Jurídico 


La participación del Ministerio Fiscal en los procesos civiles (I): Fundamento

Aunque como norma general se entienda que los intereses en juego en el proceso civil son privados y que por tanto el Ministerio Fiscal, a quien el art. 124 CE encomienda como misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés publico tutelado por la ley, de oficio o a instancia de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante estos la satisfacción del interés social, (texto literalmente transcrito como art. 1 de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal)con una clara vocación de defensa de los intereses públicos  no suela participar en este orden jurisdiccional, lo cierto es que el Ministerio Fiscal está presente en los procesos civiles en más una ocasión.

Escudo del Ministerio Fiscal

Tal y como se dice en la Circular1/2001, de 5 de abril de 2001, de la Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles, “la afirmación de que en el proceso civil únicamente se ventilan derechos inter privatos sólo puede considerarse parcialmente cierta, siendo fruto más de una inercia analítica que de una verdadera realidad. El objeto de los procesos relativos a la capacidad, a la filiación y –en fin aquellos procesos matrimoniales en los que están en juego los intereses de menores de edad o incapaces, son sólo algunos de los ejemplos de controversias jurisdiccionales impregnadas de un claro significado público que, como tal, trasciende al particular interés de los litigantes y reclama una atención por parte de quien, en el ámbito de la administración de justicia, ha de velar por la defensa de los intereses públicos tutelados por la ley.”

Ciertamente, encomendar al Ministerio Fiscal la defensa de la legalidad supondría una inadmisible omnipresencia del Fiscal en todos los conflictos judiciales, independientemente del orden o el objeto, ya que en toda controversia jurisdiccional la legalidad esta siempre cuestionada, de modo que se hace imprescindible limitar esta participación del Ministerio Fiscal en los casos civiles, para así evitar que la excepción que al principio de disposición supone la participación en el proceso del Ministerio Fiscal se extienda a todas las controversias civiles, por el interés de las propias partes, necesidad esta que se concreta de la manera en la que revisaremos en el próximo capítulo.

Vía| Ley de Enjuiciamiento Civil

Más Información| Circular1/2001, de 5 de abril de 2001, de la Incidencia de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil en la intervención del Fiscal en los procesos civiles

Imagen| Wikipedia 

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