Jurídico 


La Real Academia de Jurisprudencia y Legislación

El pasado año fui acogido por la Real Academia Española de Jurisprudencia y Legislación. Desde mucho antes, sin embargo, ya era un asiduo de su imponente biblioteca de textos jurídicos. Se trata de un lugar cuya riqueza y cercanía pronto notas, primero como un auténtico honor, y después como un verdadero placer. Quiero hablar de este lugar.

En palabras de S.M. El Rey, pronunciadas en el solemne Acto de Apertura del Curso de las Reales Academias del año pasado; éstas, impulsan el conocimiento en su más alto grado de excelencia, fomentan tanto el saber en sí mismo como el progreso de la sociedad, y son un patrimonio invalorable de nuestra Nación.

La finalidad de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación -dice el artículo tercero de sus Estatutos- no es otro que la investigación y la práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares, debiendo, además, contribuir a las reformas y progresos de la Legislación Española.

Los vestigios de este centenario lugar se remontan al año 1730, en el que la Junta de Jurisprudencia Práctica comienza sus reuniones en Madrid, en casa del Abogado de los Reales Consejos Juan Antonio Torremocha. En estas reuniones periódicas, de marcado perfil jurídico, un Académico leía una disertación en Derecho que luego era discutida entre todos.

Al que fue Presidente de la Academia, D. José Moñino, futuro Conde de Floridablanca y Secretario de Estado del Rey Carlos III, se debe la Real Cédula de 20 de febrero de 1763, en la que se reconoce a la Academia, bajo el Título de Real Academia de Leyes de estos Reynos y de Derecho Público, con la advocación de Santa Bárbara.

Con este tenor, la que tal y como hoy conocemos con el nombre de Real Academia de Jurisprudencia y Legislación tuvo, sin embargo, muchas otras denominaciones a lo largo de la historia. En efecto, a comienzos del Siglo XIX, el Rey Fernando VII la reconoció oficialmente con la denominación de Academia de la Purísima Concepción; en 1826 el mismo Monarca decidió dividir la Academia en dos corporaciones distintas: la de Carlos III y la de Nuestra Señora del Carmen. Tras la muerte del Rey, la Reina Regente dispuso que ambas Corporaciones se reunieran de nuevo bajo su antiguo nombre de Nuestra Señora de la Concepción, cambiando esa denominación posteriormente -en 1838- por la de Academia Matritense de Jurisprudencia y Legislación. En 1882, la Corporación recobró por concesión del Rey Alfonso XII su antiguo adjetivo de Real Academia, y en 1932 -adaptándose a la nueva realidad republicana- pasó a adoptar la denominación de Academia Nacional de Jurisprudencia y Legislación.

Actualmente, el artículo 62 de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 encomienda al Rey el Alto Patronazgo de las Reales Academias, recogiendo así nuestra Carta Magna una función que la Monarquía había venido ejerciendo sin interrupción desde el Siglo XVIII, como medio para promover el progreso científico y cultural de España.

Asimismo, en la actualidad y desde 1946, la Academia de Legislación y Jurisprudencia quedo incorporada (junto con las otras 6 Reales Academias que lo componen, y que son las de Historia; de Bellas Artes de San Fernando; de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; de Ciencias Morales y Políticas; de Medicina; y de Farmacia) al Instituto de España.

A diferencia de su nombre, los fines y trabajos de la Academia no han cambiado sustancialmente. Eran, son y serán, fines de eminente tinte jurídico. Así, en la Real Academia siempre se han discutido ponencias y memorias jurídicas y normativas, realizado dictámenes en Derecho, pronunciado conferencias, y organizado jornadas y cursos. También se han resuelto consultas planteadas por el Gobierno de España y las Instituciones -nacionales y extranjeras-, y se ha desarrollado -asimismo- una muy intensa actividad editorial. En efecto, ya las Constituciones de 1840 declararon que la Academia tenía como fines los del estudio teórico y práctico de la legislación y de la jurisprudencia, entendida ésta como la ciencia del Derecho; y posteriormente las de 1896 manifestaron que el fin propio, permanente y esencial de la Academia era el de producir el adelanto del Derecho como ciencia, fomentando la cultura jurídica, y obteniendo su realización más perfecta como arte, influyendo en las reformas y en los progresos de la Legislación Española y del Derecho Internacional.

Pero la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación debe ser, ante todo, definida como una importante organización humana formada por renombrados Juristas y Doctores en Derecho. En la misma se distinguió desde el primer momento entre diversas clases de Académicos. Así, en el Siglo XVIII, se separó a sus miembros entre los llamados Oyentes y los Académicos Numerarios (llamados así porque no podían superar el número de 30). En el Siglo XIX se pasó a diferenciar a los componentes de la Academia en tres categorías: la de Académicos Numerarios; la de Profesores; y la de Corresponsales. Es desde 1946 cuando la Academia fue reorganizada y quedó compuesta, ya entonces y hasta ahora, por cuarenta Académicos de Número. Actualmente se distinguen tres categorías de miembros: la de los Académicos de Número; la de los Académicos Correspondientes; y la de los Colaboradores Asociados.

Con razón, una Organización tan longeva e influyente ha tenido que contar siempre entre sus filas con grandes personalidades y primeros espadas del mundo jurídico; Juristas dignos del más alto grado de reconocimiento y mención. Los Académicos de Número son Juristas de reconocida talla nacional e internacional, encabezados por el actual Presidente de la Real Academia Landelino Lavilla, y entre los cuales se cuentan, entre otros, a Eduardo García de Enterría, a Manuel Albaladejo, a José Luís Villar Palasí, a Luís Díez-Picazo, a Luis Martí Mingarro, a José María Castán, a Alfredo Montoya, a José Antonio Sagardoy, o Rafael Navarro Valls, que es también el actual Secretario General de la Real Academia. A estos Grandes Juristas (con mayúsculas, Grandes y Juristas) de nuestro tiempo, siguen los Académicos Correspondientes, a los que, para su ingreso como tales se exige, además de ser Licenciados en Derecho, haber sobresalido en sus trabajos jurídicos, ser Doctores en Derecho, o haber obtenido un cargo por oposición que exija la titulación de Licenciado en Leyes, además de la confianza que merece el ser apadrinados por, al menos, un Académico Numerario; y los Socios Colaboradores de la Real Academia, a los que se les exige ser titulados en Derecho, y el apadrinamiento por parte de, al menos, dos Académicos Correspondientes.

Caminando por el corazón de la Villa Madrid, dejando a un lado la Calle de Alcalá al bordear la emblemática cafetería del Circulo de Bellas Artes, y adentrándose en la desapercibida Calle del Marqués de Cubas, la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación se descubre como un lugar inalterado por su larga andadura a través del tiempo, que todavía mantiene ese antiguo y olvidado sabor jurídico, ya centenario, que sigue evocando grave atracción sobre los Juristas.

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