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Qué Aprendemos Hoy

La reforma del Consejo General del Poder Judicial con incumplimiento de promesa electoral

El Consejo General del Poder Judicial es  un órgano constitucional a través del cual se manifiesta la independencia del Poder Judicial frente a otros poderes del Estado. No es un órgano jurisdiccional sino puramente administrativo, es el órgano que controla el Poder Judicial.

Su composición viene fijada en el artículo 122.3 de la Constitución, que dispone que “el Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un periodo de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la Ley Orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros entre Abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.

La composición es invariable en los términos establecidos en la Constitución cuya voluntad era preservar en todo caso la separación de poderes que caracteriza a cualquier Estado de Derecho. La problemática ha venido cuando los partidos políticos han hecho un uso perverso de la interpretación para colocar a personas afines a los mismos en el Consejo.

Desde la promulgación de la Constitución en el año 1978 el sistema de elección de los miembros del Consejo ha sido regulado de tres formas distintas.

Primeramente, la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 estableció que los doce miembros elegibles entre Jueces y Magistrados serían elegidos por los propios Jueces y Magistrados formando un cuerpo electoral único.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 derogó la norma anterior y estableció que todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial serían elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado incluyendo los doce que deben elegirse entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales. La sentencia del Tribunal Constitucional 108/1986 declaró la constitucionalidad del sistema si bien señalando que el propio legislador estaba politizando la institución. Curiosamente esta sentencia derivaba de un recurso de inconstitucionalidad presentado por D. José María Ruiz Gallardón, padre del actual Ministro de Justicia, que entendía que el legislativo no podía inmiscuirse en el judicial.

Posteriormente la Ley Orgánica 2/2001 que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial estableció un nuevo mecanismo de elección con arreglo al cual los doce miembros elegibles entre Jueces y Magistrados son elegidos por el Congreso de los Diputados y el Senado entre los candidatos propuestos por las asociaciones profesionales de Jueces y Magistrados o entre candidatos no asociados con el aval de otros Jueces y Magistrados.

La última de las reformas es la operada por la Ley Orgánica 4/2013, de 28 de junio, de reforma del Consejo General del Poder Judicial en la que, incumpliendo su promesa electoral el actual Ministro de Justicia politizaba aún más la integración subjetiva de este órgano.

La importancia de este incumplimiento electoral y de la reforma en sí radica en que el Consejo es el responsable de imponer las sanciones disciplinarias a los jueces y magistrados de carrera e igualmente le corresponde a éste efectuar nombramientos de miembros del Tribunal Constitucional.

Politizando la justicia se está haciendo un flaco favor tanto al Estado de Derecho como a la credibilidad de las instituciones del Estado.

Vía| Libertad Digital, El País

Imagen| Ministro de Justicia, CGPJ

En QAH| Consejo General del Poder JudicialConsideraciones acerca de la forma de elección del CGPJ

Escrito por el dic 1 2013. Archivado bajo Análisis Jurídico, Jurídico.





  • Felipe Carrillo

    TODAS LAS LEYES DE LA MONARQUÍA DE PARTIDOS ESTATALES SON NULAS

    Las leyes promulgadas desde que entró en vigor la Constitución de
    esta Monarquía de Partidos, sin excepción alguna, son
    inconstitucionales. En

    consecuencia, todas ellas podrían ser declaradas nulas de pleno derecho
    si los que tienen la facultad de interponer el recurso de
    inconstitucionalidad (Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo,
    Cincuenta diputados, Cincuenta senadores, órgano ejecutivo o Asamblea de
    las Comunidades Autónomas) lo instaran ante el Tribunal Constitucional, y éste fuera una instancia independiente del poder político.

    No es necesario ser jurista ni mero leguleyo para darse cuenta de este
    gravísimo hecho que, por sí solo, niega la pretenciosa propaganda de que
    estamos viviendo en un Estado de Derecho. Pues la Constitución prohíbe
    al poder legislativo que acuerde leyes por mandato imperativo a los diputados que las adoptan. Y ni una sola ley ha sido votada sin mandato imperativo de los aparatos de los partidos políticos a todos los diputados-votantes de sus
    respectivos grupos parlamentarios. La Constitución dura porque no se cumple en uno de sus principios fundamentales.

    El peor defecto de una Constitución es que no sea realista, es decir que
    sus normas no puedan ser aplicadas, por ir contra costumbres de un
    valor normativo superior al de la Norma de las Normas. Esto sucede con
    la prohibición constitucional del mandato imperativo, cuyo origen,
    naturaleza y función no solo eran ignorados por los “Padrinos de la
    Patria”, sino también por todos los diputados elegidos por el sistema proporcional de listas de partido.
    Pues este sistema requiere, en su concepción y funcionamiento, el
    mandato imperativo a los diputados de lista.

    La Constitución consagra la absoluta e insalvable contradicción de
    prohibir a diputados y senadores que estén ligados por mandato
    imperativo, y al mismo tiempo no permitir que las elecciones se hagan
    con criterios distintos al de la representación proporcional por listas
    de partido, es decir, de candidatos ligados al mandato imperativo de los
    jefes que hacen las listas. Esta brutalidad contra el derecho y la
    lógica del sentido común obedece desde luego a incultura de los
    “Padrinos”, pero mucho más a las órdenes que recibieron del secreto
    poder constituyente de la Monarquía.

    Acostumbrados a la demagogia de la dictadura, los bárbaros autores del
    texto constitucional quisieron parecer liberales con un brindis
    romántico al recuerdo revolucionario de la prohibición del mandado
    imperativo. Pero para evitar veleidades a la libertad de elección,
    metieron de matute el sistema proporcional, obligando de este modo a los incautos electores a ratificar lo que otros deciden y eligen por ellos.

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