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La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal: novedades pincipales

El pasado miércoles 2 de septiembre el Senado aprobó el proyecto de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La norma se divide en dos proyectos: uno de Ley Orgánica y otro de Ley Ordinaria, ya que algunos de los preceptos modificados desarrollan derechos fundamentales contenidos en la Constitución, y otros tienen una naturaleza estrictamente procesal.
Si bien es cierto que la reforma es bastante extensa, intentaremos ceñirnos al análisis de aquellos puntos que constituyen una mayor novedad o que generan más controversia entre la opinión pública.

En primer lugar, una modificación que dio lugar a comentarios fue el cambio del término “imputado” por el de “investigado”, o “encausado” si se mantiene la acusación. Con este cambio se intentan evitar las connotaciones negativas y estigmatizadoras que puede conllevar el primer término.
Ligada a esta novedad se encuentra la limitación de publicar imágenes de los detenidos durante su arresto y traslado en los medios de comunicación, con el objetivo de evitar la llamada “pena de telediario”. La medida tuvo que ser matizada porque se consideraba que ponía trabas a la libertad de información, establecida en el artículo 20 la Constitución. A pesar de que esta libertad tenga su límite en el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, es importante evaluar con precisión los casos individualmente para determinar si existe conflicto o no. Se decidió mantener la prohibición de publicación, añadiendo un inciso sobre el respeto a la libertad de información, lo que simplemente conlleva que la decisión sobre la vulneración o no de los derechos constitucionales del detenido corresponde al juez, tarea que no va a resultar fácil y que posiblemente dará lugar a nueva jurisprudencia..

Otra de las modificaciones es la limitación de la duración de la instrucción en las causas penales, estableciendo un plazo máximo de 6 meses en las causas sencillas y 18 en las complejas, pudiendo prorrogarse hasta los 36 meses. No obstante, no resulta descabellada la propuesta de flexibilizar estos plazos ya que, a pesar de la importancia de no prolongar indefinidamente la instrucción para evitar obstrucciones, la correcta investigación del delito debería prevalecer.

Asimismo, era cuestión de tiempo que se incluyera algún precepto relativo a la intervención de las comunicaciones realizadas a través de los soportes actuales, que pueden resultar claves en la investigación de un delito. En concreto, se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones que se realicen a través de teléfono y otras formas de comunicación telemática, incluyendo mensajes de texto, correos electrónicos, etc. Evidentemente, no se podrán llevar a cabo los registros sin la previa resolución motivada del juez, después de ponderar la gravedad del hecho objeto de investigación. Esta novedad no hace sino adaptarse a los tiempos actuales, puesto que anteriormente ya se permitía la apertura de la correspondencia escrita y telegráfica.

Por último, y para no extendernos en exceso, la Ley cubre dos aspectos que hasta ahora constituían vacíos normativos. Por un lado, se permite la grabación de comunicaciones orales mediante dispositivos electrónicos, en aras de esclarecer los hechos durante la investigación de determinados delitos, siempre que la actuación esté legitimada por el juez de instrucción. Por otro lado, se regula el registro de dispositivos y equipos informáticos para acceder a la información almacenada, así como la posibilidad de que la policía actúe mediante “agentes encubiertos” en los canales cerrados de comunicación telemática. Al igual que en el caso anterior, se busca adaptar el proceso penal a las nuevas tecnologías. En este caso, se reacciona ante la proliferación de los delitos informáticos, y del uso de los nuevos medios como instrumento del delito.

Imagen | Congreso

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En QAH | Ley de Enjuiciamiento Criminal: claves de su reforma

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