Derecho Penal, Jurídico 


La prueba ilícita penal (IV final): derecho comparado

PoisonTree03El derecho comparado no es ajeno a la cuestión de la prueba ilícita y su efecto sobre la pruebas reflejo o derivada. En el common law es común hablar de las “exclusionary rules” o reglas de exclusión.

 Fue el proceso penal norteamericano el primero que impidió que se admitiesen pruebas dentro del procedimiento que fueran obtenidas con violación o vulneración de los derechos básicos y fundamentales del acusado. Es inevitable traer a colación, a este respecto, la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Silverthorne Lumber Co. Vs. United States, primer exponente de la doctrina de los frutos del árbol envenenado. En este caso, unos agentes del Gobierno detuvieron a Frederick W.Silverthorne y a su padre basándose en libros contables que fueron encontrados en un registro declarado posteriormente ilegal. Estos dos empresarios, padre e hijo, fueron retenidos desde temprana hora de la mañana. Mientras ambos se encontraban en custodia, los agentes registraron la oficina, así como los libros, papeles y documentos que fueron encontrados allí. Fue este registro el que se declaró ilegal en base a la cuarta enmienda de los Estados Unidos, según la cual existe “el derecho de los habitantes de que sus personas, domicilios, papeles y efectos se hallen a salvo de pesquisas y aprehensiones-registros e incautaciones- arbitrarias, será inviolable, y no se expedirán mandamientos que no se apoyen en un motivo verosímil, estén corroborados mediante juramento o protesta y describan con particularidad el lugar que deba ser registrado y las personas o cosas que han de ser retenidas o embargadas”. Si bien este caso fue el primero en el que la Corte Suprema planteó la doctrina, no sería hasta la sentencia Nardone vs United States de 11 de diciembre de 1939 que el Tribunal utilizaría el nombre que empleamos a día de hoy al determinar que “el juez debe dar a los acusados la oportunidad de demostrar que una parte sustancial de la acusación contra ellos era fruto de un árbol envenenado”, al examinar el caso en el que se inadmitieron las pruebas obtenidas a raíz de una intervención de comunicaciones ilegítima.

 A partir de 1970, la Corte Suprema desarrollo enérgicamente una actividad destinada a limitar la exclusión de las pruebas derivadas de una prueba ilícita originaria. En este contexto, el Tribunal desarrolló una serie de cláusulas que permitían que éstas fuesen observadas por el juez: excepción de buena fe, excepción del descubrimiento independiente (la prueba se considerará admisible si, proviniendo de dos fuentes, sólo una está afectada por la ilicitud probatoria), excepción del inevitable descubrimiento (la prueba se hubiese obtenido independientemente de que hubiese existido la prueba inicial) y excepción del defecto purgado (cuando la relación de causalidad entre ambas pruebas es tan débil que se permite al juez olvidar el defecto). Países como Italia, Venezuela, Argentina, Holanda y Canadá también han extendido la invalidez de la prueba ilícita a las obtenidas posteriormente de manera derivada.

 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, no ha establecido una doctrina uniforme en relación a la prueba ilícita. En el caso Schenk vs Suiza, de 12 de julio de 1988 (en el que se discutía la admisibilidad de una cinta que recogía una conversación telefónica obtenida sin la autorización judicial necesaria que requiere el Estado Suizo) hizo frente al problema teniendo en cuenta lo dispuesto por el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (“toda persona tiene derecho a que su causa sea oída equitativa, públicamente y dentro de un plazo razonable, por un Tribunal independiente e imparcial, establecido en la Ley, que decidirá los litigios sobre sus derechos y obligaciones de carácter cívico sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella”). El Tribunal optó en este caso por una posición intermedia entre la admisión y la exclusión de la prueba ilícita, asegurando al demandante que el empleo de la cinta no le había privado de un proceso justo. El TEDH, por lo tanto, consideró en este caso que debía realizar un análisis conjunto del procedimiento para determinar si éste se había realizado o no de manera justa. No se descartó, en consecuencia, que en determinadas ocasiones se admitiesen procesalmente aquellas pruebas obtenidas ilícitamente que, pese a ser utilizadas en el procedimiento, no afectasen a la justicia exigida por el Convenio Europeo.

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