 32.1). Nada de ello ocurre con la unión de hecho, que ni es una institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho constitucional expreso a su establecimiento. Por consiguiente, nada se opone constitucionalmente a que el legislador, dentro de su amplísima libertad de decisión, deduzca razonablemente consecuencias de esa diferente situación de partida. Lo que significa que no serán necesariamente incompatibles con el art. 39.1 CE, ni tampoco con el principio de igualdad, las medidas de los poderes públicos que otorgan un trato distinto y más favorable a la unión familiar que a otras unidades convivenciales, ni aquellas otras medidas que favorezcan el ejercicio del derecho constitucional a contraer matrimonio siempre, claro es, que con ello no se coarte ni se dificulte irrazonablemente al hombre y la mujer que decidan convivir more uxorio.

La causa fundamental del auge de las parejas de hecho es la posibilidad de romper la convivencia sin consecuencia jurídica alguna, de manera libre y voluntaria. Pero permítanme recoger, por su claridad, las palabras de Don Antonio Salas Carceller, Magistrado del Tribunal Supremo: “son muy frecuentes los supuestos en que, cualquiera de los que la integraron acude a los tribunales intentado que se declare en su haber algún derecho nacido de dicha convivencia, siendo necesario reconocer que efectivamente surgen situaciones de verdadera injusticia que deben ser remediadas aun cuando, los que con su conducta han dado lugar a ellas, quisieron en su día prescindir de «papeles» y de cualquier control público de su vida personal”.

Debo decir que ante la ruptura de la convivencia nos encontramos en una falta de criterio unánime, hasta del más alto Tribunal, de nuestro orden jurisdiccional, que aún reunido en pleno, no ha conseguido establecer una vía de solución única, pues al dictar la afamada sentencia de 12 de septiembre de 2005, varios miembros de la Sala piensan que debería seguirse criterios diferentes. De esta forma nuestros Tribunales van a resolver in casu, según su criterio personal de equidad, al no permitirse la analogía con el sistema matrimonial.

Pocos derechos y garantías nos ofrecen las uniones de hecho, aunque las formalicemos en Registro Públicos. Este resultado es totalmente lógico porque como declara el Tribunal Supremo: “hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencia o, lo que es lo mismo, que precisamente lo que desean los convivientes es que no se les apliquen tales normas”.

       Por todo ello, la decisión de la pareja debe ser formada  y acorde a sus necesidades, sabiendo que debe acudir a la regulación concreta de su Comunidad Autónoma un resultado totalmente lógico porque como declara el Tribunal Supremo: “hoy por hoy, con la existencia jurídica del matrimonio homosexual y el divorcio unilateral, se puede proclamar que la unión de hecho está formada por personas que no quieren, en absoluto, contraer matrimonio con sus consecuencia o, lo que es lo mismo, que precisamente lo que desean los convivientes es que no se les apliquen tales normas”.

Imagen| Parejas de hecho

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