Derecho Penal, Jurídico 


La propuesta del gobierno de reducción del número de aforados en España

640px-Congreso_de_los_Diputados_galaTras el aforamiento exprés del rey saliente don Juan Carlos I junto con parte de la familia real, es un tema candente en nuestros días la propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy de reducir de manera drástica el número de aforados en nuestro país pocos meses más tarde. En este artículo trataré de hacer una breve mención al régimen jurídico de los aforados y, sobretodo, las implicaciones jurídicas que podría tener esta iniciativa.

El origen de esta figura radica en el objetivo de que cargos políticos de alto nivel, por las implicaciones derivadas del mismo (aunque en la práctica el aforamiento se extiende a delitos cometidos también fuera del ejercicio de este) pudiera ser sometido a una decisión colegiada, en principio más experta que una individual, aumentando así las garantías de que estos altos tribunales fueran menos vulnerables a presiones políticas que un juez de primera instancia o instrucción. Esto es, garantías de independencia.

El aforamiento está previsto, en primer lugar y principalmente, en la Constitución Española a lo largo de diversos preceptos. Su artículo 71.3 reconoce el aforamiento a Diputados y Senadores, mientras que el 102 lo hace respecto del presidente del Gobierno y miembros del ejecutivo, concediéndoles, así el privilegio de ser juzgados por un tribunal diferente al que dictan las reglas de la competencia: el Tribunal Supremo.

Más allá de esta previsión constitucional, la LOPJ (Ley Orgánica del Poder Judicial) por un lado, interviene para añadir a la lista de aforados todos los enumerados en su artículo 57.1; desde el presidente del Tribunal Supremo, hasta el Defensor del pueblo y Magistrados de la Audiencia Nacional o de un TSJ, dejando, además, la puerta abierta a lo que pueda preverse en los Estatutos de Autonomía. Por otro lado, contempla el aforamiento de los miembros de la casa real llevado a cabo el pasado junio tras la reforma de esta normal a través de la adición del artículo 55 bis.

Teniendo esto en cuenta, el Gobierno propone la reducción del número de aforados en nuestro país de 17.621 (280.159 si se tienen en cuenta los aforamientos parciales de las fuerzas de seguridad) a 22. De esta manera, los aforamientos se limitarían al Presidente del Gobierno, los de las Comunidades Autónomas, presidentes de Congreso y Senado y los titulares del Tribunal Constitucional y Supremo, a los que se añadirían los miembros de la familia real.

Esta propuesta tan llamativa no está exenta de implicaciones jurídicas que pueden suponer un óbice para su final consecución.

Por un lado, para eliminar la protección jurídica de más de 15.000 jueces y fiscales españoles, incluyendo jueces de paz, se requerirá de una nueva reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Al tratarse de una Ley Orgánica, su reforma precisa de la mayoría absoluta de las Cámaras, por lo que se trata de una iniciativa que podría hacer realidad el partido mayoritario por sí mismo y sin mayor apoyo político.

Más complicado resulta, sin embargo, eliminar los aforamientos de los políticos electos o los cargos públicos de las diferentes Administraciones autonómicas. En el primer caso, “desaforar” a ministros, diputados y senadores requerirá una modificación de la propia Constitución y prácticamente la totalidad de los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas.

Los artículos 102.1 y 71.3 de la Ley Fundamental son los que otorgan esta protección a Presidente y miembros del Gobierno, y Diputados y Senadores respectivamente, por lo que se requiere reformar la Constitución, que requeriría la obtención de una mayoría cualificada de 3/5 partes del Congreso y del Senado.

No obstante, más allá de las implicaciones jurídicas que acabamos de comentar, una iniciativa de este calibre requiere por parte del Gobierno, desde mi punto de vista, la apertura del debate social y en sede parlamentaria para llegar un amplio acuerdo político. Las cuestiones a esclarecer, a mi juicio, van mucho más allá de una simple reducción. Es preciso dilucidar la necesidad o no de mantener esta figura en el marco jurídico y el alcance de la misma. Nuestro sistema jurídico, como ente en constante evolución, necesita aclarar si se trata de un privilegio que rompe el principio de igualdad ante la ley, una prerrogativa democrática, o una garantía procesal, que en razón del cargo o profesión será necesario o no conservar.

En cualquier caso, dado el alcance normativo que podría tener esta reducción a distintos niveles, la polémica está servida.

Vía | El País, Fundación Sistema

Más información | El aforamiento en España, una singularidad universal, Diario Jurídico

En QAH | ¿Qué es un aforado?

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