Jurídico 


Las «A.A.I.» en la nueva Ley 40/2015

«En democracia, el cargo más importante es el de ciudadano» (Louis BRANDEIS, 1856-1914)

Dice una leyenda, que la administración pública es trabajo para expertos.

Es necesario así, crear Instituciones públicas, serias y respaldadas en leyes, que sometan a sus servidores a luz y taquígrafos, a fin de desvanecer cualquier sospecha de deshonestidad

Si partimos de la memoria de análisis de impacto normativo a su proyecto, la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (en adelante, LRJSP), justifica su pertinencia en ‘razones jurídicas y económicas’ que también se explicitan en su exposición de motivos: por un lado, aspira a clarificar el ordenamiento jurídico-administrativo español; por otro, se pretenden introducir controles de diversa índole en la creación y actuación de los entes públicos, que redunden en la mayor eficacia de éstos y en una mayor contención y fiscalización del gasto público

La reforma del Sector Público Institucional que, a dicho efecto, practica la LRJSP, está inspirada en los artículos 31.2 de la Constitución Española (CE), que establece que el gasto público debe realizar asignación equitativa de los recursos públicos, y su programación y ejecución responder a criterios de eficiencia y economía; y 135, también de la Carta Magna Española, según el que todas las Administraciones adecuarán su actuación al principio de estabilidad presupuestaria

Con base en estos principios políticos, la LRJSP recupera la regulación jurídica fundamental de los diferentes tipos de entes y organismos públicos dependientes del Estado prevista en la Ley 6/1997 (LOFAGE), en su redacción originaria.

La clasificación realizada por la LRJSP tiene, además, carácter numerus clausus, de forma que no pueden existir otros ‘organismos públicos’ diferentes a los previstos en la misma, suprimiendo, en fin, las especialidades que propiciaban la «huida del derecho administrativo» y su consabida excepción de la aplicación de controles que deben existir en toda actuación pública. El informe CORA (2013) propuso, en efecto, la supresión de las Agencias estatales, al considerar, por una parte, que los objetivos de la Ley 28/2006 no se habían alcanzado y, por otra, que las medidas de control del gasto público habían imposibilitado dotar a las Agencias de la mayor autonomía financiera prevista

La nueva normativa procede, asimismo, a dotar de mayor desarrollo normativo a un régimen jurídico, el de estos Entes que, en no pocas ocasiones desciende a aspectos que, a juicio del Consejo de Estado (Dictamen 274/2015), resultan hasta impropios de una norma con rango de ley y alcance general

A tenor de lo anterior, la clasificación del Sector Público Institucional que hace la LRJSP, y no exenta de polémica doctrinal, recoge entre sus categorías la de las «autoridades administrativas independientes» que, si bien no puede afirmarse sean, en puridad, entes instrumentales del Estado, sí surgen de la necesidad de que las funciones de regulación o supervisión de determinados sectores de actividad se ejerzan con independencia del Poder Ejecutivo y de la Administración que del mismo pende atendiendo, en exclusiva y con la debida neutralidad, a criterios de naturaleza estrictamente técnica

En su definición legal, las citadas son autoridades con personalidad jurídica propia por requerir su desempeño independencia funcional o especial autonomía, lo que deberá determinarse siempre por una norma con rango de Ley.

Actuarán, en desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, como resulta lógico, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial quedando, entonces, tan sólo sujetas a la ley y bajo el control exclusivo del juez competente.

La importancia de que estos entes ejerzan sus funciones de supervisión o regulación con independencia del Gobierno exige que no se puedan ejercer, por lo tanto, controles orientados a supervisar su actuación (que pudieran afectar de forma directa o indirecta a la requerida neutralidad de aquellas)

En atención a esta peculiar idiosincrasia las autoridades administrativas independientes se regirán por su Ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en la LRJSP y el resto de las normas de derecho administrativo general. En defecto de norma administrativa, se aplicaría el derecho común

Existen actualmente cinco entidades públicas que tienen consideración de «autoridad administrativa independiente»: El Banco de España, La Comisión Nacional del Mercado de Valores, La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, El Consejo de Seguridad Nuclear y La Agencia Española de Protección de Datos

Cuando una entidad tenga dicha naturaleza jurídica, deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.»

Y, de ahí, la sigla que titula esta breve columna

Imagen| Pixabay

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