Derecho Mercantil, Jurídico 


La responsabilidad concursal. La calificación del concurso como culpable (I): Introducción y regulación normativa.

Los ordenamientos jurídicos salvaguardan el equilibrio entre la conservación de empresas en crisis y la tutela de los acreedores.

Los ordenamientos jurídicos salvaguardan el equilibrio entre la conservación de empresas en crisis y la tutela de los acreedores.

El título VI de la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal regula en sus dos capítulos correspondientes la calificación del concurso y la formación de la sección sexta del mismo.

La regulación sobre calificación y responsabilidad concursal de los administradores trata de ofrecer respuesta a un problema jurídico general que consiste en la fijación de los límites entre el ejercicio de la libertad de empresa –garantizado en el art. 38 CE- y la protección de los acreedores, sobre todo cuando la actividad se realiza mediante organizaciones jurídicas con autonomía patrimonial perfecta.

En la mayor parte de los sistemas jurídicos occidentales se ha detectado la insuficiencia de las técnicas del Derecho Privado (en particular, las normas sobre responsabilidad por daños) para valorar y atribuir las consecuencias patrimoniales derivadas del incumplimiento de los deberes de los administradores de empresas en insolvencia; por esa razón, se han elaborado reglas o soluciones jurisprudenciales específicamente diseñadas para resolver los dificilísimos problemas de imputación que se plantean en este ámbito y que establecen consecuencias jurídicas más adecuadas.

En nuestro ordenamiento jurídico existen dos calificaciones posibles para el concurso: (1) fortuito – cuando el concurso no es imputable al deudor – y (2) culpable – cuando el deudor haya generado o agravado el estado de insolvencia con dolo o culpa grave, y esta valoración no vincula al juez del orden penal para analizar la posible existencia de delito si se cumplieran los elementos del tipo- (arts. 163 y 164 LC).

El art. 164 LC en su apartado 2º se establecen una serie de presunciones de dolo o culpa grave que no admiten prueba en contrario (iuris et de iure) que son las siguientes:

1.º Cuando el deudor legalmente obligado a la llevanza de contabilidad incumpliera sustancialmente esta obligación, llevara doble contabilidad o hubiera cometido irregularidad relevante para la comprensión de su situación patrimonial o financiera en la que llevara.

2.º Cuando el deudor hubiera cometido inexactitud grave en cualquiera de los documentos acompañados a la solicitud de declaración de concurso o presentados durante la tramitación del procedimiento, o hubiera acompañado o presentado documentos falsos.

3.º Cuando la apertura de la liquidación haya sido acordada de oficio por incumplimiento del convenio debido a causa imputable al concursado.

4.º Cuando el deudor se hubiera alzado con la totalidad o parte de sus bienes en perjuicio de sus acreedores o hubiera realizado cualquier acto que retrase, dificulte o impida la eficacia de un embargo en cualquier clase de ejecución iniciada o de previsible iniciación.

5.º Cuando durante los dos años anteriores a la fecha de la declaración de concurso hubieran salido fraudulentamente del patrimonio del deudor bienes o derechos.

6.º Cuando antes de la fecha de la declaración de concurso el deudor hubiese realizado cualquier acto jurídico dirigido a simular una situación patrimonial ficticia.

Por otro lado, el art. 165 LC establece una serie de presunciones de dolo o culpa grave del deudor que sí admiten prueba en contrario (iuris tantum) y en donde la carga de la prueba reside en el propio deudor –administradores, liquidadores o representantes legales-. Estas situaciones son las siguientes:

1.º Hubieran incumplido el deber de solicitar la declaración del concurso.

2.º Hubieran incumplido el deber de colaboración con el juez del concurso y la administración concursal, no les hubieran facilitado la información necesaria o conveniente para el interés del concurso o no hubiesen asistido, por sí o por medio de apoderado, a la junta de acreedores.

3.º Si el deudor obligado legalmente a la llevanza de contabilidad, no hubiera formulado las cuentas anuales, no las hubiera sometido a auditoría, debiendo hacerlo, o, una vez aprobadas, no las hubiera depositado en el Registro Mercantil en alguno de los tres últimos ejercicios anteriores a la declaración de concurso.

Apuntando que la tramitación de la sección de calificación del concurso se desarrolla mediando un procedimiento concreto, con unos presupuestos de apertura, con intervención del concursado (oposición), la Administración Concursal (informe) y el Ministerio Fiscal (dictamen), finaliza con una sentencia de calificación (art. 172 LC) y una posible responsabilidad concursal de todos o a algunos de los administradores, liquidadores, de derecho o de hecho, o apoderados generales de la persona jurídica concursada (art. 172 bis LC).

La sentencia de calificación –art. 172 LC- si declara el concurso culpable contiene una serie de pronunciamientos relativos a:

  1. La determinación de las personas afectadas por la calificación y los cómplices.
  2. La inhabilitación de las personas afectadas por la calificación para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar a cualquier persona durante el mismo período, atendiendo, en todo caso, a la gravedad de los hechos y a la entidad del perjuicio, así como la declaración culpable en otros concursos.
  3. La pérdida de cualquier derecho que las personas afectadas por la calificación o declaradas cómplices tuvieran como acreedores concursales o de la masa y la condena a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa, así como a indemnizar los daños y perjuicios causados.

Los siguientes post de esta serie los dedicaremos a analizar la responsabilidad concursal de los administradores sociales de la persona jurídica, su naturaleza, efectos, fundamentos y casuística concreta.

Vía| Noticias Jurídicas

Imagen|Responsabilidad concursal I

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