Jurídico 


Las novedades que trae la reforma penal

1.- Introducción         

thumbEl 1 de julio ha entrado en vigor la LO 1/2015, que recoge la reforma más amplia que, desde su aparición, ha sufrido nuestro Código penal. Se trata, por tanto y además, de la reforma legal más importante del actual mandato parlamentario. Evidentemente, no deja indiferente a los profesionales del Derecho que incluso ya han dado al mercado algunos estudios sobre la misma. Las opiniones que sobre la reforma se han vertido, son dispares y, además, algunos autores siguen reproduciendo las opiniones que dispensaron, entre otras, a las LO 11/2003, 15/2003 y 5/2010, las más relevantes desde la aparición del Código.

La amplitud de la reforma, unida a la premura de su entrada en vigor, hace interesante un análisis de la reforma. Evidentemente, no constituyen estas líneas dicha empresa, pero sí se intenta ofrecer desde ellas una visión global de las novedades que nos trae la citada lo 1/2015, que ni son pocas ni baladíes.

 

2.- La supresión de las faltas y de la aparición de nuevos delitos penales

La reforma supone la supresión del Libro III del Código penal, que recoge las faltas, derivándose el castigo de algunas de ellas a la vía administrativa y a la civil, y pasando otras a considerarse como “delitos leves” (v. gr. las aún faltas de lesiones o faltas contra el patrimonio). Su supresión como tal –aunque ya nos pronunciaremos sobre ello más adelante– se encuentra en puras razones de Política criminal, pretendiendo que solo se castiguen penalmente las infracciones de más gravedad, y que los Juzgados de Instrucción se vean descargados de tarea. Si bien, a efectos prácticos, entendemos que esto solo lo será relativamente. Lo que debe de quedar claro, no obstante, es que el Estado –la Ley y la Justicia si se prefiere– no darán la espalda al castigo de dichas infracciones, pero sí darán otra distinta y más acorde a la gravedad de los hechos que den lugar a ellas.

No debe pasarse por alto que se introduce por esta LO 1/2015 un criterio de oportunidad, ya que se permitirá a los jueces, a petición del Ministerio Fiscal, valoradas la escasa entidad del hecho y la falta de interés público, proceder al sobreseimiento del procedimiento (arts. 963 y 964 LECrim).

Por último, estos delitos leves se tramitarán por el procedimiento previsto en la actualidad para el juicio de faltas en la LECrim, con las modificaciones introducidas por esta LO. Y en cuanto a los ya iniciados o en espera de celebración de vista, con algunas especificaciones se continuarán tramitando conforme al procedimiento previsto en la vigente LECrim.

 

3.- Instauración de la prisión permanente revisable

Es, sin duda, la más polémica de las novedades que contempla la reforma, introduciendo un tipo de prisión que, tras un cumplimiento concreto, implicaría iniciar un procedimiento de revisión, que supondríala continuidad del condenado en prisión o, en su caso, su puesta en libertad o la suspensión o sustitución de la pena privativa de libertad que venga cumpliendo. La duración de la prisión permanente dependerá del número de los cometidos y su naturaleza, pudiendo ir desde los veinticinco hasta los treintaicinco años.

En realidad, esta prisión solo se prevé para los asesinatos que, por diversos criterios –mayormente sociales– implican especial gravedad, concretamente: i) el de menores de dieciséis años o de personas especialmente vulnerables por razón de su edad, enfermedad o discapacidad; ii) los posteriores a un delito contra la libertad sexual; iii) los cometidos en el seno de una organización criminal; iv) los reiterados o cometidos en serie; v) los cometidos contra el Rey, la Reina consorte, el Príncipe o la Princesa de Asturias, Jefes de Estado extranjeros; vi) genocidio; y vii) los cometidos con ocasión de delitos de lesa humanidad.

Las críticas que se le achacan se deben a que la consideran como una pena que contraviene la reinserción del condenado en la sociedad y que consagra la Constitución (art. 25). No obstante, no pocos autores de reconocido prestigio se han manifestado a favor de su anclaje constitucional, pues el sistema de revisión impediría que, a diferencia de otras Legislaciones, el condenado terminase sus días en prisión. Con todo, no será España pionera en esto.

 

4.- Nueva configuración de la suspensión y sustitución de penas y de la libertad condicional

La reforma también trae modificaciones en la concepción del régimen de suspensión y sustitución de penas y en el de la libertad condicional. De importancia práctica indiscutible, la modificación operada es una de las más importantes, aunque pueda pensarse lo contrario de principio.

El sistema de sustitución cede ante el de suspensión, quedando aquel tan solo para el caso de condenados que no sean españoles (art. 89 –se suprime el art. 88–). Los requisitos de la suspensión, por su parte, se flexibilizan, así como su sistema de tramitación, todo ello como muestra de confianza del Legislador en la resocialización del condenado. No obstante, se refuerzan y aumentan las prohibiciones y deberes que pueden imponerse a la luz de la suspensión (art. 83).

En cuanto a la libertad condicional, dos son las novedades concretas. Por un lado, la introducción de un nuevo supuesto de otorgamiento, que consiste en el adelanto de la libertad condicional cuando se trate de un reo que esté cumpliendo su primera condena en prisión, que ésta no excede de tres años, y que ya haya cumplido la mitad. Por otro, el período de libertad condicional pasa a tenerse como de suspensión de la pena.

 

5.- Modificación y aparición de nuevos de tipos penales

Como las anteriores, esta reforma también supondrá la modificación de muchos tipos penales. Estas modificaciones pueden clasificarse en tres tipos: i) por lado las que suponen, simplemente, la agravación de las penas; ii) por otro lado, las que implican modificaciones sustanciales de los elementos típicos; y finalmente iii) las que consisten en la incorporación de nuevas infracciones.

