Jurídico 


Las conformidades en el proceso penal (I)

Nuestro ordenamiento jurídico contempla determinadas medidas alternativas a la pena privativa de libertad, y mecanismos procesales para conseguir la imposición de una pena más benévola que la inicialmente pedida por la acusación.  Son las que podemos denominar conformidades procesales que implican una especie de “justicia penal negociada” o conformidad “premiada.”

La conformidad del acusado con la acusación formulada contra él tiene un efecto claramente acelerador del proceso penal, pues hace innecesaria la celebración de las correspondientes sesiones del juicio oral en las que deberían practicarse las pruebas dirigidas a probar su culpabilidad de los hechos punibles que le son imputados.   Pero también, esta conformidad, que implica un pacto con la parte acusadora que ejercita la acción penal, supone en la práctica un beneficio para el acusado en el sentido de que con ello consigue generalmente una acusación más benévola y, en consecuencia, una pena también menos gravosa que la que eventualmente podría imponérsele si tras la celebración del correspondiente juicio, el juez o tribunal sentenciador apreciara su culpabilidad.   En todo caso, al pactar con la parte acusadora su conformidad con los hechos imputados y pena solicitada, el acusado se asegura que la parte acusadora no le va a pedir una pena superior a la pactada y que de estimarse su culpabilidad por parte del juez o tribunal o sentenciador, este órgano no le va a imponer una pena superior, pues dicho órgano está vinculado por el principio acusatorio, que impide que al acusado en el proceso penal se le pueda imponer pena más grave que la solicitada por la parte acusadora.

La conformidad aparece regulada con carácter general en nuestro procesal, como un mecanismo para la pronta terminación del proceso penal, que evita la celebración del juicio oral, en el artículo 655 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.   La Ley Orgánica del Tribunal del Jurado también contempla la conformidad en su artículo 50.  Pero fue a partir de la reforma introducida por la Ley 38/2002, de 24 de octubre (que entró en vigor el 28/4/2003), que modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr.) en lo relativo a la regulación del Procedimiento Abreviado y el denominado Procedimiento para el Enjuic

iamiento Rápido de determinados delitos, cuando se introduce la conformidad en estos procesos dándole un carácter de justicia penal negociada o conformidad premiada.   En líneas generales, hemos de decir que el Procedimiento Abreviado es aquel previsto para el enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a nueve años, o bien con otras penas de distinta naturaleza, cualquiera que sea su duración (art. 757 LECr).   Y el Procedimiento para Enjuiciamiento Rápido, de forma resumida se puede decir, que es aquel previsto para el enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con otras penas cuya duración no exceda de diez, que el proceso se incoe en virtud de atestado policial, y se trate de delitos de lesiones, coacciones, amenazas, violencia doméstica, hurto, robo, contra la seguridad vial, daños, drogas que no causen grave daño a la salud, delitos flagrantes contra la propiedad intelectual e industrial, y cuya instrucción sea presuma que será sencilla.

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