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La Sociedad Civil y las Políticas de Integridad en el sector público

cover_sfp-ocde11enero_2blog A pocos días de iniciar el año, el Secretario General de la OCDE, Ángel Gurría, presentó en México el que es uno de las más recientes ediciones de Estudios de Integridad que la organización realiza a nivel de país. Revisión que fue realizada en coincidencia con los postulados de la recientemente adoptada ‘Recomendación del Consejo sobre Integridad Pública’, instrumento marco sobre el que la organización se basa para desempeñar su rol de foro de discusión y de diseminación de buenas prácticas en materia de Integridad en el Sector Público. Esta nueva recomendación se basa sobre tres pilares: (1) desarrollar un sistema de integridad pública coherente y comprehensivo, (2) promover una cultura de integridad, y (3) asegurar la rendición de cuentas y un control efectivo de la integridad pública.

Ahora bien, podríamos preguntarnos: ¿Hasta qué punto existen coincidencias entre el actual marco institucional y políticas de integridad de México y el nuevo marco que propone la OCDE? Éste es el objeto mismo de la publicación referida, pero en este artículo me ceñiré a uno de los aspectos más novedosos han sido incluidos en la nueva recomendación, que es la posibilidad de una mayor participación de actores relevantes, incluyendo sociedad civil, en el sistema de integridad en el sector público; y en particular en su desarrollo, actualización e implementación. La razón de esta buena práctica es la intención de dotar de mayor legitimidad y eficacia a los sistemas de integridad, al realizarse desde un enfoque que involucra a todos los actores relevantes de la sociedad en su conjunto.

En el caso de México, puede decirse que en este país se está promoviendo el adoptar esta buena práctica, ya que se está estableciendo un nuevo organismo con diversos mandatos relacionados con el desarrollo y vigilancia en el marco de políticas de integridad, con el valor añadido de que su creación y entrada en vigor se debe a una iniciativa de la sociedad civil: el Sistema Nacional Anticorrupción, el cual entrará en funcionamiento a lo largo de este año. Uno de los mandatos de este sistema es el de reforzar la supervisión de las políticas de integridad mediante una mayor participación de la sociedad civil, con la particularidad de que incluirá un Comité de Participación Ciudadana en su estructura, con su propia agenda de trabajo y con el objetivo de canalizar las aportaciones de la sociedad civil al SNA, sumado a que el presidente de dicho Comité preside además los órganos de gobierno del Sistema, en los que se encuentran representados las principales instituciones públicas de relevancia en políticas de integridad.

El desarrollo y adopción de una Recomendación del Consejo de la OCDE requiere altas cotas de consenso, por lo se espera que todos los países pertenecientes a la organización, salvo los que eventualmente se abstengan en su adopción, implementen su contenido. En este contexto valdría la pena preguntarse, ¿hasta qué punto se encuentran preparados otros países para implementar recomendaciones como la de involucrar a la sociedad civil en el desarrollo, actualización e implementación del sistema de Integridad pública? Uno de los objetivos de la recomendación es abordar la fragmentación de políticas en este ámbito, y podemos decir que en el caso de España, existe mucho trabajo por hacer en este sentido, pues por el momento no existen mecanismos que aborden la participación de la sociedad civil hasta el nivel de toma de decisiones y diseño de políticas de integridad; ni siquiera en el caso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, cuya composición la determinan los artículos 35 al 37 de la ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. No obstante, aunque las organizaciones del sector público están facultadas para llegar a acuerdos en materia de transparencia con OSC, esto se realiza de manera fragmentada y con un alcance muy escaso; como lo ponen de manifiesto los acuerdos entre Transparencia Internacional España y las CCAA de la Región de Murcia e Islas Baleares, en las que se establecen una serie de obligaciones en materia de transparencia por parte de estas dos últimas, pero que se refieren básicamente a obligaciones que ya se encuentran en la ley, como la de informar sobre las retribuciones de los altos cargos.

Reconocer la importancia de las OSC en la promoción de políticas de integridad, y habilitar canales para que éstas puedan participar en los mecanismos generalizados de desarrollo, actualización e implementación de estas políticas es una buena práctica defendida por la OCDE, para que tanto los gobiernos de España como de otros países puedan avanzar hacia un escenario de recuperación de la confianza de la ciudadanía, que tan necesaria es para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.

 

Vía|OCDE, Estudio de la OCDE sobre Integridad en México
Más información|OECD Recommendation of the Council on Public Integrity
Imagen|GOB.MX

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