Respecto de las primeras, pueden citarse como ejemplos, los delitos de asesinato y homicidio (arts. 139-140 bis y 142), los cometidos contra la libertad (art. 166), los patrimoniales como el hurto, el robo y la estafa (arts. 235-237, 240 y 241, 249-250), los delitos contra la propiedad intelectual (arts. 270-271 y 274), o los delitos contra de corrupción (arts. 286 bis-quáter, 288, 304 bis). En cuanto a las segundas, puede citarse como claro ejemplo la nueva configuración de la conducta de incitación al odio y a la violencia del art. 510. Y, respecto de las terceras, por ejemplo, que se introduce el delito de matrimonio forzado (art. 172 bis), puro de acoso –stalking– (art. 172 ter), y la divulgación no autorizada de grabaciones o imágenes íntimas obtenidas con el consentimiento de la víctima, y luego divulgadas sin él y afecten a su intimidad –sexting– (art.197).

 

6.- Otras novedades

Por último, la LO 1/2015 introduce, entre otros cambios, el que las condenas firmes de jueces o tribunales impuestas en otros Estados de la Unión Europea produzcan efectos de reincidencia –salvo que el antecedente penal haya sido cancelado o pudiera serlo con arreglo
al Derecho español– (art. 22.8º); nuevas penas inhabilitación docente e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para su tenencia; la imposición a las personas jurídicas del deber de establecer medidas de prevención de delitos en su seno –medidas de compliance– (art. 31 bis), así como el desarrollo de sus responsabilidad (arts. 31 ter y ss); una nueva y más amplia regulación del comiso (arts. 127 y ss); tratamiento específico de la multirreincidencia en los delitos patrimoniales (v.gr. art. 235.1.7º); la delimitación de las figuras de apropiación indebida y la administración desleal (arts. 252-254); la delimitación del concepto de alteración del orden público (art. 557); y así un largo etcétera.

 

7.- Conclusiones

Estamos ante una de las reformas más importantes operadas en el vigente Código penal. La introducción de la perpetua revisable, sin duda, es la novedad que más polvareda doctrinal ha levantado. Sin embargo, no debe obviarse que España no será pionera en su incorporación, pues en Derecho comparado ya existe desde hace años. Para muchos tratadistas las experiencias vecinas han sido positivas, por lo que no ven con malos ojos su acogida patria. Por supuesto, siempre quedará la duda –al menos a un servidor– de si con una decidida reforma del art. 78 y la introducción de determinados aspectos hubieran podido reforzar y garantizar el cumplimiento íntegro de las penas y, en suma, evitarse la introducción de aquella figura en nuestro Ordenamiento. En cualquier caso, no es cuestión rebatible.

Al margen esta importante novedad, lo cierto es que la reforma no deja de oler a la siempre aludida “liquidez legislativa”. En cualquier caso, y en contra de los alarmistas legalistas de siempre –y siempre desde un sillón universitario–, deben destacarse unas cuestiones antes de tildar negativamente el conjunto de las reformas operadas: i) es dudoso que la permanente revisable evite la resocialización del reo, que desde luego no puede tenérsele como si de un cumplidor de penas se tratase o de un verso suelto de la sociedad; ii) contra lo que pudiera pensarse, por fin tiene cabida en el Ordenamiento el delito puro de acoso, que tan solo contemplaba el laboral; iii) que muchas de las reformas nacen de la aplicación de normas de Derecho Internacional o de la doctrina del Tribunal Supremo, por lo que difícilmente pueden ser criticables;  iv) que muchas otras responden a criterios de Política criminal que, igualmente, difícilmente pueden responderse sin observar el contexto social en el que se está teniendo que mover el Derecho penal; y v) que a efectos prácticos es posible que la nueva concepción de la suspensión y sustitución de la pena y la libertad condicional, supongan un grato elemento para la más genuina resocialización del condenado.

Por supuesto, tampoco creo que estemos ante la mejor de las reformas que, por ahora, ha sufrido nuestro Código penal, por ejemplo porque: i) de momento, no se puede entender que siendo de tal calado, su periodo de vacatio legis sea tan exiguo; ii) se ha perdido la oportunidad de reformar, a su vez, la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, de la cual no puede dudarse que, en la práctica, ha producido situaciones lamentabilísimamente injustas; iii) en suma, la reforma no deja de mirar, aún de reojo, a determinados colectivos que han presionado –y seguirán presionando– determinadas concepciones de situaciones sociales que, por supuesto, tienen su eco necesariamente penal; iv) la delimitación de los tipos de apropiación indebida y de administración desleal, según la práctica forense y jurisprudencial, quizá no haya sido lo suficientemente precisa –no es de extrañar que en el futuro sea objeto de otra reforma–; v) en la parte general, quizá no hubiera estado mal la acogida de la “Doctrina Parot” que, ni muchos menos, ha sido tumbada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pese a lo que una prensa lega en Derecho viene publicando; y vi) como último ejemplo, introduce vagamente obligaciones de prevención para las personas jurídicas que, en vista del desenvolvimiento de muchas de éstas en la esfera mercantil, podrían incumplir en el convencimiento de que no lo están precisamente cometiendo.

En cualquier caso, es evidente que la reforma del Código penal da para un estudio infinitamente más exhaustivo. Se tratan las presentes líneas, tan solo, de un bosquejo de lo que entiendo es lo más importante que nos depara un reforma que inminentemente tendrán que manejar los operadores del Derecho, quizá demasiado pronto.

RELACIONADOS