Derecho Penal, Jurídico 


La prueba ilícita penal (I): el origen de la prueba

la foto2Es evidente que la prueba constituye la base del la actuación jurisdiccional con carácter general. Dicho elemento cobra una importancia mayor si cabe a la hora de referirnos al proceso penal, pieza fundamental y central para fijar el desarrollo de los hechos con el objetivo de concluir, finalmente, con la imposición de la pena correspondiente. Y dentro de esta perspectiva, es fundamental analizar el papel que juega la prueba ilícita dentro del procedimiento así como cuales son las consecuencias de la inclusión de dicho elemento.

 La prueba ilícita se mueve dentro de dos ámbitos diferenciados pero, a su vez, estrechamente relacionados. Por un lado, encontramos el interés en la protección de la seguridad ciudadana y en la averiguación de la verdad, objetivo básico de la actuación y del proceso penal; mientras que, por otra parte, debemos contraponer la defensa de los derechos fundamentales recogidos a nivel constitucional en la Carta Magna. Estamos, por tanto, ante la meta del procedimiento penal y las limitaciones que el Estado de Derecho establece, con carácter general, para alcanzar la misma.

 Nadie duda de la necesidad de establecer un rígido entramado de garantías a la hora de la aplicación del Derecho Penal, ya que en caso contrario se falsearía el objeto del mismo pues de nada serviría pretender la averiguación de la verdad, como fin último del proceso, a través de elementos de cuestionable fiabilidad. Los propios padres de la Constitución fueron, en su momento, conscientes de esta situación y recogieron algunas de las más importantes garantías jurisdiccionales en el art. 24 de la Constitución Española, entre las que se encuentra la presunción de inocencia. La actividad probatoria en el orden jurisdiccional penal, por tanto, va dirigida principalmente a dilapidar dicha presunción en el caso concreto. Estamos, por tanto, ante un reflejo de un conjunto de garantías de justicia y de libertad.

 A nivel legal, la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de Julio de 1985 ya  establece en artículo 11.1 que en todo tipo de procedimiento se respetarán las reglas de la buena fe. No surtirán efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos o libertades fundamentales. En primer lugar, conviene diferenciar, como ha señalado el profesor Jesús María González, el término prueba “ilícita” del de prueba “ilegal”. Mientras que en la prueba ilícita se contempla la prueba viciada ab origine (porque la fuente de la prueba era también ilícita), la prueba ilegal es aquella que se ha obtenido sin observar las normas procesales que la regulan (“la ilegalidad se corresponde con la infracción de las normas procesales que regulan la proposición práctica o valoración de la prueba en cuestión”). El art. 11.1 LOPJ regula el primero de estos casos.

 El Tribunal Constitucional ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones en relación al supuesto regulado por este precepto. Uno de los ejemplos más claros es la STC 69/2001 en la que determinó “[…] constatada la inadmisibilidad de las pruebas obtenidas con violación de derechos fundamentales, su recepción procesal implica una ignorancia de las garantías propias al proceso (art. 24.2 CE) implicando también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el juicio, desigualdad que se ha procurado antijurídicamente en su provecho quien ha recabado instrumentos probatorios en desprecio a los derechos fundamentales de otro”. De igual modo, la STC 286/2007 señaló que “la ilicitud no ha de referirse a la prueba en sí, sino al modo en que la misma se consigue, y cuando se emplean medios ilícitos, como aquí ocurrió, la fuente de prueba no debe ser asumida en el proceso, por lo tanto no ha de ser tenida en cuenta” a la vez que relacionó el art. 11 de la LOPJ con el art. 287 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (que señala que no se deben admitir las pruebas obtenidas mediante una actividad prohibida por la ley). Sin embargo, es en el proceso penal donde la ineficacia de la prueba ilícita alcanza toda su virtualidad. Y esto se debe a dos razones de índole distinta: una jurídica y otra material. Por un lado, en la esfera jurídica, es evidente que la actividad probatoria en el ámbito penal tiene como objetivo la averiguación de la verdad y la imposición de la condena o absolución del acusado en base al procedimiento que ha conducido a la obtención de las conclusiones en relación a esa veracidad buscada. Por otro, en el ámbito material, es innegable la mayor facilidad con la que cuenta una de las partes del proceso penal (en este caso aquella que representa al aparato estatal y a la opción pública) para el acceso y la obtención de las pruebas acusatorias dentro del proceso.

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