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La primacía del Derecho Comunitario

La incorporación de España a la Unión Europea mediante la firma del Tratado de Adhesión el 12 de junio de 1985, supuso que, aunque España sigue siendo una nación soberana independiente, comparte su soberanía con las Instituciones Comunitarias. Dichos entes comunitarios, tienen la facultad de dictar disposiciones normativas configurando las fuentes del Derecho Comunitario, en el que se incluyen además de los Tratados Constitutivos y sus modificaciones (derecho originario), las reglas emanadas de la función normativa que corresponde a sus instituciones y que se refleja en los Reglamentos, Directivas, Decisiones y Recomendaciones (derecho derivado). Asimismo, se han de recoger los Principios Generales del Derecho y la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el TJUE) como fuentes del mismo.

Este Derecho Comunitario tiene unas características fundamentales que lo convierten en un verdadero ordenamiento jurídico de carácter obligatorio para los Estados Miembros, además de ser, en determinados casos, directamente aplicable e invocable por los ciudadanos. Además, el Derecho Comunitario tiene primacía sobre el derecho interno de los Estados Miembros, es decir, cualquier conflicto entre normas de ambos ordenamientos se resolverá en favor del derecho comunitario. Finalmente, los Juzgados y Tribunales nacionales, están obligados a aplicar directamente la norma comunitaria, si es posible, o a interpretar el derecho nacional conforme al derecho comunitario, y en caso de duda sobre la posible contradicción entre ambos ordenamientos, plantear una cuestión prejudicial en interpretación ante el TJUE.

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Tras esta breve introducción, el supuesto a analizar es la Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Supremo, el 5 de noviembre de 2015, en recurso de amparo número 1709/2013, mediante el cual, un profesor interino al que la Comunidad de Madrid le denegó el derecho a percibir el pago de los sexenios por no ser funcionario de carrera. El recurrente alegó que tenía derecho a dicho complemento al haber permanecido el período de 6 años como funcionario invocando la Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, como base de su solicitud, en virtud de la cual, y aplicando el principio de no discriminación en las condiciones de trabajo debido a la duración de la relación, contenido en la cláusula 4, punto 1 del Acuerdo Marco contenido en la misma, tenía derecho a percibir los sexenios aunque dicho complemento fuese reconocido para los funcionarios de carrera, suponiendo una discriminación negativa al ser un funcionario interino. Como consecuencia, se conculcaba el derecho a la tutela judicial efectiva recogido en el artículo 24.1 de la Constitución Española, en el cual se incluye la necesidad de los Jueces y Tribunales de resolver conforme al sistema de fuentes, así como su obligación de resolver sobre todas las cuestiones expresamente planteadas en el curso del proceso (principio de congruencia).

Dicha cláusula, que ha sido interpretada en varias ocasiones por el TJUE[1], establece expresamente

“Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas”.

Como ya ha señalado el TJUE, la normativa española en materia de sexenios, es contraria al derecho comunitario, al reservar sin justificación objetiva este complemento salarial a los funcionarios de carrera, excluyendo a los funcionarios interinos.

Como ya se ha dicho, los Juzgados y Tribunales, están obligados a inaplicar una norma interna contraria al Derecho de la Unión, obligación inherente al principio de primacía del Derecho Comunitario. En este caso, además, el recurrente había alegado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la Directiva Comunitaria, así como los casos en los que el TJUE había resuelto a favor de la misma ante cuestiones prejudiciales presentadas por los Juzgados españoles en asuntos análogos al estudiado. Sin embargo, el TSJM no sólo inaplicó la norma comunitaria, sino que, en su pronunciamiento obvió toda referencia a la misma y a la jurisprudencia del TJUE alegada, conculcando así el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y a un proceso con todas las garantías debidas.

En consecuencia, el Tribunal Constitucional estimó el recurso de amparo planteado, al considerar que el principio de no discriminación por razón de la duración del contrato recogido en la Directiva 1999/70/CE, interpretado por el TJUE, y de obligada aplicación por los Jueces y Tribunales Españoles, debía haberse aplicado ante la solicitud del profesor interino de reconocimiento de los sexenios debidos.

[1] Auto del TJUE Lorenzo Martínez, de 9 de febrero de 2012 (asunto C-556/11)

Vía| Recurso de amparo num 1709/2013 , Directiva 1999/70/CE, del Consejo

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En QAH| La normativa europea: tipos de normas y sus efectos , El derecho a la tutela judicial efectiva , El Tribunal Constitucional , ¿Qué hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea?

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