Jurídico 


La responsabilidad del administrador en las empresas de servicios

Una práctica que si no habitual, ha resultado bastante frecuente – con el objetivo del impago de las cuotas tributarias sin que de ello se deriven importantes  consecuencias reales-  es la seguida por ciertas empresas, generalmente de servicios.

Se trataría de empresas totalmente activas que presentan las siguientes características:

  • su actividad es la prestación de servicios varios y generalmente, sin facturación periódica: instalaciones eléctricas, reparaciones menores de albañilería y construcción…
  • carecen de patrimonio inmobiliario, lo que permitiría el embargo de bienes.
  • Sus únicos activos embargables son por regla general los créditos de sus clientes por los servicios prestados. El pago de estos servicios se suele realizar a corto plazo o bien mediante pagarés.

Pues bien, algunas de estas empresas procedían a presentar puntualmente las correspondientes autoliquidaciones trimestrales del Impuesto sobre el Valor Añadido así como las correspondientes a las Retenciones del Impuesto sobre la renta de las personas físicas de sus trabajadores, pero sin realizar ingreso alguno.

Tal conducta generaba una serie de consecuencias prácticas a su favor:

 1.-   Con la correcta presentación en plazo de las autoliquidaciones de esos impuestos – aunque sin ingreso- , evitaban en principio la imposición de sanciones tributarias.   Es decir, ellos reconocían su deuda con Hacienda por el correcto importe pero no realizaban pago alguno.

2.-    El cobro de las cantidades pendientes cuando ya pasaban a la fase de embargo era bastante complicado en la medida que una vez que eran conocidos por la Agencia Tributaria los posibles clientes de la sociedad, el embargo del crédito era infructuoso ya que el servicio probablemente había sido ya abonado, y dicho cliente no tenía que realizar a favor de la sociedad deudora pago alguno.

3.-    Además aunque la sociedad resultara “fallida” – es decir, respecto de ella se ignoraba la existencia de otros bienes embargables  –   la derivación a los administradores de la sociedad no era posible ya que no concurrían los elementos que configuraban el presupuesto de hecho: la sociedad seguía activa (luego,no era posible derivar al administrador por el art. 43.1.b) de la Ley General Tributaria, que contempla la responsabilidad de aquel cuando la sociedad cesa en su actividad sin liquidación);   no existían sanciones tributarias pendientes (por lo que los supuestos de responsabilidad de los artículo 42.1.a) y art. 43.1.a) eran inaplicables).

De esta forma, la sociedad incrementaba su deuda y a pesar de ello, de las actuaciones ejecutivas no se obtenían resultados positivos.

El único inconveniente para estas  sociedades lo encontrábamos en la imposibilidad de obtener certificados positivos de su situación tributaria, que en determinados casos le resultaban imprescindibles para obtener el cobro de su facturación.   Pero al margen de ello, la sociedad podía seguir funcionando sin que sobre ella o sobre sus responsables fuera posible acordar actuaciones que frenaran tal práctica.

Para evitar estas situaciones,  se reformó el artículo 43 de la Ley Gral. Tributaria introduciendo un nuevo supuestos de responsabilidad de los administradores de una sociedad.  Así la ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, en vigor desde 30 de octubre de 2.012,  introduce un nuevo supuesto:  el art. 43.2 para permitir la derivación de la responsabilidad a los administradores – de hecho o de derecho – de las sociedades en las que concurrieran las siguientes circunstancias:

  • La responsabilidad del art. 43.2 de la LGT alcanza sólo a tributos que deban ser repercutidos y cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios que, habiendo sido reconocidas, no han sido satisfechas por el obligado tributario, con independencia de que tales cantidades hayan sido materialmente retenidas. Es decir, se incluirían el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a las retenciones de los trabajadores de la empresa o arrendamientos concertados.
  • La sociedad deudora principal debe encontrarse en una situación de continuidad en su actividad La jurisprudencia viene entendiendo que hay continuidad en la actividad cuando no se ha producido una paralización definitiva de la actividad societaria, sin perjuicio de que existan paralizaciones puntuales fruto de la escasez de las ofertas en el mercado o de situaciones similares.
  • La sociedad debe de presentar de manera reiterada las autoliquidaciones por esos Impuestos sin ingreso.   La normativa tributaria establece una presunción “iuris tantum” en el sentido de considerar que existe realmente reiteración. La reiteración en el incumplimiento tiene lugar cuando en un año natural, de las autoliquidaciones por los conceptos de IVA y retenciones de los trabajadores, profesionales u otros empresarios que debe de presentar e ingresar un obligado tributario, en la mitad o más de ellas concurren la condición que la ley define como “presentación sin ingreso del importe reconocido”.
  • Por último y como elemento subjetivo, se requiere que la presentación de autoliquidaciones no obedezca a una voluntad o intención real de cumplir la obligación tributaria material objeto de autoliquidación.  Y ello se presume cuando  la empresa mantiene el pago al resto de los proveedores , la empresa en funcionamiento y el único pago que no realiza es el pago de las obligaciones tributarias.
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