Jurídico 


La venta de la Unidad Productiva de una empresa (II)

Tras haber realizado el mes pasado un breve repaso a las notas características de la venta de la unidad productiva de una empresa, tratamos la posibilidad de que exista sucesión de empresa y las implicaciones laborales que la misma conlleva. Sin embargo existen otros aspectos jurídicos controvertidos a tener en cuenta en este tipo de operaciones.

No es una cuestión menor la existencia de activos afectos a garantías reales y su tratamiento en el marco de la venta de una unidad productiva, pero lo cierto es que la Ley Concursal ofrece una respuesta fragmentaria e insatisfactoria a dicha problemática. Esta inseguridad jurídica no facilita la enajenación unitaria, ya que el adquirente puede exponerse a que la misma sea anulada por no haber seguido el debido procedimiento o que las garantías reales preexistentes puedan serle oponibles a pesar de estar prevista su cancelación en el plan de liquidación. Dichas incertidumbres pueden llegar a reflejarse en el precio ofrecido por los activos de la concursada (al cuantificar el riesgo que implica su adquisición) o incluso en las condiciones para una eventual refinanciación, pudiendo ser menos ventajosas por entender las entidades de crédito que el retorno es poco seguro.

La Ley Concursal no prevé un procedimiento concreto para la venta unitaria cuando existen activos gravados con garantía real, ya se encuentre el concurso en fase común o de convenio. No obstante, de un modo general, dispone en su artículo 155.4 que “la realización en cualquier estado del concurso de los bienes y derechos afectos a créditos con privilegio especial se hará en subasta, salvo que, a solicitud de la administración concursal o del acreedor con privilegio especial dentro del convenio, el juez autorice la venta directa o la cesión en pago o para el pago al acreedor privilegiado o a la persona que él designe, siempre que con ello quede completamente satisfecho el privilegio especial, o, en su caso, quede el resto del crédito reconocido dentro del concurso con la calificación que corresponda.” Por su parte, el artículo 149 establece una serie de reglas supletorias para el caso de que no se apruebe un plan de liquidación. No obstante, dichas normas resultan insuficientes, ya que no ofrecen una solución para la venta tras la aprobación de un plan de liquidación y no terminan de clarificar si la subasta es el único procedimiento aplicable o si tienen también cabida otras formas de realización de los activos. Asimismo, puede ocurrir que no haya ningún comprador dispuesto a pagar el precio mínimo en subasta. Para evitar dicho bloqueo, los tribunales han venido permitiendo que tras la primera subasta se acepten ofertas que no lleguen a la cantidad mínima establecida.

Venta de la Unidad Productiva

Venta de la Unidad Productiva

Uno de los aspectos más importantes derivados de esta operación, sobre el que la Ley Concursal es muy escueta, es la distribución del precio obtenido por la venta de la unidad productiva cuando en la misma existen bienes afectos a garantías reales. El Tribunal Supremo ha establecido que deberá indicarse en el instrumento que rija dicha enajenación (ya sea el convenio, el plan de liquidación o el auto que la ordene) cuál es la distribución de dicho precio, no pudiendo ser el importe asignado a un activo gravado con garantía real inferior al que hubiera podido obtener el acreedor en caso de haberse procedido a su realización individualmente.

Otro conflicto derivado de la deficiente regulación lo encontramos en aquellos casos en los que se ha iniciado la ejecución de dichos activos tras haberse aprobado un convenio no aceptado por el acreedor privilegiado o tras el transcurso de un año desde la declaración de concurso sin que se haya abierto la fase de liquidación. Si posteriormente se iniciase la liquidación y existiera la posibilidad de enajenar la unidad productiva, ¿sería compatible con la ejecución de dichos activos? ¿Debe prevalecer el derecho de ejecución de los acreedores o el interés general del concurso? Teniendo en cuenta diversos pronunciamientos, parece que los tribunales dan prioridad a la ejecución separada de los activos, ex artículo 57.3 de la Ley Concursal, protegiendo los derechos reales.

Por otra parte, debemos tener en cuenta que la Ley Concursal establece que con la liquidación de la masa activa las cargas anteriores a la declaración del concurso desaparecen, sin embargo no realiza previsiones concretas con respecto a los créditos con privilegio especial. Al efecto de llenar este vacío legal, el Tribunal Supremo ha dispuesto que cuando se enajena individualmente un bien efecto a garantía real el precio obtenido debe destinarse a satisfacer el crédito vinculado al mismo, debiendo el eventual remanente mantener la misma calificación en la masa pasiva del concurso. La otra opción es que el adquirente se subrogue en dichos créditos, subsistiendo por tanto la garantía real. Lo contrario, es decir, la cancelación del gravamen por la mera disposición en el Plan de Liquidación, atentaría contra la propia razón de ser de los derechos reales.

Finalmente, es importante referirse a los contratos vigentes en el momento de la venta de la unidad productiva. La regla general es que, para que se produzca la cesión de los mismos al adquirente, el contratante “in bonis” (la otra parte) debe prestar su consentimiento, ex artículo 1.255 del Código Civil. No obstante, con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, la Audiencia Provincial de Barcelona estableció una excepción a esta regla general con respecto a los contratos de leasing vigentes en el momento de la compra-venta de la unidad productiva. Si el Juez del Concurso lo consideraba apropiado, podría autorizar su cesión prescindiendo del consentimiento de la otra parte, realizando una aplicación analógica del artículo 155.3 de la Ley Concursal. La entrada en vigor de dicha norma ha establecido que dicha cesión se producirá automáticamente con respecto a los contratos afectos a la continuidad de la actividad empresarial, sin que sea necesario el consentimiento del contratante “in bonis”. Esta solución no es tan gravosa para la contraparte como pudiera parecer, ya que, en el caso de que también sea acreedora de la concursada, a pesar de verse privada de su derecho a oponerse a dicha cesión, presumiblemente va a ver mejoradas sus posibilidades de cobro ante un adquirente con una economía que se estima saneada.

 

Vía|Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal

En QAH|La venta de la Unidad Productiva de una empresa (I)

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