Derecho Mercantil, Jurídico 


Las Cartas de Patrocinio

La finalidad perseguida por las garantías no es otra que la de prestar seguridad y confianza en las relaciones jurídicas. La tradicional clasificación jurídica de las garantías distingue entre aquellas de carácter personal, la fianza en su más amplio sentido, y, por otro lado, a aquellas consideradas como garantías reales, prenda e hipoteca. Dentro de las primeras se pueden encuadrar, además, las garantías personales atípicas; esto es, aquellas garantías personales que no se encuentran expresamente reguladas en la norma, careciendo de un marco tipificado y preciso, pero que, de ordinario, se dan en el tráfico jurídico al amparo de la libertad contractual que predica el artículo 1255 del Código Civil.

En este sentido, siendo un concepto dinámico el de garantía, aparecen a menudo nuevas formas de garantía en el tráfico mercantil que, en cierta medida, quiebran algunos aspectos de las características asignadas a las garantías tradicionales. Estas nuevas formas son generadas por la creciente globalización económica que incide en el crecimiento exponencial de las empresas multinacionales y en la búsqueda por éstas de fórmulas no obligacionales de garantía que permitan o faciliten la financiación hacia sus filiales.

Entre estas garantías destacan las denominadas <<cartas de patrocinio>>, figura que surge a mediados del siglo pasado, coincidiendo con el desarrollo de los grupos de sociedades, como forma de garantía atípica en la mayoría de los derechos estatales. Aunque el término <<cartas de patrocinio>> provenga del francés <<cartes de patronage>> (el término patronage en referencia a la sociedad matriz como emisora), la figura jurídica de las cartas de patrocinio (comfort letters) en realidad proviene del derecho anglosajón (el término comfort desde la perspectiva bancaria de asegurar). Su existencia se fundamenta en el interés de la sociedad dominante para que su filial reciba financiación de las entidades financieras sin comprometerse o vincularse a través de alguna de las modalidades típicas de garantía personal (mandato, fianza y aval). Son pues declaraciones orientadas a asegurar por parte de la matriz el buen fin de la operación crediticia hacia alguna de sus filiales o participadas, transmitiendo al acreedor una cierta sensación de seguridad.

Dicho de otro modo, no son sino meras estrategias de gestión empresarial para superar las dificultades inherentes a la búsqueda de mayores recursos para la financiación de las filiales o participadas, y a un menor coste operativo. En consecuencia, la emisión obedece a los fines de eludir los requisitos legales (jurídicos, fiscales, contables, etc.) que son inherentes a la constitución de las garantías clásicas y tipificadas (ya sea en operaciones de comercio internacional como de comercio interno) que conllevan, entre otras obligaciones legales, a la obligatoriedad de anotación de las garantías prestadas con terceros en el pasivo de la sociedad emisora de la garantía (arts. 183 y 200.7º TRLSA y 48.7º Ccom).

Respondiendo las cartas de patrocinio a una figura propia fruto de una decantación y de las necesidades o corrientes actuales del tráfico habrá que delimitar si la garantía ofrecida por la empresa matriz es una garantía válida  -la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo asimila en algunas ocasiones a la típica de la fianza y, en otras, a la figura de construcción doctrinal del mandato de dar crédito a un tercero- o una mera declaración de intenciones con nulo o escaso contenido obligacional. En el primero de los supuestos estaríamos ante lo que la doctrina denomina como <<cartas fuertes>>, implicando, como en el resto de garantías personales, el carácter trilateral de la relación, al intervenir: el garante como emisor (sociedad dominante) de la carta, el deudor (sociedad filial/participada) o beneficiario, y el acreedor (sociedad financiera) que aporta el capital. En el segundo de los supuestos estaríamos ante <<cartas débiles>> que son emitidas generalmente para declarar la confianza en la capacidad de gestión de los administradores de la sociedad (filial o participada) que aspiran al crédito y sin consecuencias jurídicas de relieve obligacional para el emitente.

Por último, advertir a los administradores sociales, por los actos ejecutados en el desempeño de sus funciones contrarios a la Ley -los artículos 183 y 200.7º TRLSA (Texto Refundido Ley de Sociedades Anónimas) y 48.7º Ccom (Código de Comercio) establecen la obligatoriedad de incluir, a continuación del balance o en la memoria de gestión, las <<garantías comprometidas=”” con=”” terceros=””>>-, de las consecuencias inherentes a una sentencia desfavorable a los intereses de la sociedad matriz (por las obligaciones asumidas como garante) que, directa o indirectamente, pueda derivar en el concurso (culpable) de la mercantil emitente de la carta (responsabilidad concursal por deudas sociales).

Vía| Martín Pablo Zulategui Vallejo

Imagen| Fianza, Carta de Patrocinio

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