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La toma de posesión “grosso modo” en el Parlamento Catalán

Tras unas elecciones autonómicas cuya consecuencia ha sido la necesidad de formar un gobierno de coalición entre “Junts Pel Sí” y la “CUP” y la propuesta de un presidente que satisficiera a los segundos, al fin, el doce de enero, Carles Puigdemont toma posesión de su cargo como cabeza de la Generalitat, no sin cierta polémica al obviar en su promesa al Rey y a la Constitución, y limitándose a prometer fidelidad a la voluntad del pueblo de Cataluña representado por el Parlament”.

Las voces críticas contra el que fuera alcalde de Girona no tardaron en alzarse. El mismo Gobierno de la nación aseguró que estudiaría la posibilidad de impugnar el juramento o promesa dado que no sigue la fórmula que es preceptiva y necesaria. Con todo ello, me gustaría enfocar el asunto desde varios puntos de vista.

Desde una perspectiva formal, hay que decir que dicha fórmula viene regulada por el Real Decreto 707/1979 de 5 de abril. También algunos órganos como el Congreso, el Senado o el Tribunal Constitucional establecen ese mecanismo en sus propios reglamentos de organización y funcionamiento. Pero, continuando con el Real Decreto, el artículo primero establece que en el acto de toma de posesión de cargos o funciones públicas en la Administración, quien haya de dar posesión formulará al designado la siguiente pregunta: «(Juráis o prometéis por vuestra conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo… con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado?». A lo que la respuesta será una simple afirmativa.

Carles Puigdemont en la toma de posesión.

Por otro lado, y desde un punto de vista material en lo referente al contenido y alcance, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General determina en su artículo 108.8 que “En el momento de tomar posesión y para adquirir la plena condición de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento de la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos establecidos en las leyes o reglamentos respectivos”. El precepto deja clara la necesidad de acatar la norma suprema como condición indispensable para adquirir la condición de cargo público, dejando vía libre al desarrollo legal o reglamentario. Y en este sentido hay que dejar claro que el artículo 23.1 a) del Texto Refundido del Reglamento del Parlamento de Cataluña establece como requisito al acceso a la condición de parlamentario el juramento o promesa a la Constitución, por lo que el juramento del president estaría vacío de contenido.

Por tanto, tenemos que decir que tan importante es ceñirse a la ley en cuanto a la fórmula establecida para acceder a la condición de cargo público como para hacerlo de forma “plena”, es decir, para que los actos del funcionario o cargo tengan validez y sean vinculantes.

En esta línea de adquisición plena de la condición de parlamentario, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias donde se resolvían recursos de amparo interpuestos por diputados y senadores de Herri Batasuna. Estos habían jurado su cargo “por imperativo legal”, considerando que era la propia Constitución la que obligaba a su acatamiento, extremo que el tribunal negó, aclarando también que no era contrario a ella.

En dichas sentencias se determina que, si bien la obligatoriedad no está de manera expresa en la Constitución ni es una condición impuesta por ella misma, resulta de la tradición en algunos sistemas jurídicos en los que se utilizaban fórmulas verbales y rituales, con el único propósito de crear un vínculo irrompible con el ordenamiento jurídico y sus normas. En este sentido, el juramento o promesa de acatar la Constitución sería una mera formalidad, aunque no deja de ser un requisito inherente y, por otro lado, totalmente lógico al ejercicio de cualquier cargo que tiene, primero, que someterse a ella y al resto de normas y, segundo, hacerla cumplir.

 

Vía| Real Decreto 707/1979, de 5 de abril , Ley Orgánica del Régimen Electoral GeneralTexto Refundido del Reglamento del Parlamento de Cataluña  , STC 119/1990 de 21 de junio, STC 74/1991 de 8 de abril.

Imagen| Carles Puigdemont

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