Derecho Penal, Jurídico 


La prueba y la instrucción

El derecho penal busca la reconstrucción de los hechos con el fin de conocer la verdad de lo sucedido para, en su caso, calificar tales hechos como típicos con su consecuente pena. El proceso penal español, con una ley obsoleta de 1882 y sus innumerables reformas, divide la fase penal en tres fases principales: Una primera fase instructora en la que se practican las primeras diligencias de investigación; una segunda fase en la que, con las diligencias, se puede calificar preliminarmente los hechos y, en su defecto, realizar el escrito de acusación o de archivo; y una tercera y última fase del proceso: el juicio oral.

Cada una de las fases, no menos importante que la anterior, son cruciales para la reconstrucción de los hechos. Sin embargo, el proceso español tiene un vicio añadido y es la manera en que la “instrucción” está constituida. Cuando en 1882 Alonso Martínez redactó la presente Ley de Enjuiciamiento Criminal estableció que la fase de instrucción solo era para intentar averiguar si existían “indicios suficientes de criminalidad”, esto suponía en un principio la práctica de las mínimas diligencias, dado que la proposición de la prueba se debía de solicitar en los escritos de acusación o defensa para posteriormente su práctica en el juicio oral. Sin embargo tal planteamiento inicial se ha desvirtuado por completo en un sistema que obliga a realizar el mayor número de diligencias de prueba en la fase inicial. ¿Por qué? Para intentar archivar el caso y evitar la posterior pena de banquillo.

¿Esto qué ha producido? Por un lado que si las defensas solicitan prueba no practicada en instrucción en el juicio oral por defecto y por el mal formalismo, el Tribunal puede considerar la prueba sorpresiva y no valorarla en su plenitud. Por otro lado, la prueba solicitada en el escrito de defensa puede ser admitida, o no, por el Tribunal que va a enjuiciar el caso mediante un auto que no es recurrible. De este modo si aplicamos estrictamente la LECrim y solicitamos la prueba en el último momento procesal para ello, existe un importante riesgo de que la práctica de la misma no sea admitida, y por lo tanto veamos limitado nuestro derecho de defensa y mermada nuestra capacidad para esclarecer sobre los hechos reconstruidos. El último problema surge de la concepción social de que si el fiscal y las acusaciones han conseguido abrir el juicio oral es porque hay suficientes “indicios de criminalidad” contra el acusado, por lo que el derecho fundamental a la presunción de inocencia queda invertido radicalmente por la presunción de culpabilidad.

Por todo ello, y con la ineficiente regulación actual, es en la fase de instrucción dónde las defensas van a tener que aprovechar para hacer valer con mayor ímpetu y determinación la inocencia de su cliente: presentar informes, solicitar testificales, practicar diligencias de investigación, etc., con el fin de intentar solicitar el archivo del procedimiento y evitar así la continuación del procedimiento en su siguiente fase procesal, sin tener que aguantar el conocido estigma social que conlleva todo juicio penal.

“La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa.” Abraham Lincoln

 

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