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Las nuevas medidas adoptadas por el RD-ley 11/2014 en materia concursal

Nuevas medidas en materia de convenio y liquidación introducidas por el RD-ley 11/2014

Nuevas medidas en materia de convenio y liquidación introducidas por el RD-ley 11/2014

Con el objetivo de frenar la sangría liquidatoria de compañías concursadas y en continuidad con las líneas marcadas por el RDL 4/2014, de marzo, que adoptaba medidas en materia de refinanciación y reestructuración de deuda empresarial, el pasado 7 de septiembre entró en vigor el Real Decreto-ley 11/2014 de medidas urgentes en materia concursal, que principalmente tiene como objetivo capital el continuar dotando al procedimiento concursal de herramientas útiles para facilitar la continuación de la actividad empresarial de las compañías con dificultades en sus niveles de endeudamiento.

Básicamente esta nueva reforma se articula en dos grandes ejes, uno de ellos relativo al convenio concursal y otro a la fase de liquidación, y un tercer matiz en sede de calificación del concurso. Con el objetivo de ofrecer una idea sintética y ordenada de las implicaciones que esta nueva modificación legislativa impone en nuestro sistema concursal, procedo a describir las principales novedades que se han puesto encima de la mesa:

I. En sede de convenio concursal.

1. Se recoge, en relación con los privilegios especiales, que éstos sólo alcanzarán la parte del crédito que no exceda del valor de la garantía, calculada en función del valor razonable del bien, y para ello se fijan reglas para su valoración y se impone, asimismo, una reducción, ope legis de dicho valor razonable en un 10%.

2. Se produce una el quórum de la junta de acreedores y reconoce el derecho de voto, en general, a los acreedores que hubiesen adquirido sus derechos de crédito con posterioridad a la declaración de concurso; esta medida pretende crear un mercado de estos créditos que permita generar liquidez para los acreedores, en una situación de concurso de su deudor, sin tener que esperar a la liquidación final de la masa activa de la compañía.

3. Se flexibiliza la limitación general porcentual para votaciones y mayorías introduciéndose la previsión, ya aprobada respecto a los convenios pre-concursales, en lo referente a las mayorías máximas exigibles para los pactos de sindicación en un 75%.

4. Se facilita la transmisión de unidades productivas, libre de obligaciones preexistentes impagadas, así como la cesión en pago de bienes.

5. Se incorporan determinadas especialidades en materia de insolvencia de empresas concesionarias de obras y servicios públicos, o contratistas de las administraciones públicas, principalmente arbitrando una tramitación acumulada de todos los procesos concursales que puedan guardar relación con estas entidades.

6. Se posibilita el arrastre de ciertos créditos con privilegio general o especial, incluso en la parte cubierta por el valor de la garantía. Para ello se exigen unas mayorías más reforzadas y que el acuerdo sea adoptado por acreedores de la misma clase –entendiéndose por clase; acreedores de derecho laboral, públicos, financieros, y resto de acreedores-.

7. Se permite la renegociación en ciertas condiciones, de los convenios concursales que, habiendo sido previamente aprobados, estén amenazados de incumplimiento, de manera transitoria durante un plazo de dos años.

II. En sede de fase de liquidación.

1. Se determinan ciertas especialidades para la venta de unidades productivas con la creación del art. 146bis de la LC, introduciéndose la subrogación ipso iure del adquirente en los contratos y licencias administrativas del concursado y declarándose la exención de responsabilidad por deudas previas, sin perjuicio de la sucesión de empresa en materia laboral y de Seguridad Social ex art. 44 ET.

2. Se incorpora la cesión de bienes o derechos en pago o para pago de los créditos concursales en el plan de liquidación, con la salvedad de aplicación para los acreedores públicos y las limitaciones y el régimen previsto en el art. 155.4 de la LC.

3. Otra novedad importante es la facultad otorgada al Juez para acordar, bien de oficio o a instancia de parte, la retención de hasta un 10% de la masa activa del concurso en una cuenta del juzgado. Cantidad que se podrá utilizar para hacer frente a las cantidades finalmente debidas a acreedores en virtud de resolución judicial instada tras el recurso de apelación que éstos interpongan frente a actos de liquidación.

4. Finalmente, también se modifica el art. 149 de la LC, introduciendo ciertas reglas supletorias para la enajenación de unidades productivas en relación con la purga o subsistencia de garantías reales a las que pudieran quedar sujetos bienes integrantes de esa unidad que va a ser enajenada en conjunto.

III. En sede de calificación

UNICA.- Se clarifica y define qué se entiende por “clase”, remitiendo a las clases del art. 94.2 de la LC, -es decir, acreedores de derecho laboral, públicos, financieros, y resto de acreedores- para determinar cuando no procede la formación de la sección sexta cuando se apruebe judicialmente un convenio con una quita inferior a un tercio del importe de sus créditos o una espera inferior a tres años para todos los acreedores o para los de una clase, salvo que resulte incumplido.

Una vez disponemos del tablero de juego, únicamente nos queda esperar y trabajar con estas herramientas para conocer si estas nuevas medidas dan sus frutos y logran reactivar la continuidad de la actividad empresarial de las empresas concursadas. Aunque, como siempre digo, una de las verdaderas necesidades del proceso concursal para lograr este objetivo es eliminar los privilegios y prerrogativas que dispone el crédito público, evitando embargos de bienes y sometiendo dichos créditos a quitas y esperas necesarias para la viabilidad de la compañía.

Vía| BOE

Imagen| Reforma concursal

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