Jurídico 


La suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad

Pena de Prision

Las últimas condenas de que han sido objeto algunos famosos, y el reciente ingreso de prisión de un personaje público, que fue ministro y presidente de una Comunidad Autónoma, al no concederle la Audiencia Provincial de Palma la suspensión de la ejecución de la pena de prisión de nueve meses que le fue impuesta, hace que esta cuestión de la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad adquiera cierta actualidad.

El Código Penal contempla varios supuestos de suspensión, que podemos clasificar de la siguiente manera:

a) La ordinaria del art. 81 CP.

b) La especial para el caso de delincuentes adictos a las drogas. Art. 87 CP.

c) Para el caso de penados con enfermedad muy grave y padecimientos incurables. Art. 80.4 CP.

d) En caso de trastorno mental grave y duradero sobrevenido, tras la sentencia firme de condena. Art. 60.1 CP.

e) Cuando concurran penas y medidas de seguridad privativas de libertad. Art. 99 CP.

f) Cuando haya mediado petición de indulto. Art. 4.4 CP.

Nos centraremos en la denominada suspensión ordinaria regulada en los artículos 80 a 86 del Código Penal.

Se configura como una facultad discrecional del Juez o Tribunal sentenciador, sobre que la que debe pronunciarse a la mayor brevedad una vez que sea firme la sentencia condenatoria.   La discrecionalidad no puede confundirse con arbitrariedad, por lo que la resolución en que se conceda o deniegue la suspensión debe estar motivada. Para ello el Juez o Tribunal debe atender fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, y a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

Deben concurrir necesariamente los siguientes requisitos:

1.- Que el condenado haya delinquido por primera vez. A este efecto no se tienen en cuenta las condenas anteriores por delitos imprudentes, ni los antecedentes penales cancelados o que debieran haberlo sido.

2.- Que la pena o la suma de las impuestas no supere los dos años de privación de libertad, sin incluir en este cómputo la derivada del impago de multa.

3.- Que estén satisfechas las responsabilidades civiles derivadas del delito, salvo que el Juez o Tribunal, después de oír a los interesados y al Ministerio Fiscal, declare la imposibilidad total o parcial de que el condenado haga frente a las mismas. Aunque el penado sea declarado insolvente, resulta exigible en éste una voluntad reparadora de los daños y perjuicios causados en la medida de sus posibilidades, traducida en un comportamiento colaborador para demostrar la realidad de su capacidad económica, y para dar satisfacción a la víctima. Lo que resulta incompatible con cualquier tipo de comportamiento meramente pasivo y, por descontado, obstructivo o de ocultación de bienes.

El plazo de suspensión de la ejecución de la pena es de 2 a 5 años para penas inferiores a 2 años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves.

La suspensión está condicionada a la observancia por parte del penado de una serie de deberes o reglas de conducta:

– Una de carácter imperativo, cual es la de no delinquir durante el plazo de suspensión.

– Otras de carácter potestativo, impuestas por el Juez o Tribunal sentenciador, como son:

1.- Prohibición de acudir a determinados lugares.

2.- Prohibición de aproximarse o comunicar con la víctima o sus familiares.

3.- Prohibición de ausentarse del lugar de residencia.

4.- Comparecencias para informar de actividades.

5.- Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales y otros similares.

6.- Cumplir los demás deberes que el Juez o Tribunal estime convenientes para la rehabilitación social del penado.

La imposición de las reglas de conducta señalas en los números 1, 2 y 5, resulta imperativa cuando la pena de prisión suspendida se haya impuesto como consecuencia de la comisión de un delito relacionado con la violencia de género.

La observancia, o inobservancia en su caso, durante el plazo de suspensión de los citados deberes o reglas de conducta produce los siguientes efectos:

A) La remisión de la pena.- Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber delinquido, y cumplidas en su caso las reglas de conducta fijadas, el Órgano sentenciador acordará la remisión de la pena, lo que conlleva la consiguiente extinción de la responsabilidad penal del condenado.

B) Revocación de la suspensión.- Si el penado delinque durante el plazo de suspensión, o incumple las reglas de conducta imperativas en los supuestos de violencia de género, el Juez o Tribunal revocará la suspensión. Si las reglas incumplidas son las impuestas con carácter potestativo, el Órgano sentenciador puede sustituir la regla de conducta por otra, prorrogar el plazo de suspensión por tiempo no superior a 5 años, o revocar la suspensión si el incumplimiento fuese reiterado.

En todo caso, revocada por cualquier motivo la suspensión, el Juez o Tribunal ordenarán la ejecución de la pena suspendida; lo que implicará el ingreso del penado en el establecimiento penitenciario correspondiente.

Imagen | Suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad
En QAH | La prisión permanente revisable (I)

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