Derecho Internacional, Jurídico 


La protección de la reputación en el Derecho anglosajón

Hoy en día los medios de comunicación de masas, y especialmente Internet, han incrementado considerablemente la amenaza sobre la reputación, no sólo de las empresas, sino de cualquiera de nosotros. Tradicionalmente, las afirmaciones dañinas vertidas en libros, prensa o en un discurso tenían un alcance local. En cambio, actualmente, a través de las redes sociales, los blogs o los foros, cualquier persona puede publicar una información falsa o una opinión desfavorable sobre alguien, que al instante será accesible por los más de 2.000 millones de usuarios de Internet. Los daños que un hecho así puede ocasionar suelen ser perdurables y bastante difíciles de erradicar; tanto es así, que incluso han surgido empresas especializadas en la gestión y limpieza de la reputación en Internet.

En España, las conductas difamatorias – dado nuestro arraigado sentido del honor – pueden ser incluso objeto de una sanción penal, cuando son subsumibles en el ámbito de los delitos de injurias y calumnias. Por su parte, la protección en vía civil opera fundamentalmente a través de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Pero lo que en este artículo nos ocupa es la protección de la reputación en el derecho anglosajón, esto es, la protección frente a lo que se conoce como defamation. A continuación os presento las principales caracteríticas de este régimen:

1) Bajo esta figura jurídica se acogen dos tipos de conductas: slander, para el caso en que las declaraciones sean fugaces o transitorias, es decir, realizadas oralmente, y libel, cuando las mismas se realizan por escrito o través de algún medio en que quedan grabadas en un soporte permanente.

2) La carga de la prueba. Como hemos visto en el caso, mientras que en EE.UU es el demandante (la persona difamada) quien tiene que probar que el material publicado sobre él es sustancialmente falso, bajo el derecho inglés, se presume de entrada la falsedad del mismo, invirtiéndose así la carga de la prueba, que recae sobre el demandado.

3) Actual malice standard. En EE.UU, para el caso en que las declaraciones afecten a personajes públicos (famosos, miembros del Gobierno, etc.), éstos han de demostrar la intención maliciosa de la persona que difama (por ejemplo, que conocía la falsedad de sus afirmaciones), lo que no se exige en Inglaterra. Si bien, existe una excepción: que el demandado pueda alegar en su defensa que actuó bajo una de las dos instituciones que se explican a continuación, en cuyo caso el demandante habrá de probar la malicia del demandado.

Fair comment: Cuando la declaración difamatoria trate sobre un asunto de interés público, se trate de un simple comentario, esté basada en hechos reales o amparados por privilege (por ejemplo las declaraciones que se realizan en las sesiones parlamentarias), y refleje un punto de vista que cualquier persona honesta podría mantener.

Qualified privilege: En el caso de que exista un interés público o un deber de que la información sea publicada para que sea conocida por todos.

4) Finalmente, en relación con la jurisdicción y la competencia judicial, debemos destacar la amplia competencia que el derecho inglés atribuye a sus tribunales en este ámbito: cualquier información a la que pueda tener acceso un usuario de Internet desde Inglaterra, cualquier artículo o blog leído en este país, cualquier periódico o libro extranjero vendido allí, en los que se contengan declaraciones difamatorias que hayan ocasionado un daño a la reputación de una persona, permiten que la persona que lo haya publicado puede ser demandada ante sus tribunales. En cambio, en EE.UU, la ley solo permite reclamar por la publicación principal.

En base a lo dicho, podemos concluir que el derecho inglés es mucho más proteccionista del honor y la reputación que el estadounidense, que hace prevalecer la libertad de expresión. Ello – junto con la mayor compensación económica que se concede al difamado – ha provocado una avalancha de demandas en los tribunales ingleses interpuestas por profesionales, empresarios y directivos de todo el mundo, alegando que la difusión por Internet de las declaraciones difamatorias ha afectado a su imagen y reputación en este país.

Vía| The In-House Lawyer, The Good Wife

Más información| Cinco días

Imagen| Switched

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