Derecho Penal, Jurídico 


La prueba ilícita penal (III): los frutos del árbol envenenado

frutos árbol envenenadoUna vez que el art. 11.1 de la LOPJ entró a formar parte de nuestro ordenamiento, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional continuó con el camino que había iniciado en el año 1984, desdoblando a partir de este punto la regulación de la prueba ilícita en un ámbito constitucional y legal. Así, en la STC 85/1994 afirmó que “todo elemento probatorio que pretendiera deducirse del contenido de las conversaciones intervenidas no debió ser objeto de valoración probatoria, ya que la imposibilidad de admitir en el proceso una prueba obtenida violentando un derecho fundamental no sólo deriva directamente de la nulidad de todo acto violatorio de los derechos reconocidos en el Capítulo Segundo del Título I de la Constitución, y de la necesidad de no confirmar, reconociéndolas efectivas, las contravenciones de los mismos (STC 114/1984), sino ahora también en el plano de la legalidad en virtud de lo dispuesto en el art. 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

 Pero ¿cuál es el alcance de la prohibición de utilización de la prueba ilícita y de la restricción impuesta por el art. 11.1 de la LOPJ? Es evidente que la redacción del mencionado precepto es rotunda y taxativa al hablar de “pruebas obtenidas directa o indirectamente”. ¿Hasta que punto se debe entender que alcanza la expresión “indirectamente”? En principio, parece que la jurisprudencia constitucional ha querido, en este punto, consegrar la capital teoría del derecho norteamericano conocida como los frutos del árbol envenenado. El símil no podría estar mejor planteado a efectos de dar una explicación ilustrativa del contenido de esta teoría, que viene a definir que en el momento en que el tronco del árbol (la prueba ilícita principal) está corrompido, el mal del mismo afecta a todas sus ramas y frutos (las pruebas derivadas de la principal). Estas pruebas derivadas, por tanto, se verán adolecidas del mismo mal que afectan a la originaria y, en consecuencia, deberán ser excluidas del proceso. La Sala Segunda del Tribunal Supremo se pronunció en este sentido en su STS 636/2008 al afirmar que “esa interdicción de la valoración de la prueba nula forma parte del contenido esencial del derecho fundamental vulnerado, pues de nada serviría declarar la vulneración de un derecho fundamental si esa declaración no va acompañada de la negación de efectos probatorios a las pruebas, aun obtenidas legítimamente, que sean derivadas de la ilicitud cometida”. El TS realiza una importante aportación en este pronunciamiento al determinar que no es necesario que la prueba derivada sea obtenida de manera ilegítima, sino que basta con que proceda de una que se ha conseguido de manera no amparada por el marco legal vigente.

 Una vez que hemos señalado las rígidas garantías que exige el proceso penal, sería inocente por nuestra parte pensar que no se haya establecido ningún tipo de criterio de manera legal o por parte de los tribunales que permita evaluar el alcance de la ilicitud de la prueba derivada. Surge en este punto, a través de construcción jurisprudencial, la conocida como conexión de antijuricidad, que en ocasiones ha sido llamada como prohibición de valoración (en relación a la imposibilidad de valorar la prueba derivada de una ilícita). Esta conexión pretende encontrar y definir el enlace jurídico que existe entre ambas pruebas con el objetivo de evaluar si la nulidad de la primera se extiende hasta la segunda, impidiendo al tribunal que se valore ésta también. El Tribunal Constitucional, por tanto, ha considerado que es fundamental determinar si las pruebas derivadas se encuentran o no vinculadas a las que vulneraron de manera directa el derecho fundamental en cuestión.

 ¿Cómo debe analizar el tribunal al frente del proceso la conexión de antijuridicidad? El Tribunal Constitucional consideró, en su STC 81/1998, que es necesario que se analicen dos perspectivas para ello, una interna y otra externa. En la perspectiva interna se deben comprobar y valorar las características de la vulneración del derecho fundamental que se ha llevado a cabo, ya que es evidente que no todas las violaciones de los mismos son equiparables (no es lo mismo realizar una actuación sin una autorización judicial preceptiva, como puede ser la entrada en un domicilio; que, teniendo dicha autorización, no se cumplan todas las exigencias constitucionales). De igual modo, dentro de esta perspectiva deberá analizarse el conocimiento que se ha obtenido a través de la vulneración. En relación a la perspectiva externa lo que se pretende es analizar “las necesidades esenciales de tutela que la realidad efectiva del derecho sustantivo conculcado exige”. Se pretende, como ha expresado parte de la doctrina, que el hecho de que no se excluya la prueba ilícita en su origen no suponga un incentivo para la infracción de los derechos fundamentales, pues se le privaría de un elemento vital de su efectividad.

 En cualquier caso parece insuficiente que se intente establecer únicamente una conexión jurídica entre la prueba ilícita original y la derivada para determinar la relación entre ambas, por lo que es necesario que exista, de igual modo, una conexión natural o relación causal. Para establecer esta conexión causal bastaría con aplicar la teoría de la equivalencia de las condiciones (“conditio sine qua non”), ampliamente extendida dentro de la jurisprudencia y doctrina penal, según la cual cuando en un supuesto concreto la supresión de la prueba ilícita original supone también la desaparición de la prueba derivada, podemos determinar que existe una relación de causalidad entre ambas. Por lo tanto, la doctrina jurisprudencial tanto del Tribunal Supremo como del Tribunal Constitucional exige que la conexión entre la prueba original y la derivada se desdoble en dos perspectivas: una jurídica, representada por la conexión de antijuridicidad y una natural, que adquiere su dimensión en la relación de causalidad natural. Es necesario que  ambas perspectivas se presenten en el supuesto concreto para que la doctrina de los frutos del árbol envenenado se aplique con toda su virtualidad en el caso concreto, permitiendo que la invalidez de la prueba originaria se extienda a la derivada.

El magistrado Andrés Ibáñez, en el voto particular emitido en la STS 208/2009, realizó un acertado resumen de la cuestión de la prueba ilícita en nuestro ordenamiento al señalar que “el art.11.1 LOPJ, según está doctrinalmente aceptado, consagra, en el plano de la legalidad ordinaria, una garantía que es implicación necesaria del contenido del art. 24.2 CE […] al del presunto inocente a no ser condenado sino es en virtud de una prueba válidamente obtenida. Por tanto, lo reglado en esa primera disposición es mera proyección normativa de lo expresado en la segunda. Y en ambas se plasma una precisa opción de nuestro constituyente: la consagración de la garantía procesal constitucional, con rango de derecho fundamental [….] La razón de tal opción del legislador español es fácil de comprender. En un ordenamiento de democracia constitucional, como el nuestro, no son concebibles actuaciones institucionales limitativas de derechos fundamentales producidas sin respeto de las prescripciones constitucionales previstas al efecto. Y ello por una elemental razón de legitimidad: el Estado sólo puede intervenir legítimamente de aquel modo si, y sólo si, respeta las normas que él mismo se ha dado en la materia. Por esto cualquier actuación del ius puniendi llevada a cabo al margen de esta exigencia es rigurosamente ilegítima”.

En la última parte de esta serie analizaremos el actual estado de la regulación de la prueba ilícita en el derecho comparado.

En QAH| La Prueba ilícita penal II y I

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