Jurídico 


Las liquidaciones vinculadas a delito

 

La Ley 34/2015 de 21 de septiembre operó una importante  modificación parcial de la Ley Gral.

Tributaria 58/2.003  afectando entre otros aspectos, a los relativos a la actuación de la Administración Tributaria cuando en el curso de la actuación de sus órganos de comprobación e inspección se apreciaran indicios de la comisión de un delito contra la Hacienda Pública.

Anteriormente en estos supuestos cuando el Inspector – en el curso de una inspección tributaria – advertía la posible existencia de estos delitos, debía de proceder a la paralización de sus actuaciones administrativas.   Tras los informes oportunos se formalizaba la denuncia de los presuntos delitos ante los órganos judiciales.

 Y solo en los casos en que se procediera al archivo de la causa penal,  volvían las actuaciones a la Agencia tributaria para que se procediera a la cuantificación de la cantidades defraudadas porque si bien no se había considerado por el juez penal la existencia de un delito contra la Hacienda Pública ( generalmente al no apreciarse un ánimo defraudatorio doloso),  sí se debía regularizar la situación tributaria del defraudador y exigirle el importe  que no ingresó con la correspondiente sanción.

Cuando en estos casos, la Agencia Tributaria reanudaba sus actuaciones de liquidación y cobro frente a los defraudadores  tras los largos años de  tramitación en los Tribunales, ¿ existían posibilidades de cobro reales?   Efectivamente, estas eran muy escasas: así,  nos encontrábamos a  la sociedad   probablemente inactiva y descapitalizada ; a los administradores responsables, en idéntica situación , etc…..

Y aún en el caso de que hubiese una condena en firme por delito fiscal,  la responsabilidad civil derivada del mismo tendría también unas difíciles posibilidades de cobro por las mismas razones apuntadas en el párrafo anterior.

Al margen de lo anterior, se advertía  la existencia de un trato desigual e injustificado en aquellos supuestos de fraude tributario que por su importe, no se remitían al juez penal como posible delito fiscal.  Efectivamente,   en estos casos las actas y sanciones que se imponían al defraudador eran inmediatamente exigidas en un proceso administrativo que solo con las correspondientes garantías y recursos podía ser suspendido.    Por el contrario, el proceso penal que se abría con la querella de la Agencia Tributaria,   no suponía actuación ejecutiva alguna hasta la sentencia firme condenatoria.   Y además, presidido este proceso por principios tales como “in dubio pro reo”  y  la carga de la prueba del delito imputado a la Administración querellante  , el trato discriminatorio al que hemos aludido se reforzaba a favor del incurso en causa penal.

Por ello,   la reforma de  2012   introdujo en el Código Penal   – en su artículo 305  –  un auténtico procedimiento tributario en orden a la liquidación de la deuda tributaria defraudada. Y en cumplimiento al mandato penal,  la modificación de la Ley Gral. Tributaria  prevée   ya que ante indicios de delito contra la Hacienda Pública, se continúen  las actuaciones administrativas  – es decir, no se paralizan como anteriormente –   procediendo a la liquidación y recaudación de las cantidades  asociadas al  presunto delito cometido, del que se dará traslado a los órganos judiciales.

 Ahora la existencia de un proceso penal en ningún caso suspende el acción de cobro de la deuda tributaria.   Será en sede judicial donde se determine la existencia del delito, la determinación de las personas condenadas por ello y las penas que se impongan.   Pero simultáneamente  la Agencia Tributaria seguirá la tramitación liquidando en primer lugar en base a la cantidad defraudada, y posteriormente, procediendo al cobro de las mismas.

Se admiten las siguientes excepciones a la continuación del procedimiento administrativo paralelo al proceso penal:

1.-  Cuando el Juez ya de oficio ya a instancia de parte acuerde la suspensión de las actuaciones administrativas previa prestación de garantía.

2.- En caso de que no sea posible prestar garantía, excepcionalmente el Juez podrá acordar la suspensión con dispensa total o parcial si aprecia que la ejecución administrativa pudiera ocasionar daños irreparables o de muy difícil reparación.

Las llamadas   “Liquidaciones vinculadas a delito”   – cuyo importe podrá ajustarse posteriormente a los que resulte del proceso penal – presentan las siguientes características:

  • Naturaleza de deuda tributaria a pesar de su vinculación a un delito. Esta naturaleza se mantiene cuando la sentencia penal firme confirme como delito la cuota defraudada.
  • Podrán ser aplazadas con sometimiento a los artículos correspondiente del Reglamento Gral. de Recaudación. E incluso es posible iniciar procedimientos de derivación de responsabilidad tributaria por estas liquidaciones frente a quienes hubieran sido causantes o hubiesen colaborado activamente en la realización de los actos que den lugar a dicha liquidación y se encuentren imputados en el proceso penal iniciado por el delito denunciado o hubieran sido condenados como consecuencia del citado proceso.
  • La liquidación vinculada a delito no podrá ser impugnada en vía administrativa ni ante lo contencioso administrativo en cuanto que se trata de cuestiones que están enjuiciadas en el ámbito del proceso penal. No obstante, sí  podrán ser impugnables ciertos actos recaudatorios  llevados a cabo para el cobro de la propia liquidación (providencia de apremio, diligencias de embargo….)

Una vez de que se tenga constancia de que se ha iniciado el proceso penal por la admisión de la denuncia o de la querella por el Juez Penal, se notificará el inicio del periodo de pago voluntario de la liquidación vinculada a delito.   Y caso de que este no se produzca, se dictará la providencia de apremio para intentar su cobro en vía ejecutiva.  Esto conlleva lógicamente el correspondiente recargo sobre el importe inicial de la liquidación.

No está exento de crítica la tramitación de estas liquidaciones.  Algunos autores hablan de que el principio de presunción de inocencia se ve cercenado ante la no suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, insistiendo en que  ya existe  la posibilidad de  acordar medidas cautelares en sede judicial que atajen los problemas que rodean los procesos de delito y que se han apuntado anteriormente.

Independientemente del respeto que merecen estas opiniones, lo que sí es cierto es que hay que intentar reforzar los mecanismos en la lucha frente al fraude fiscal (sea delito o infracción tributaria administrativa) no solo detectándolo sino también recuperando mediante su cobro,  la cantidad defraudada.

 

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