Jurídico 


Las Medidas de Intervención en el Presupuesto de Cataluña por la convocatoria del Referendum de 1 de octubre de 2.017

Mucho se está hablando en estos ultimo días de Cataluña. Del referéndum de autodeterminación convocado para el día 1 de octubre de este año, de las medidas adoptadas por la Fiscalía para impedirlo, de las continuas actuaciones – cumpliendo instrucciones de los órganos judicial – de los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado, de la respuesta de los partidarios de la independencia catalana en las calles y plazas de Cataluña, de la necesidad de diálogo, del no diálogo…… Es difícil, si no imposible encontrar un medio de comunicación que no dedique gran parte de su espacio a dilucidar alguna de estas cuestiones o a aventurar las consecuencias que todo este proceso – “el procés “ – nos deparará el futuro.
No es mi intención manifestar aquí mi opinión personal – no creo que este sea el foro – sobre la procedencia, sobre la legalidad, sobre la oportunidad …del planteado referéndum de autodeterminación convocado por la Generalitat de Cataluña.
Pero de entre todas las medidas adoptadas, resaltaría una que quizás por ser menos espectacular, menos visual que las detenciones, las manifestaciones, las entradas y registros ….queda un poco olvidada, y desde mi punto de vista, tiene especial relevancia.
Son las medidas adoptadas por parte de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para garantizar el respeto de los principios constitucionales de estabilidad presupuestaria y el de lealtad institucional así como el de responsabilidad del Estado como último garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones públicas.
El Principio de Estabilidad presupuestaria del art. 135 de la Constitución es un límite a la autonomía financiera de las Comunidades Autónomas. Si bien estas gozan de esta autonomía para la ejecución de sus competencias, la estabilidad presupuestaria juega como límite a aquella: las decisiones unilaterales adoptadas por la Comunidades Autónomas que además repercutan en el resto del Estado, tienen los límites que este fije estableciendo las directrices de coordinación y cooperación que preserven el equilibrio.
El Principio de responsabilidad del Estado (art.. 9.3 de la Constitución) no es más el reconocimiento a esa función superior del Estado, para actuar en defensa del interés general de todos los españoles, garantizando la igualdad de derechos y el acceso a los mismos servicios.
Por último, el Principio de lealtad institucional entre todas las Comunidades exige el legítimo ejercicio de las competencias por cada Administración Pública, sin que la actuación de una de ellas – abusiva, o desmesurada – pueda atacar el interés general de todos o de algunos de los españoles

Para la salvaguarda de estos principios, – y teniendo en cuenta que en Sentencia de 5 de julio de 2.017, el Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición adicional 40 de la Ley del Parlamento de Cataluña de Presupuestos para 2.017 – ya en fecha 21 de julio de esta año 2.017, se adoptó un Acuerdo de esta Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos en virtud del cual se imponía a funcionarios e interventores la obligación de remitir con periodicidad semanal certificaciones que acreditarían que no se habían iniciado expedientes de gastos presupuestos o extrapresupuestarios que pudieran ser afectados a la convocatoria ilegal de referéndum. En suma, se estaba ejerciendo una sistemática labor de vigilancia para impedir la financiación con fondos públicos del referéndum catalán.
Sin embargo, tras ser recepcionados con cierta periodicidad los citados certificados, se ha producido un hecho transcendental que motiva un cambio – para reforzarlas – en estas medidas de control del presupuesto catalán: la Interventora Gral. de la Comunidad de Cataluña remitió al Ministerio de Hacienda y Función Pública comunicación relativa a que dejaban de asumir la obligación de remitir la citada información al considerarla incompatible con la normativa que regula el referéndum del 1 de octubre de 2.017
Este incumplimiento del Acuerdo es extremadamente grave en cuanto que puede afectar negativamente a la imagen de estabilidad de la economía española, incidiendo sobre indicadores económicos como la prima de riesgo, el acceso al mercado financiero.

