Derecho Penal, Jurídico 


La reforma procesal penal: ¿actualización normativa o camino a la impunidad?

El pasado 5 de diciembre, el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim). Las finalidades principales que justifican esta reforma son relativas a agilizar la justicia penal y fortalecer las garantías procesales, además de la creación de un marco legal acerca de las medidas de investigación tecnológica.

Se trata de  la suma de ciertas cuestiones que se planteaban ya en el borrador del Código Procesal Penal que realizó una comisión de expertos para el Gobierno, que proponía un cambio radical en el sistema de justicia penal. No obstante, el actual Ministro de Justicia Rafael Catalá ha considerado que hay cuestiones que necesitan ser tratadas con urgencia, incluyéndolas en el texto recién aprobado.papeleo

Como comentábamos, las tres principales finalidades a las que responde este anteproyecto son: afianzar las garantías procesales, regular las medidas de investigación e intervención de las comunicaciones y promover la agilización procesal.

En lo que respecta a las garantías procesales, a pesar de que la LOPJ establece previsiones para la generalización de la segunda instancia judicial en el proceso penal, el anteproyecto fija que los TSJ revisen en apelación las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales, siendo la Audiencia Nacional quien se ocupe de las dictadas por los primeros.

Además, se  propone una completa regulación del derecho de defensa, aprovechando la transposición a nuestro ordenamiento de la Directiva 2013/48/UE, que además de las personas físicas, afecta también a las entidades contra las que puede dirigirse el proceso. Del mismo modo se regula un proceso de decomiso autónomo que permitirá la privación de la titularidad de los bienes procedentes del delito, a pesar de que el autor no pueda ser juzgado, siendo este aplicable en supuestos de comisión reiterada de delitos en los cuales se presuma que han transmitido bienes ilícitos a terceras personas.

Por otro lado, como comentábamos, se pone énfasis a la regulación de las medidas de investigación e intervención de las comunicaciones, donde encontrábamos un desfase importante. La LECrim data de 1882, y lejos de haber reflejado los cambios en las comunicaciones a través del tiempo, estos cambios se han ido supliendo con jurisprudencia. En este sentido, el artículo 579 de la LECrim se sustituirá por una nueva redacción del título VIII del Libro II de dicha norma, en el que se incluyen las nuevas tecnologías.

La regla general será que para acordar una medida de intervención o registro de las comunicaciones de cualquier clase que se realice a través del teléfono o de cualquier otro medio de comunicación telemática, se requerirá de autorización judicial. Esta autorización deberá ser concedida siguiendo los principios de especialidad, excepcionalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la medida, y siempre que el delito esté dentro de los previstos por la norma, como aquellos que sean castigados con una pena de al menos 3 años de prisión o los de terrorismo, entre otros.

1413396899854catala-congreso-galc4Por último, lo que a nuestro juicio es el grueso del texto, por sus implicaciones y su repercusión, encontramos las medidas tendentes a la agilización del proceso de justicia penal.

Se trata de normas de diversa índole, como la modificación de las reglas de la conexidad para evitar la acumulación de procesos (cada delito implicará una causa separada, para prevenir lo que se conoce como “macroprocesos”, salvo contadas excepciones), o la consideración de los atestados policiales sin autor conocido como asuntos de carácter administrativo hasta la detención de un responsable, lo cual descargaría de trabajo a los jueces y fiscales para la investigación de causas más complejas.

No obstante, la medida más citada, y también la más debatida es la que limita los plazos de la fase de instrucción del proceso penal. Así, los asuntos sencillos, tendrán un plazo máximo ordinario de 6 meses desde la fecha del auto de incoación del sumario y de las diligencias previas. En caso de investigaciones complejas el plazo llega a los 18 meses, prorrogables cuando haya causas que lo justifiquen a juicio del órgano instructor y/o informe favorable de la fiscalía.

Me gustaría pararme aquí y hacer una pequeña reflexión. Parece obvio que la agilización de las instrucciones judiciales, una institución con tendencia a la eternidad, es algo positivo. No obstante, ¿bastará con esta limitación formal? ¿no sería más efectivo dotar a estas instituciones de medios materiales para aumentar la celeridad en el trámite? Aumentos de plantilla, aumento de fondos, planes de informatización… ¿Qué ocurrirá cuando las instrucciones no puedan concluirse debido precisamente a este tipo de problemas? ¿Serán sobreseídas o archivadas? ¿Ofrece esto seguridad jurídica al ciudadano o asegura la inimputabilidad en grandes tramas de delincuencia?

 

Vía | El notario, El diario, ICN Diario,

Más información | La reforma del proceso penal, otra vez

En QAH | La negociación en el proceso penal, Las conformidades en el derecho penal (I), Las conformidades en el derecho penal (II)

Imágenes| Papeleo, Rafael Catalá

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