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Las Comunidades Autónomas y su coordinación legislativa

Estado AutonómicoCon frecuencia saltan a la palestra leyes autonómicas polémicas como la relativa al proceso de privatización de la sanidad madrileña o la ley andaluza de protección frente a los desahucios, generando numerosos interrogantes:

¿Pueden las Comunidades Autónomas legislar sobre cualquier materia? ¿Por qué es posible que se den situaciones radicalmente distintas entre unas Comunidades Autónomas y otras? ¿Puede el Gobierno estatal derogar una ley autonómica? ¿Es posible que una ley autonómica derogue a una ley estatal?

Con la configuración del Estado Autonómico a raíz de la promulgación de la Constitución de 1978, aparecieron una nueva categoría de leyes desconocidas hasta entonces, las leyes autonómicas.

Las Comunidades Autonómicas pueden legislar sobre aquellas competencias que tengan atribuidas por imperativo constitucional (arts. 148 y 149 CE) o por delegación estatal, de ahí que en algunas ocasiones puedan existir situaciones de conflicto entre unas leyes autonómicas y otras, o entre una ley autonómica y una ley estatal.

Las relaciones entre el ordenamiento estatal y los ordenamientos autonómicos pueden ser de cooperación, en las que el Estado suele proporcionar una ley de bases para que las Comunidades Autónomas procedan a su desarrollo; también pueden darse relaciones de interferencia, que suelen solventarse con la delegación de competencias o con la promulgación de leyes de armonización y, por último, podemos encontrarnos ante situaciones de conflicto en las que la doctrina constitucional tradicional aplica dos cláusulas: Las cláusulas de prevalencia y de supletoriedad.

La cláusula de prevalencia no implica la supremacía absoluta de la legislación estatal sobre la autonómica, sino que es más bien una regla de colisión que se aplica cuando dos normas en concurso están actuando en su propia esfera de competencia. Una norma del Estado que entrase en el ámbito autonómico garantizado por la Constitución y el Estatuto de Autonomía no sólo no puede prevalecer sobre la norma autonómica sino que sería nula por vulnerar el bloque de la constitucionalidad (art. 28 LOTC).

No todo conflicto normativo entre normas estatales y autonómicas puede resolverse aplicando la cláusula de prevalencia y no es tampoco un principio interpretativo que postule una interpretación favorable en favor de la titularidad estatal, sino que la interpretación de las normas de atribución de competencias debe apurarse para alcanzar una solución objetivamente delimitadora. Por ejemplo, en los supuestos en los que entre en conflicto una ley estatal con una ley autonómica posterior, no tiene aplicación la cláusula de prevalencia y habrá que plantear la cuestión al Tribunal Constitucional para que delimite el ámbito competencial.

El hecho de que el ordenamiento jurídico estatal sea completo, mientras que los Derechos Autonómicos son especiales e incompletos, hace necesaria la cláusula de supletoriedad, en virtud de la cual el Derecho Estatal se aplica como derecho supletorio para aquellos ámbitos que no se encuentren regulados por los ordenamientos autonómicos. Los ordenamientos jurídicos autonómicos son estancos entre sí y no tienen otra conexión sistemática que el Derecho Estatal, de ahí la relevancia en la coordinación legislativa entre las leyes autonómicas entre sí y con el Estado.

A pesar de que las leyes autonómicas y las estatales tengan igualdad de rango, existen algunas diferencias ya que la Constitución prevé la posibilidad de que el Estado pueda dictar leyes que establezcan los principios necesarios para armonizar las disposiciones normativas de las Comunidades Autónomas, incluso en materias atribuidas a su competencia, cuando así lo exija el interés general, correspondiendo a las Cortes Generales, por mayoría absoluta de cada Cámara, la apreciación de esta necesidad.

Además la impugnación de una ley estatal nunca implica la suspensión de su vigencia, sin embargo, el Gobierno estatal al impugnar leyes autonómicas, puede provocar su suspensión. En este sentido, el Art. 30 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional dice que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses.”

De este modo la pretensión del Ordenamiento Constitucional es la de obtener una coordinación plena entre la legislación autonómica y la estatal a través, fundamentalmente, de las cláusulas de prevalencia y de supletoriedad, sin perjuicio, de poder recurrir a los canales judiciales oportunos en los supuestos que sea necesarios para corregir posibles desajustes legislativos y no vulnerar los principios de igualdad y de solidaridad que rigen en la organización del Estado Autonómico.

 

Vía| Constitución Española, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

Más información| La regla de supletoriedad a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 61/1997, de 20 de marzo: continuidad y renovación del Derecho Estatal. 

En QAH| La organización territorial del Estado español

Imagen| Estado Autonómico 

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