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Las acciones colectivas en las condiciones generales de la contratación

Del análisis del régimen de acciones que nos ofrece la Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de la contratación, se extrae la conclusión de la existencia de dos grupos de acciones en función del número de sujetos que pueden ejercitarlas: las acciones individuales (acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación de las condiciones generales) y las acciones colectivas de cesación, retractación y declarativa que recoge el art. 12 LCGC.

Las condiciones generales de la contratación

Las condiciones generales de la contratación

Especialmente interesantes son las posibilidades que nos ofrecen estas acciones colectivas, sin embargo los legitimados activos a los que se permite el ejercicio de dichas acciones en virtud del art. 16 LCGC, son una lista tasada de personas jurídicas, organismos públicos y otras entidades quienes en multitud de supuestos no demuestran ningún interés en el ejercicio de las mismas.

En concreto el art. 16 LCGC habilita para ejercitar las acciones del citado artículo 12 a las asociaciones o corporaciones de empresarios, profesionales y agricultores; a las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación; las asociaciones de consumidores y usuarios que reúnan las condiciones de la Ley 24/1984 o normativa autonómica; el Instituto Nacional del Consumo y los órganos correspondientes de las CCAA y Corporaciones locales competentes en materia de defensa de los consumidores; los colegios profesionales legalmente constituidos; el Ministerio Fiscal; y las entidades de otros Estados miembros de la Comunidad Europea constituidas para la protección de intereses colectivos y difusos.

Llegados a este punto, surge la pregunta sobre el porqué restringir la accionabilidad de los instrumentos configurados en el art. 12 de la LCGC a estos sujetos únicamente pudiendo abrir el listado de legitimados activos a individuos particulares que hayan topado con algún supuesto de condición general en el tráfico que sea susceptible de ser anulada y cuya nulidad no frene sus efectos en la esfera del propio particular, tal y como limitan las acciones individuales de nulidad o de declaración de no incorporación.

Lo interesante sería poder disponer de los efectos de la acción de cesación y sobre todo de retractación a partir de la interposición de una acción por un particular. Es decir, que las condiciones generales que hubiesen sido declaradas nulas por sentencia firme, impidiesen al profesional o corporación empresarial utilizarlas de nuevo en sucesivos contratos con otros clientes.

Además goza de gran interés la posibilidad que nos ofrece la acción de retractación, de obligar a retractarse de la recomendación de utilización de estas cláusulas de condiciones generales que se consideren nulas y de abstenerse de seguir recomendándolas en el futuro, consecuencia muy interesante en relación a clausulados o condicionados uniformes recomendados por agrupaciones de empresarios (recordemos que curiosamente eran unos de los legitimados activos para la interposición de acciones colectivas y no parece coherente que lo hiciesen en contra de sus intereses) y en los grupos de sociedades.

Por ello me parece interesante la posibilidad de abrir el elenco de legitimados activos de este art. 16 LCGC a los particulares que tengan un interés directo en el asunto, para que puedan desarrollar los efectos de las acciones señaladas en el art. 12 y se produzca una purga más eficaz de los catálogos de condiciones generales de los contratos y mitigar la asimetría de posición de partes en los contratos de adhesión. Ello podría tener efectos positivos en la seguridad del tráfico y configuraría unas reglas del juego mucho más equitativas en el plano inter privados, por no hablar del incremento notable de la importancia que adquiriría el régimen accionarial de la Ley 7/1998.

Vía| Noticias Jurídicas

Más Información| Monografía Condiciones Generales Contratación, UCM

Imagen| Condiciones Generales Contratación

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