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La Política de asilo de la Unión Europea

14381266568_23bb62f35c_mLa creciente crisis concerniente a la significativa afluencia de grupos de personas provenientes de zonas en conflicto hacia Europa, con la intención generalizada de escapar de las penosas condiciones de vida a las que se enfrentan en aquellos lugares, justifica un acercamiento a las previsiones normativas vigentes propias de la Unión Europea en materia de Asilo.

En este sentido, la política referente a esta materia se articula en torno al ‘Sistema Europeo Común de Asilo’ (SECA), cuya coordinación corresponde a la Dirección General de Migración y Asuntos de Interior. La aspiración última de esta política se corresponde la pretensión de cumplir con el deber de proteger , derivada de la respectiva obligación internacional recogida en el Derecho Internacional Humanitario.

La piedra angular del sistema es el supuesto de que los países de la Unión Europea, como área de fronteras abiertas y libre circulación, comparten valores fundamentales comunes; y en concordancia, el Reglamento 343/2003 de Dublín otorga a los Estados Miembros (más Islandia, Noruega y Suiza) la competencia exclusiva para tramitar y aprobar las solicitudes de asilo.

No obstante, con el fin de garantizar un tratamiento homogéneo de las solicitudes, la Directiva 95/2011 sobre requisitos establece unos parámetros comunes a los cuales los Estados Miembros se deben atener al resolver las solicitudes, aunque ello sigue dejando espacio a la interpretación y aplicación singular de cada Estado.

Por otra parte, garantizar un tratamiento eficiente y equitativo en la tramitación de las solicitudes es el objeto de la Directiva 32/2013 sobre procedimientos de asilo, que presta especial atención a los solicitantes con necesidades especiales y así como de los menores, y regula en detalle las cuestiones procedimentales, como la presentación de la solicitud, la duración (máximo de seis meses), y las vías de recurso.

La Directiva 33/2013 sobre condiciones de acogida regula la puesta a disposición de medios materiales para proveer de condiciones de vida dignas a los solicitantes mientras dura el procedimiento, asegurándoles el acceso a alojamiento, alimentos, asistencia sanitaria y empleo, así como atención médica y psicológica; estableciendo además la obligación de proporcionarles el acceso a un puesto de trabajo en el plazo máximo de 9 meses.  

Por último, el sistema ‘Eurodac’, regulado por el Reglamento 2725/2000, permite a los Estados participantes compartir, entre otra información, las impresiones dactilares de los solicitantes de asilo, a efectos de identificación y registro .

Aunque aparentemente el diseño de este sistema parece bastante comprehensivo, existe la opinión bastante extendida de que éste no responde adecuadamente a la presión a la que se ven sometidos determinados países, que por situación geográfica o situación económica los convierte en un objetivo prioritario para un número mayor de solicitantes de asilo. En ese sentido, los Estados Miembros han puesto el énfasis en la cooperación en aspectos operativos de la política, más que en el reparto de la gestión de las solicitudes, lo que por ejemplo dio lugar a la creación de la ‘Oficina Europea de Apoyo al Asilo’.

Uno de los efectos de la crisis de los refugiados que vivimos actualmente es precisamente la distribución de refugiados entre los distintos países, lo cual en principio no queda previsto en el ‘Sistema Europeo de Asilo Común’. De momento, quedamos a la expectativa del resultado de las deliberaciones que tendrán lugar en la reunión convocada al efecto y con carácter de urgencia del Consejo de Justicia de y Asuntos de Interior el próximo 14 de septiembre.

 

Vía| Dirección General de Migración y Asuntos de Interior

Imagen| Flickr

En QAH| ¿Qué es el asilo?

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