Jurídico 


Las cuestiones prejudiciales

El ordenamiento comunitario se caracteriza entre otras cosas por la supremacía de sus normas primarias: Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y Tratado de la Unión Europea (TUE). Estos tratados son los que recogen la voluntad de los Estados Miembros y las competencias que estos mismos han transferido a la Unión así como límites en estos poderes para poder aplicar éstas normas.

El legislador comunitario implementa la norma mediante Reglamentos, Directivas, Decisiones, Dictámenes y Recomendaciones (algunas tendrán carácter vinculante y otras no depende de la naturaleza de la norma). La controversia llega cuando la norma proveniente del legislador comunitario es contraria a la norma nacional de algún estado miembro. En este momento, y ante la duda, el Estado Miembro tiene la obligación de referirse al Tribunal de Justicia de la Unión Europea mediante lo que denominamos una cuestión prejudicial. Para la interpretación de la norma europea, el artículo 267 del TFUE es el que recoge el procedimiento a seguir; es el Tribunal comunitario el que será competente para poder pronunciarse en materias que surjan de carácter controvertido sobre la interpretación de los Tratados y sobre la validez e interpretación de los actos adoptados por las instituciones, órganos u organismos de la Unión.

Hemos de tener en cuenta que para el correcto funcionamiento del mercado único común y de los objetivos que se plantean dentro de la Comunidad Europea el precepto del 267 ha de ser aplicado siempre para poder formar lo que se denomina Unión Europea. La finalidad de las cuestiones prejudiciales no es otra que la garantía de la unidad del Derecho comunitario y protección de los derechos de los particulares.

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