Jurídico 


Las formas de terminación del proceso administrativo

En un Estado de Derecho todas las Administraciones Públicas están sujetas en sus actuaciones a lo previsto en la legislación, a fin de salvaguardar los derechos de los ciudadanos y evitar el arbitrio discrecional de los funcionarios.

Por ello las Administraciones solo pueden actuar de conformidad con lo previsto en la Ley, y siendo el acto administrativo la forma por excelencia de actuación de la Administración ante los ciudadanos, la manera de asegurar el sometimiento al imperio de la Ley es a través del procedimiento administrativo. Así, solo los actos que nacen, evolucionan y terminan de acuerdo a este procedimiento son válidos.

Concretamente vamos a estudiar en este artículo las formas de terminación del procedimiento administrativo, que vienen reguladas en la Ley 39/2015:

  1. Resolución fundamentada.
  2. Desistimiento.
  3. Renuncia
  4. Caducidad
  5. Imposibilidad material de terminar con el procedimiento.

 

Resolución fundamentada.

Se trata de la forma de terminación ordinaria del procedimiento administrativo. La resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y aquellas otras derivadas del mismo. En los procedimientos tramitados a solicitud del interesado, la resolución será congruente con las peticiones formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad de la Administración de incoar de oficio un nuevo procedimiento, si procede.Las resoluciones contendrán la decisión, que será motivada. Y expresarán además:

  • los recursos que contra la misma procedan,
  • el órgano administrativo o judicial ante el que hubieran de presentarse
  • y plazo para interponerlos.

En ningún caso podrá la Administración abstenerse de resolver so pretexto de silencio, oscuridad o insuficiencia de los preceptos legales aplicables al caso, aunque podrá acordarse la inadmisión de las solicitudes de reconocimiento de derechos no previstos en el ordenamiento jurídico o manifiestamente carentes de fundamento, sin perjuicio del derecho de petición previsto por el artículo 29 de la Constitución (Derecho de Petición).

Desistimiento.

En los procedimientos iniciados de oficio, la Administración podrá desistir, motivadamente, en los supuestos y con los requisitos previstos en las Leyes.

Renuncia.

Por su parte, todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos. Tanto el desistimiento como la renuncia podrán hacerse por cualquier medio que permita su constancia, siempre que incorpore las firmas que correspondan de acuerdo con lo previsto en la normativa aplicable.

Caducidad.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se produzca su paralización por causa imputable al mismo, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, se producirá la caducidad del procedimiento. Consumido este plazo sin que el particular requerido realice las actividades necesarias para reanudar la tramitación, la Administración acordará el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. Contra la resolución que declare la caducidad procederán los recursos pertinentes.

Sin embargo, la caducidad no producirá por sí sola la prescripción de las acciones del particular o de la Administración, si bien los procedimientos caducados no interrumpirán el plazo de prescripción.

Imposibilidad material de terminar con el procedimiento.

En base al principio general del Derecho “ad impossibilia nemo tenetur” (a lo imposible nadie está obligado) la Administración podrá terminar el procedimiento por imposibilidad material siempre que la resolución motive de forma suficiente dicha imposibilidad.

La imposibilidad de continuar el procedimiento tendría que contener las siguientes características:

  • impide de forma definitiva resolver sobre el fondo del asunto
  • es en sí misma justificación de la resolución que pone fin al procedimiento.
  • Responde a una causa sobrevenida, posterior a la iniciación y desarrollo de las fases previas del procedimiento.

Un ejemplo sería la desaparición física de la persona interesada en el procedimiento sin dejar herederos que le sucedan en los intereses cuestionados en el mismo, o bien la modificación sustancial de la realidad física del objeto material del procedimiento.


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* Imagen| Pixabay

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