Jurídico 


La responsabilidad penal de las personas jurídicas. Corporate Compliance (III)

La Ley 37/2011, de 11 de octubre, de medidas de agilización procesal, ha sido una reforma de necesaria urgencia, la cual permite que  el régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas adquiera consistencia en nuestro ordenamiento jurídico. Vamos, a continuación,  simplemente a nombrar algunas de las novedades que establece esta Ley 37/2011, la cual  en mi opinión, es tardía cuanto menos con  respecto a la precedente reforma que impulsó e introdujo la posibilidad de que las personas jurídicas puedan ser parte pasiva de  la imposición de penas, con la única salvedad y especialidad de que nunca podrán ser penas privativas de libertad, sino sanciones pecuniarias.

En primer lugar,  como  principal novedad,  cabe destacar  la aparición de la figura  del representante especialmente designado por la persona jurídica, este representante aparece en una serie de procedimientos tales como:  art.119 LECrim, la citación de la persona jurídica en su domicilio social y la posterior designación de ese representante con poder especial por parte de la imputada, así como Abogado y Procurador; también,  en otros procedimientos del proceso,  aparecen las figuras del representante especialmente designado por la persona jurídica y el Abogado defensor, establezco este último porque en caso de incomparecencia por parte de la persona especialmente designada,  el procedimiento no se suspenderá, se podrá llevar a cabo con el Abogado defensor. Por ejemplo en  la  comparecencia, información de los hechos que son causa de la imputación por parte del juez, prueba anticipada, diligencias de investigación, toma de declaración.

Con especial referencia a la toma de declaración, se introduce el artículo 409 bis en el cual se estipula que a la persona especialmente designada  por la persona jurídica ( representante) le son atribuidos derechos tales como: derecho a no declarar contra sí misma, a no confesarse culpable  y a guardar  silencio, con un nuevo matiz cuanto menos  baladí, como es el efecto que la incomparecencia de dicho representante provoca en la toma de declaración(cuyo objeto es la averiguación de los hechos), que se tenga por celebrado este acto, entendiéndose que se acoge a su derecho a no declarar.

Así mismo, también podemos destacar  el artículo 544.ter. LECrim: “Cuando se haya procedido a la imputación de una persona jurídica, las medidas cautelares que podrán imponérsele son las expresamente previstas en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.”

Con relación a la requisitoria, esta medida será utilizada simplemente cuando no se haya podido establecer una citación para el acto de primera comparecencia por falta o ausencia de domicilio social conocido, esta requisitoria se publicará en el B.O.E y en el B.O.R.M. ( Boletín Oficial del Registro Mercantil ),  y en caso de que transcurra el plazo legalmente establecido será declarada la persona jurídica en rebeldía, asimismo  tener en consideración que se podrá publicar la requisitoria en cualquier Boletín, periódico o diario oficial relacionado con su objeto social o actividad.

Vía| B.O.E, Ley 37 /2011, de 11 de octubre.

En QAH| Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Corporate compliance (I)Responsabilidad penal de las personas jurídicas: Corporate compliance (II).

Imagen| balanza

 

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