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La prohibición de los fondos de inversión en el deporte

El 1 de mayo de 2015 entró en vigor la prohibición de ostentar la propiedad de los derechos económicos de jugadores de fútbol por parte de terceros (fondos de inversión o TPOs) como consecuencia de lo contenido en la Circular 1464 de la FIFA (en adelante, la “Circular”).

Conviene, antes de entrar a fondo a analizar el contenido de la Circular, definir y diferenciar los derechos federativos y económicos de la siguiente forma: (i) el derecho federativo puede ser definido como el derecho de una entidad deportiva a inscribir a un deportista en una determinada competición oficial para que participe en nombre y representación de dicha entidad; (ii) el derecho económico deriva del derecho federativo configurando su faceta patrimonial.

El Tribunal Supremo, en su sentencia de 24 de marzo de 2014, deja sentado que «los titulares de los derechos federativos son exclusivamente los clubes mientras dure la relación laboral -de carácter especial- con el jugador y que los mismos pueden ceder o transmitir, temporal o definitivamente, dichos derechos a otro club siempre con consentimiento del jugador». Por otra parte, los derechos económicos podían ser propiedad no solo de entidades deportivas, sino también de terceras personas, físicas o jurídicas; mostrándose favorable el Alto Tribunal, en sus sentencias de 19 de julio de 2010 y 24 de septiembre de 2012, a la posibilidad de realizar negocios jurídicos sobre el contenido patrimonial del derecho federativo al no ser considerado como res extra commercium

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La prohibición de los fondos de inversión en el deporte

En virtud de lo anterior, los TPOs realizaban operaciones de financiación o inversión sufragando, de manera total o parcial, el traspaso de un jugador y obteniendo como contraprestación la titularidad parcial de los derechos económicos del mismo con la finalidad obtener una plusvalía derivada de un ulterior traspaso. El TPO obtendría así una cesión de crédito futuro constituido sobre los derechos económicos del jugador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1526 y ss. CC.

Estas operaciones permitían a ciertos clubes obtener un medio de financiación alternativo para fichar a futbolistas que, desde el punto de vista económico, se encontraban fuera de su alcance. De esta manera, el club poseía la totalidad de los derechos federativos y un porcentaje de los derechos económicos en régimen de copropiedad.

Sin embargo, la FIFA entendió que los jugadores no pueden ser “propiedad” de terceras personas que pretendan lucrarse con sus derechos económicos; llegando incluso a manifestar el Presidente de la UEFA que dicha práctica contravenía la dignidad de la persona.

Por ello, a través de la Circular se modifica parcialmente el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores para: (i) definir el concepto “tercero” como aquella parte ajena a los dos clubes entre los cuales se traspasa a un jugador o cualquiera de los clubes anteriores en los que el jugador estuvo inscrito previamente; (ii) reforzar la prohibición de influencia de terceros en los clubes prevista en el artículo 18 bis; (iii) incorporar un nuevo artículo 18 ter cuyo tenor literal es el siguiente: «ningún club o jugador podrá firmar un contrato con un tercero que conceda a dicho tercero el derecho de participar, parcial o totalmente, del valor de un futuro traspaso de un jugador de un club a otro, o que le otorgue derechos relacionados con futuros fichajes o con el valor de futuros fichajes».

Haciendo ya una valoración de la prohibición, ésta no puede ser positiva. Coincido con cierto sector doctrinal al señalar que habría sido mejor una férrea regulación en materia de transparencia y límites de la actividad de financiación que realizan los TPOs en vez de prohibirla en su totalidad; siendo esta también la opinión de la Comisión Europea manifestada en el epígrafe 2.8 del Acuerdo, de 14 de octubre de 2014, suscrito entre la Comisión Europea y la UEFA. No es lógico mercantilizar ciertos ámbitos del deporte profesional (recordemos que en España los clubes de fútbol son Sociedades Anónimas Deportivas sometidas, por ejemplo, a las normas básicas de Derecho de la Competencia -véase, STJUE asunto Meca-Medina- y Derecho Concursal) e impedir al mismo tiempo la utilización de mecanismos de financiación propios de la actividad empresarial.

Asimismo, partiendo de la base de que tanto el Tribunal Supremo como la Audiencia Nacional entendían conforme a derecho la posibilidad realizar negocios jurídicos válidos sobre los derechos económicos del futbolista hemos de preguntarnos: ¿hasta dónde llega la eficacia de dicha prohibición?

Recientemente la Hacienda pública española suscribió un convenio con un club para el pago de su deuda tributaria en el que se establece que el 25% de los ingresos que se obtengan por los traspasos o cesiones de sus futbolistas serán destinados al pago de la misma; lo que de conformidad con la Circular supondría la realización de una conducta prohibida y conllevaría la imposición de la sanción correspondiente. La cuestión subyacente en este punto es: ¿vincula la normativa FIFA a Administraciones Públicas que actúan sometidas al principio de legalidad?

Como vemos esta nueva regulación no parece la más acertada posible y por ello se ha planteado ante la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea y el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas su legalidad sobre la base del Derecho Comunitario vigente en materia de defensa de la competencia, libre prestación de servicios y circulación de capitales; habiendo rechazado este último el pasado mes de julio la solicitud de medidas cautelares al considerar que “no está probada la vulneración de las leyes europeas”.

Más información| Blog Jurídico de Luis Cazorla; Iusport.

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