Jurídico 


La Reforma de la Ley del Aborto

El ministro Gallardón anunció hace unos días la reforma de la Ley del Aborto, una ley restrictiva, que cambiaba el sistema de plazos, por uno de supuestos. Es decir, ya no se mediría en semanas de gestación la posibilidad de abortar sino en qué supuesto se quedó embarazada la mujer que pretende abortar.

La ley del aborto impulsada por el gobierno socialista de Jose Luís Rodríguez Zapatero permitía abortar sin necesidad de justificar nada hasta la semana 14 de gestación. Hasta la 22 si existiese grave riesgo para la salud de la embarazada y a partir de esta, si el feto presentase anomalías incompatibles con la vida. No importaba la forma en la que la mujer quedase embarazada, ahora, con la Ley Gallardón, sólo habrá dos supuestos en los que abortar: violación o grave riesgo para la salud física o psíquica de la embarazada

¿Qué significa esta modificación? Un retroceso de 30 años en este ámbito, pasamos de ser de los estamos más avanzados en este ámbito a ser de los más retrasados de toda la Unión Europea.

Según el ministro, con esta ley se viene a proteger la vida de los más débiles, en este caso, del “nasciturus”, jurídicamente llamado a el que ha de nacer. Y es aquí donde encontramos toda la polémica. Porque, ¿cuándo consideramos que el feto tiene vida? En esta pregunta se basaba la anterior ley, y consideraba que hasta la semana 14 se podría abortar, y la ley de 1985 permitía hasta la 12ª semana (alegando violación). Esta nueva ley se olvida del hecho de considerar cuándo el feto está “vivo” y se centra en los supuestos por los que la mujer quedo embarazada.

En estos supuestos encontramos otra de las modificaciones polémicas de esta ley. Se elimina el supuesto de la malformación del feto. Este supuesto daba la posibilidad hasta la semana 22 en la ley de 1985 y la de 2010 y permitía a la madre cuyo feto tuviera alguna malformación o enfermedad grave o incurable. Con la reforma, estará penada la interrupción del embarazo, provocando que al nacer el bebe sufra o directamente muera, por culpa de dicha enfermedad. La eliminación de este supuesto es de los más controvertidos.

Las embarazadas podrán alegar grave daño físico o psicológico para abortar, pero la presentación de estas alegaciones también será más restringida. Dos médicos deberán certificar dicho daño y deberán ser de una clínica diferente a aquella en la que se practique el aborto. Según el gobierno, lo hace para romper la “parcialidad” de los médicos.

También se introduce la objeción de conciencia para todos los que tengan que ver en el proceso, desde el celador hasta el estudiante universitario que sujeta el bisturí, todos sin excepción, y al contrario de la Ley de 2010 que sólo recogía al médico, podrán quedarse al margen de la operación.

A partir del informe sobre el aborto del Ministerio de Sanidad publicado por El País, podemos intentar sacar las conclusiones que llevan a este gobierno a modificar de forma tan radical esta ley. Según el ministerio el 96% de las mujeres que abortaron en 2012 lo hicieron en clínicas privadas, de este modo el gobierno no persigue recortar. En cambio, el 91% de los abortos fue a petición de la mujer, el 6% por riesgo para la vida de la embarazada y el 3% por anomalías en el feto, es decir de 112.000 abortos que se produjeron en 2012, sólo serían legales el 6% de ellos, esto es, 6700. 

La Ley llamada Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, ha conseguido poner a todos los sectores sociales en su contra, incluso la presidenta de la Junta de Andalucía ha advertido que hará todo lo posible por que no se aplique esta ley, incluyendo llevarla al Constitucional al poner a la  mujer en un nivel de inmadurez tal que no puedan elegir sobre su maternidad. También miembros del PP como Cristina Cifuentes o Semper han mostrado su disconformidad con esta propuesta, y este último incluso ha pedido el voto secreto.

Para terminar, me quedo con el dato de que el 30% de las mujeres que abortaron lo hicieron después de practicar sexo sin protección alguna, esto se soluciona con educación sexual y no con leyes prohibitivas. 

Vía| ElPais, LaRazón, SerPadres, ABC Andalucía

Imagen| Grupo Joly

RELACIONADOS