Jurídico 


Las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión (IV)

Para finalizar esta serie de artículos referidos a las cláusulas abusivas en los contratos de adhesión, vamos a centrarnos en la segunda de las acciones que vimos en la entrega anterior, que es la que consideramos adecuada para resolver el conflicto del supuesto con que iniciamos este análisis, hemos de partir de la dicción literal del artículo 1091 CC, “Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse a tenor de los mismos”, ello implica que las partes han de cumplir el contrato conforme a lo pactado y que, además, no pueden desligarse del vínculo obligacional surgido a raíz de su celebración. En todo caso, los términos del contrato (la obligación en cuestión) deben leerse a la luz de lo dispuesto en los artículos precedentes (arts. 1281 a 1289 CC) por las reglas de interpretación de los contratos. Por otra parte, el artículo 1258 del mismo Cuerpo Legal nos dice que “Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la ley”, reglas de conducta que detentan un carácter imperativo. En este sentido, es unitaria la jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal respecto al significado del principio de buena fe (los principios de buena fe contractual y prohibición del uso abusivo de los derechos vienen recogidos en los artículos 7.2 y 1258 CC) que cumple, en relación con la determinación del contenido del contrato, una función importante: “la de dotar de fundamento a la extensión de la obligatoriedad del contrato a lo que viene denominándose contenido natural del mismo” (Sentencia del Tribunal Supremo, de 24 junio de 1969).

dineroRespecto al dolo civil (responsabilidad contractual que puede integrarse en la Acción de resolución por incumplimiento), el artículo 1101 establece que “Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquélla”, el cumplimiento defectuoso o inexacto –aunque puntual- de la prestación, es la tercera de las modalidades de infracción obligacional en que puede incurrir el deudor. Corresponderá al acreedor, la prueba de que se ha producido este incumplimiento. Prueba que queda fehacientemente acreditada por el cambio unilateral, y perjudicial para el consumidor/acreedor, de las condiciones del contrato. La obligación de indemnizar daños y perjuicios es una prueba de valor, es decir, que su cuantía deberá reflejar el importe que, en el momento de producirse el resarcimiento, resulte equivalente al valor del quebranto (deuda pecuniaria) sufrido en su día por el consumidor/acreedor; cuantificación que se efectuará en el último momento procesal, que lo es en sede de ejecución de sentencia. El Código Civil no da una noción de dolo en el incumplimiento de la obligación, pero según establece la STS, de 30 de noviembre de 1999, para que se actúe con dolo civil, como equivalente a mala fe, “no es preciso la voluntad de dañar o “animus nocendi”, siendo suficiente la voluntad consciente de incumplir”. Por su parte, la STS de 30 junio de 2000, señala que “al ser doloso el incumplimiento obliga a la totalidad de daños y perjuicios en conformidad con el apartado segundo del artículo 1107 CC, pues se trata de un resarcimiento pleno de los que resulten conocidos y provengan de la falta de cumplimiento de las obligaciones contraídas”. En síntesis, se entiende que para el resarcimiento pleno de los daños y perjuicios no es necesario que se incluyan como determinantes los supuestos o deseo de producir un daño, sino que es suficiente la voluntad de sustraerse de la obligación asumida.

Ahora bien hemos de matizar que, para la completa aplicación del artículo 1124 CC, la resolución del contrato no procederá cuando la falta de conformidad sea de escasa importancia, puesto que el incumplimiento ha de ser esencial (frustración del fin del contrato). Al respecto la jurisprudencia suele rechazar la resolución por incumplimiento de prestaciones marginales; por ende, será grave o importante el incumplimiento cuando determina una total disminución de la capacidad del contrato o cuando hace desaparecer la finalidad que los contratantes tuvieron a la vista de celebrar el contrato. En este sentido considera la jurisprudencia que lo procedente, en aquellos supuestos de incumplimiento de prestaciones marginales y al margen de la aplicación de lo ordenado en los artículos 82 TRLGDCU y 8 LCGC (nulidad de la clausula abusiva y su ineficacia), es la indemnización de daños y prejuicios.

 

Vía| Código Civil

Más información|Luis Humberto Clavería Gosálbez, Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Sevilla, “La progresiva degradación de nuestro ordenamiento en materia de cláusulas contractuales abusivas”, Editorial Aranzadi Doctrinal, 2014, 2, edición digital, en papel, Aranzadi Doctrinal núm. 5, 2014, pp. 29-42, ISSN 1889-4380; Rodrigo Bercovitz Rodríguez-Cano (Coordinador), Catedrático de Derecho Civil Universidad Autónoma de Madrid, “Comentarios al Código Civil”, Editorial Aranzadi, 2013; Eugenio Llamas Pombo (Director), Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Salamanca, “Acciones Civiles”, Tomo II, Derecho de Obligaciones y Responsabilidad Civil, Editorial La Ley, 2013; Luis Díez Picazo y Ponce de León, fue Catedrático de Derecho Civil, por este orden, de la Universidad de Santiago de Compostela, de la de Valencia y de la Universidad Autónoma de Madrid, Consejero de Estado, Académico de número de la Real Academia española de la Jurisprudencia y Legislación, “Fundamentos de Derecho Civil Patrimonial”, Volumen II “Las Relaciones Obligatorias”, Editorial Aranzadi, 2008.

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