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La privatización del Registro Civil

La cesión de la gestión del Registro Civil se enmarca dentro de los cambios que puso en marcha el anterior ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, no sin suscitar polémicas y gran descontento tanto en el ámbito del funcionariado del ministerio de Justicia como en los sindicatos y la sociedad en general, directamente afectada y que tendría que pagar por trámites que actualmente son gratuitos.

Dicha cesión supondría delegar la gestión de los Registros Civiles en los registradores de la propiedad y mercantiles, función que en la actualidad es llevada a cabo por los funcionarios del Ministerio de Justicia y que es, por ende, pública. Aunque el Gobierno asegura que los registradores mercantiles son trabajadores del Estado y que no existiría por tanto esa tramitación de las actividades por organismos privados, los detractores de esta medida hablan de una privatización en toda regla al desaparecer la gratuidad de los servicios si estos pasan a manos de los registradores antes mencionados, a los que no consideran funcionarios públicos por trabajar con intereses privados y cobrar el IVA.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Ante este panorama, la presión de sindicatos, funcionarios de los Registros Civiles, colectivos profesionales y, en general, ciudadanos de a pie que se han echado a la calle, ha hecho que el ministro de Justicia, Rafael Catalá, haya anunciado su intención de derogar el Real Decreto Ley 8/2014 y la Ley 28/2014 que introducían esa cesión de las funciones a los registradores entre otras, así como de prorrogar la entrada en vigor de la Ley 20/2011 de 21 de julio del Registro Civil hasta 2016 en lugar de producirse esta el 15 de julio de este año, fecha para la que estaba programada. Sin embargo, esta ley no sufre modificación alguna y mantiene la intención de convertir lo ahora público en privado. El ministro, además, ha reiterado su propósito de paralizar esta cesión y de volver a realizar el proyecto desde cero, con lo que podemos pensar que la idea de privatizar esta gestión sigue en la palestra.

Con esta medida el Gobierno pretende desatascar los registros para agilizar en la medida de lo posible la tramitación de los certificados y expedientes, así como desgajar de la Administración de Justicia la función registral, pues la única función de los jueces debe ser juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Pero los sindicatos dudan de la efectividad de la medida en cuestión, además de la cantidad de costes que conllevaría.

 

Vía | Diario de SevillaRegistrocivildetodos

Imagen | Rafael Catalá

 

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