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La reforma del TC, ¿algo nuevo bajo el sol?

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Que las resoluciones del Tribunal Constitucional siempre son vinculantes y de obligado cumplimiento para todos los ciudadanos y poderes públicos, sin distinción, no es nada nuevo. Que sin embargo, desde hace un tiempo atrás hasta ahora, veamos cómo algunos políticos, con suma facilidad y desparpajo, hacen caso omiso de las mismas, tampoco lo es. Por desgracia así ha sido y sigue siendo. Parece que al fin se ha tomado la determinación de hacer algo al respecto, veamos en qué consiste la iniciativa que hace unos días proponía el Gobierno de Mariano Rajoy.

La nueva redacción de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, establece en su artículo 83, el carácter supletorio de la aplicación de los preceptos de la LOPJ y la LEC en algunas cuestiones procedimentales, además de otorgar la supletoriedad de la LJCA en materia de ejecución. El TC podrá solicitar funciones de auxilio jurisdiccional a los tribunales ordinarios, tal y como establece el nuevo artículo 87, con carácter urgente y preferencial siempre que estime oportuno. Pero no sólo serán los tribunales quienes podrán ser requeridos para asegurar la efectividad de los pronunciamientos del máximo intérprete de la Constitución; cualquier administración o poder público también podrá serlo (artículo 92). Dicho esto, sus sentencias y resoluciones pasan a tener consideración de títulos ejecutivos propiamente dichos. Es decir, que el TC podrá establecer directamente en sus resoluciones, o en actos posteriores, las medidas de ejecución de las mismas, así como resolver cualquier incidencia que éstas pudieran ocasionar.

Sin duda alguna, la parte más destacable de la reforma consiste precisamente en los instrumentos de los que se dota al TC para que éste pueda aplicar en caso de incumplimiento, ya sea total o parcial. Las multas coercitivas aumentan considerablemente y podrán ir desde los 3.000 hasta los 30.000 euros para las autoridades, funcionarios o particulares que incumplan. No sólo eso, el propio Tribunal podrá acordar la suspensión de funciones durante el tiempo que considere oportuno, de quienes, además, ostenten un cargo público, al menos hasta que se dé plena efectividad al cumplimiento de sus resoluciones. Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades penales en las que éstos pudieran incurrir.

 Otra de las novedades, y quizá una de las más criticadas, es la posibilidad de requerir la colaboración del propio Gobierno para que éste adopte las medidas de apoyo que sean necesarias para el fin último del respeto a la Carta Magna. Incluso, en los casos en que se diriman, en palabras de la proposición de ley, circunstancias de especial trascendencia constitucional, el Tribunal podrá de oficio o a instancia del Ejecutivo adoptar dichas medidas sin tener siquiera que oír a las partes perjudicadas. En estos casos, en la propia resolución se dará audiencia a las mismas junto con el Ministerio Fiscal; y el Tribunal deberá dictar resolución en el plazo de 3 días donde proceda a confirmar, levantar o modificar las medidas que hubiera adoptado.

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Llegados a este punto, lo que todos deberíamos hacer ahora no es sino un ejercicio de valoración práctica. Si como hemos visto, el objetivo principal de la reforma no es ya el de enjuiciar los desacatos a la Constitución –cosa que ya se hace-, sino sobre todo asegurar el cese en la persistencia continua de las conductas abiertamente inconstitucionales, ¿creen ustedes que esta proposición servirá de algo? ¿Acaso la aplicación práctica de la misma no va a quedar supeditada al voluntarismo político como de costumbre? Mejor no contestar ni adelantar acontecimientos. Lo que está claro es, que de ser así, será lluvia sobre mojado y ojalá me equivoque, una vez más, la ley cambia pero nada nuevo bajo el sol.

Vía: Noticias Jurídicas, Propuesta de Ley  

Imágenes: Albiol, EFE.com, Artur Mas.

Más info:  Noticia, El Mundo. La opinión de A Coruña.

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