Jurídico 


La organización territorial del Estado Español

Una de las principales novedades introducidas por la Constitución de 1978 fue la referente a la nueva ordenación territorial con la aparición del denominado Estado Autonómico. La división del territorio español en Comunidades Autónomas y la atribución a las mismas de un importante volumen de competencias es fruto de los acuerdos políticos adoptados que culminaron en la citada Constitución. Este proceso culminó con la creación de 17 Comunidades Autónomas y 2 Ciudades Autónomas.

Nos encontramos tal y como ha establecido el Tribunal Constitucional ante una “distribución vertical del poder político” entre entidades de distinto nivel, en cuya cúspide tenemos al Estado, titular de la soberanía, a continuación a las comunidades autónomas, caracterizadas por su autonomía política, y finalmente los denominados entes locales, las provincias y los municipios, dotados de autonomía administrativa de distinto ámbito. Por lo que mientras que las Comunidades Autónomas gozan de potestad legislativa originaria, los entes locales sólo pueden producir normas de rango inferior a la ley dentro de los límites marcados por las leyes estatales o autonómicas.

En 1979 quedó cerrado el mapa de las preautonomías que, con muy pocas excepciones, prefiguró el mapa autonómico definitivo aprobado tras la entrada en vigor de la Constitución. Es el Título VIII de la misma, que lleva de rúbrica “De la Organización Territorial del Estado” el que ha configurado esta distribución territorial del poder. Así lo regulan los siguientes artículos de la Constitución:

El artículo 137 disponeEl Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses”

Por su parte, el artículo 143 reconoce la posibilidad de constituir Comunidades Autónomas como garantía del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 del citado cuerpo legal.

En el ejercicio del derecho a la autonomía reconocido en el artículo 2 de la Constitución, las provincias limítrofes con características históricas, culturales y económicas comunes, los territorios insulares y las provincias con entidad regional histórica podrán acceder a su autogobierno y constituirse en Comunidades Autónomas con arreglo a lo previsto en este Título y en los respectivos Estatutos. 2. La iniciativa del proceso Autonómico corresponde a todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y a las dos terceras partes de los municipios cuya población represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. Estos requisitos deberán ser cumplidos en el plazo de seis meses desde el primer acuerdo adoptado al respecto por alguna de las Corporaciones locales interesadas.3. La iniciativa, en caso de no prosperar, solamente podrá reiterarse pasados cinco años.”

17-autonomías1

Pese a las tensiones de todo tipo que acompañaron a este proceso, el régimen de preautonomía –que no otorgaba competencias legislativas– permitió estudiar e iniciar el proceso de transferencias a las entidades creadas en aquellas materias que ofrecían menos dudas desde el punto de vista de la futura Constitución.

Se pueden establecer las siguientes fases en el proceso de descentralización:

1)            Una primera fase (1979-1983) en la que se aprobaron los 17 Estatutos de Autonomía y comenzó el proceso descentralizador, que fue desafiado por el golpe de Estado de 1981 y reconducido por los Acuerdos Autonómicos de 1981 y la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, y culminó con la Sentencia del Tribunal Constitucional de 1983 en la que se definieron los principios del proceso autonómico.

2)            Una segunda fase (1983-1992) en la que se desarrolló el modelo con numerosos traspasos y terminó con los Acuerdos Autonómicos de 1992. Que ampliaron las competencias de las Comunidades Autónomas de vía más lenta, equiparándolas al artículo 151.

3)            Una tercera fase (1993-2002) de implementación de los acuerdos de la fase anterior (grandes traspasos de educación y sanidad), en el marco político de la Unión Europea y la moneda única, en la que se trató de cerrar el modelo, pero que ante la creciente insatisfacción en las comunidades autónomas (vasca y catalana principalmente), abrió un periodo de reflexión sobre el conjunto del modelo.

4)            Una cuarta fase que, iniciada con la propuesta vasca de un nuevo Estatuto Político y la reforma del Estatuto de Cataluña (octubre de 2002), generalizó un proceso de cambio en todas las autonomías, dando comienzo a una nueva oleada de estatutos en diversas Comunidades Autónomas (Comunidad Valenciana y Cataluña en 2006; Islas Baleares, Andalucía, Aragón y Castilla y León en 2007).

Aunque si bien es cierto que la descentralización territorial ha tenido sus “pros”, sobre todo en relación a la posibilidad de los individuos de desenvolver su propia personalidad en la esfera más cercana a sus intereses; entre los “contras” de este Estado Autonómico hay que destacar el crecimiento importante del gasto público debido a la existencia de solapamientos en los gastos de los niveles central y subcentrales de gobierno, (fruto de la repetición de diecisiete estructuras administrativas distintas y que en numerosas ocasiones dan lugar a duplicidades administrativas que generan un mayor coste público); por otro lado, ha originado una mayor presión de la demanda por parte de los ciudadanos de cada jurisdicción ante los responsables políticos de la misma y por último numerosos conflictos políticos en relación a las competencias asumidas por cada Comunidad, (como la exigencia por parte de los gobiernos nacionalistas autonómicos de mayores cuotas de decisión política); tales reivindicaciones desembocan, por ende, en un clima de “tensión” en el Gobierno Central.

Vía|jurídicas unam

Imagen|El Estado Autonómico

En QAH| La España “(in)vertebrada”, ¿Cómo se atribuyen las competencias a las Comunidades Autónomas?

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