Jurídico 


La problemática actual del mecanismo de pago a proveedores de la Administración Pública

¿Qué es?

El Mecanismo de Pago a Proveedores o  Plan de Pago a Proveedores es una línea de crédito creada por el gobierno español en el año 2012 dentro del contexto de la crisis. Está concebida para que el Estado preste dinero a las Entidades Locales proveedores. Han recibido en total 9.598,3 millones de euros.

¿Qué pasó?

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El deterioro de las finanzas públicas en España durante la cesante crisis económica estuvo escoltado de un incremento significativo de los plazos de pago de las Administraciones Públicas a sus proveedores. En particular, el total de obligaciones pendientes de pago consolidadas de las Administraciones públicas, alcanzó en 2011 un 8,1% del PIB español (frente al promedio del 4% observado en el período 1997-2007.

Ante tal situación, la Administración pública aprobó distintas medidas con el único objeto de reducir dichos volúmenes de deuda comercial. En este sentido, se hizo el ya famoso “pago a proveedores”, en tres fases:

  • En 2012 se permite a las CCAA aplazar el reintegro al Estado de las liquidaciones negativas del sistema de financiación correspondientes a ejercicios previos. Se crea así además las Líneas ICO con varios tramos destinados al pago de obligaciones asociadas al vencimiento de deuda autonómica
  • En 2013 se crea la segunda fase de mecanismo de pago a proveedores, que se extendió a las Administraciones, dotando de 2.6 mm de euros.
  • A finales de 2013 que se configuran en dos tramos abonados en noviembre de 2013 y el último de febrero de 2014.

¿Qué problema hay actualmente? 

El 24 de febrero de 2012, con ánimo de atender a la inmensa deuda que ostentaba la Administración Pública, entra en vigor el Real Decreto Legislativo 4/2012, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales.

Todas las empresas acreedoras que aceptaran voluntariamente dicho pago, recibirían el principal pero sin el abono de intereses de demora, y además esta aceptación supone la extinción de la deuda. Esta regulación va en contra de la Directiva 2011/7/CEE que regula las medidas de lucha contra la morosidad.

Es por ello que actualmente ya hay tribunales que están decretando que la aceptación voluntaria a este plan de pagos es nula por resultar abusiva e ir en contra de la misma directiva europea, siendo la consecuencia básica y principal el nacimiento de su derecho a percibir los intereses de demora que le pertoquen en cada caso. En este sentido ya se han pronunciado tribunales españoles, para todos citar la Sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo 355/2014.

Fuente | Wikipedia , Noticias jurídicas

Imagen | Burocracia

 

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