Derecho Penal, Jurídico 


Las macrocausas penales en la Ley de Enjuiciamiento Criminal: ¿un problema actual?

Uno de los objetivos principales que perseguía la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no era otro que abordar la problemática de las macrocausas penales, que no dejan de ser una distorsión de lo que debería ser el procedimiento penal tal y como la Ley lo recoge.
Sin embargo, si bien es cierto que la opinión pública española –e internacional– ha coincidido a lo largo de la historia en la lentitud en la tramitación de las causas penales no es menos cierto que se genera un gran debate entre la opinión pública cada vez que el legislador –mediante la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal– trata de dotar a Jueces y Magistrados de los elementos jurídicos necesarios para enfrentarse a estas macrocausas.
Sin ir más lejos, la última reforma de esta Ley que ha sido operada por el Gobierno actual del Partido Popular y que imponía unos tiempos máximos para la instrucción de causas complejas y no complejas, fue puesta en entredicho en los recientes debates de investidura llegando a prometer determinados candidatos su derogación por constituir una afrenta al Derecho de Tutela Judicial Efectiva al imponer un tiempo determinado al Instructor para estudiar un asunto que, probablemente, hubiera necesitado de más tiempo para ser correctamente instruido.
A pesar de lo anterior, existe una amplia corriente de pensamiento entre juristas de considerado prestigio que entiende necesaria la existencia de un plazo para la Instrucción de los procedimientos. En este sentido, cabe hacer mención expresa a los casos de delitos de corrupción, que son empleados con frecuencia para sustanciar el alegato de la no procedencia de imponer un término a la instrucción (toda vez que, según determinadas corrientes ideológicas, tal medida se había adoptado para que no diese tiempo a instruir casos de corrupción y ello derivara en una impunidad absoluta de las personas responsables de los mismos).

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Sin embargo, lo cierto es que la dilatación ad eternum de la instrucción de determinados procedimientos, y en especial aquellos que investigan casos de corrupción, está derivando en una alegación continua de las partes acusadas de la atenuante de dilaciones indebidas que, dado que efectivamente los procedimientos se han eternizado, es normalmente considerada y, por tanto, los casos quedan en la mayoría anulados. Por tanto, se puede llegar a la conclusión de que la mejor forma de evitar la impunidad de los causantes de determinados delitos como la corrupción, es precisamente imponiendo unos plazos razonables para la instrucción, que eviten la perpetuación de la causa en el procedimiento y la consecuente alegación por parte de las defensas de la atenuante de dilaciones indebidas.
El debate acerca de la procedencia o no de imponer un plazo a la fase de instrucción no es algo novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. Ya en el año 2011 siendo Ministro de Justicia Francisco Camaño se intentó reformar este punto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de una forma mucho más radical que la reforma operada recientemente, pero teniendo sin embargo una acogida mucho más cálida entre la opinión pública española.
En esta reforma (que finalmente nunca vio la luz por la terminación de la legislatura del Partido Socialista en España bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero) se proponía la imposición de un periodo máximo de duración de la instrucción de 12 meses en los casos generales y de 18 meses en determinados casos especiales, que eran aquellos instruidos por la Audiencia Nacional o por la Fiscalía de Delitos Especiales, siendo tales plazos prorrogables en otros 12 y 18 meses respectivamente si así lo alegaran las partes y lo concediera el Juez Instructor del procedimiento. La principal novedad que podría haber sido calificada fácilmente como escándalo, era la inclusión de un precepto que declaraba la nulidad de todas aquellas diligencias que se practicaran fuera de esos plazos.
Es en este momento cuando surgen por primera vez los conceptos de causa compleja y causa no compleja, en un intento de dejar el tema de los plazos lo más abierto posible donde se planteó la cuestión de cómo proceder en aquellos casos en los que la instrucción superara los 36 meses establecidos legalmente, donde se concluyó que el Ministerio Fiscal o las partes personadas en el procedimiento podrían pedir una última prolongación que consideraría el Juez y que, oídas las partes, Su Señoría fijaría un nuevo plazo (el que el considerara sin límites) o archivaría el procedimiento.

Sin embargo, esta medida tampoco contentó a todos, por lo que se añadió otro párrafo al precepto que estipulaba que en ningún caso podría acordarse el sobreseimiento por transcurso del plazo si no concurrieran los preceptos necesarios para que se diera dicho sobreseimiento.

Como se puede comprobar, el de las macrocausas es un problema que, lejos de ser una novedad, ha venido siendo empleado por partidos políticos de todos los colores para intentos de modificación legislativas, sin embargo, la realidad es que quizás sea un mal necesario en el mundo político…

Vía| Ley de Enjuiciamiento Civil.

Código Penal

Imagen|Tribunal Supremo (Wikimedia)

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