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La prometida reforma de la Administración Local (I)

LocalidadCon la necesidad de alcanzar el objetivo de equilibrio presupuestario, y con el propósito de redimensionar y racionalizar el sector público local, el Gobierno ha puesto en marcha una serie de medidas para hacer sostenibles las Entidades Locales, las cuales se materializan en la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Esta Ley, tal y como se indica en su Exposición de Motivos, ha nacido para dar cumplimiento al mandato dispuesto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad financiera, de adaptar la normativa básica en materia de Administración local a las exigencias derivadas de la aplicación de los principios de estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera o eficiencia en el uso de los recursos públicos.

Esta reforma principalmente persigue cuatro objetivos básicos, como son:

  1. Clarificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras Administraciones, de forma que se haga efectivo el principio “una Administración una competencia”.
  1. Racionalizar la estructura organizativa de la Administración local de acuerdo con los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad financiera.
  1. Garantizar un control financiero y presupuestario más riguroso.
  1. Favorecer la iniciativa económica privada evitando intervenciones administrativas desproporcionadas.

Para poder llevar a cabo esta reforma, la mencionada Ley modifica varios preceptos de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aunque también incide en último lugar en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

En cuanto al primero de los objetivos, clarificar las competencias locales y avanzar en el principio “una Administración una competencia”, se trata de evitar los problemas de solapamientos de competencias que frecuentemente se producen entre nuestras diversas Administraciones Públicas.

El sistema competencial de nuestros entes locales hace que se difumine la responsabilidad de los gobiernos municipales y se enmarañe con los ámbitos competenciales del resto de Administraciones Públicas, lo cual conlleva a la confusión de los ciudadanos al no saber cuál es la Administración responsable de los servicios públicos. De este modo, la Ley detalla un listado de materias en que los municipios han de ejercer, en todo caso, competencias propias, estableciéndose una reserva formal de ley para su determinación, así como una serie de garantías para su concreción y ejercicio.

Tras esta reforma, los entes locales solo podrán ejercer competencias distintas de las propias o de las atribuidas por delegación, siempre y cuando no se ponga en riesgo la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal, y no se incurra en un supuesto de ejecución simultánea del mismo servicio público con otra Administración Pública. Cabe destacar que la delegación de competencias estatales o autonómicas en los Municipios debe ir acompañada de la respectiva dotación presupuestaria. Además, su duración no podrá ser inferior a 5 años y la Administración delegante se podrá reservar los mecanismos de control necesarios para poder asegurar la prestación adecuada del servicio que se ha delegado.

En la siguiente entrada de esta serie, analizaremos otras de las novedades introducidas por la Ley 27/2013.

Vía|  Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de  Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

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