Jurídico 


La prueba ilícita penal (II): el origen de la prueba (cont.)

La sentencia 114/1984 del Tribunal Constitucional supone uno de los pilares fundamentales en materia jurisdiccional de prueba ilícita y, para gran parte de la doctrina, el origen del que emanó el art. 11.1 de la LOPJ. En este caso, el Alto Tribunal se pronunció en relación a un recurso de amparo interpuesto por un trabajador que había sido despedido de su puesto de trabajo por una serie de pronunciamientos realizados en una conversación telefónica que su interlocutor había grabado sin permiso. El TC comenzó reconociendo que nuestra Carta Magna no impide la utilización de la prueba ilícita (“no existe, por tanto, un derecho constitucional a la desestimación de la prueba ilícita”) para continuar asegurando que dicho empleo supone una confrontación con la tutela de los derechos fundamentales, que muestra su supremacía en este ámbito.

zNaRP13TmhI3xExiste por tanto, a ojos del Tribunal, una encrucijada de intereses que exige que se relegue a un segundo plano el interés probatorio del proceso cuando se ponga en jaque la defensa de los derechos fundamentales. Además, es necesario que la vulneración de estos derechos afecte al núcleo “indisponible e inderogable” de los mismos. La recepción de estas pruebas dentro del proceso supondría una violación de las garantías del mismo mediante el desequilibrio entre las partes por la vulneración del principio de igualdad de armas (art. 24.2 CE). La importancia de esta sentencia radicó, en gran medida, en establecer una concepción restrictiva y exigente en materia de prueba ilícita en un momento en el que no existía legislación expresa en la materia (tengamos en cuenta que la LOPJ no entraría en vigor hasta 1985). El Constitucional, en este caso, optó por la ponderación que permitiese determinar si, en el caso concreto que nos ocupe y de acuerdo a las circunstancias del mismo, debe primar el castigo y coacción del delito cometido o el respeto de los derechos fundamentales. Por tanto, nos encontramos ante el dilema de salvaguardar el interés público en dos vertientes bien diferenciadas: mediante la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos o a través de la punición de los hechos delictivos con el objetivo de salvaguardar la seguridad ciudadana y el orden público.

En la tercera parte de esta serie, nos centraremos en analizar la extensión adquirida en nuestro ordenamiento jurídico por la doctrina de los frutos del árbol envenenado aplicable a materia de prueba ilícita, especialmente a raíz de la promulgación del art. 11.1 de la actual LOPJ, y la jurisprudencia derivada que cambió la concepción empleada hasta el momento.

Vía/ “Ley Orgánica del Poder Judicial. Colección Tribunal Supremo” por magistrados del gabinete técnico del Tribunal Supremo, dirigidos por Sr. D. Carlos Lesmes Serrano (Editorial El Derecho, Edición 2010); “Prueba y proceso penal. El alcance derivado de la prueba ilícita en la jurisprudencia constitucional” por Sr. D. Juan José Lopez Ortega, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.

RELACIONADOS