Y no solo es grave, sino que es desleal: Cataluña está adherida al llamado Fondo de liquidez Autonómico, línea de crédito creada por el Gobierno español en julio de 2012 en el contexto de la crisis económica. El F.L.A. está concebido mecanismo de apoyo a la liquidez de las comunidades autónomas, de carácter voluntario y temporal, que permite atender a los vencimientos de deuda, así como obtener los recursos necesarios para financiar el endeudamiento. . En otras palabras, un préstamo y una concesión de avaless por el Estado para que las Autonomías puedan endeudarse sin necesidad de acudir a los mercados financieros, donde los inversores exigen mayores tipos de interés debido al claro riesgo de insolvencia que padecen ciertas regiones.

Su adhesión a este mecanismo requiere, en teoría, una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit

Su adhesión a este mecanismo – siendo Cataluña de las primeras Comunidades Autónomas que solicitó su inclusión – requiere, en teoría, una serie de compromisos de estabilidad presupuestaria y reducción del déficit que, a la vista de los datos, no se han cumplido en la mayoría de ocasiones.
Por tanto, por la nueva situación descrita y para la garantizar el interés general , se han adoptado las siguientes medidas de índole económica por Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos económicos de fecha 15 de septiembre de 2.017:
1.- Se efectúo un Requerimiento urgente (se concedió el plazo de 48 horas) para que el Presidente de la Generalitat declarara la NO disponibilidad sobre los créditos presupuestarios distintos de aquellos que se califican bajo la rúbrica “Servicios públicos fundamentales” (Salud pública, Atención a la inmigración, Educación general, Educación universitaria, Apoyo a la familia…), ó la de . “Otros servicios públicos prioritarios” (Remuneraciones de funcionarios de la Generalitat, Intereses y vencimientos financieros, Protección civil, Carreteras, Infraestructuras ferroviarias, Deuda pública, etc…).
De no ser adoptado en el plazo establecido, el Acuerdo se adoptará por el Ministro de Hacienda y Función Pública.
Dado que este requerimiento NO fue atendido ni cumplido por la Generalitat, se dicta la Orden de 20 de septiembre de 2.017 por la que el Ministerio de Hacienda dicta la orden de disponibilidad citada.
2.- Intervención en la gestión de los pagos a realizar por la Generalitat (pagos correspondientes a los Servicios públicos fundamentales y a los Servicios públicos prioritarios): Por parte de la Intervención de la Comunidad Autónoma se comunicará al menos mensualmente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, una relación de sus acreedores con pagos pendientes, con expresa indicación de que con ellos no se está financiando actividades contrarias a las leyes y disposiciones de los Tribunales. El importe de esta relación será equivalente a la entrega a cuenta a favor de Cataluña en los regímenes de financiación autonómica. Será el Estado, a través del Tesoro Público, quién ordene el pago al acreedor, por cuenta de la Comunidad Autónoma.

3.- Intervención de las ordenes de pagos realizados a través de las entidades de crédito para evitar igualmente que evitar la financiación ilegal de la campaña del referéndum.

4.- Todas las operaciones de endeudamiento – a corto y a largo – precisarán la autorización del Consejo de Ministros.

5.- Control de los contratos de bienes y prestación de servicios, mediante declaración responsable emitida y remitida al Ministerio y al adjudicatario, de que los bienes y servicios contratados no tienen relación con las actividades ilegales.

6.- Obligatoriedad de que los servicios de auditoria externa contratados por la Generalitat, comuniquen al Ministerio de Hacienda y Función Pública cualquier orden de pago, transferencia o movimiento que tuviera relación con las actividades ilegales.

7. Por ultimo a los particulares se le posibilita – a efectos de eximirles de posibles responsabilidades – adjuntar en las facturas emitidas a la Generalitat una declaración responsable en la que dejar constancia de que dichos bienes y servicios no tienen relación con la financiación de actividades ilegales ni prohibidas por los tribunales. Caso de que albergaran sospechas sobre posible financiación ilegal, podrá comunicarlo tanto al Ministerio como al Fiscal.

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