Derecho Mercantil, Jurídico 


La nulidad de los contratos de adquisición de participaciones preferentes y su casuística jurisprudencial (III): Error invalidante, legitimación pasiva y conclusiones

Finalmente, en esta última entrada de la serie analizaremos qué requisitos han de concurrir para que el error al prestar el consentimiento provoque la nulidad del contrato de adquisición de participaciones preferentes, así como cuál es la entidad a la que se debe demandar.

Como declara la SAP de Baleares de 2 de septiembre de 2011, el art. 1265 del Código Civil declara nulo el consentimiento prestado por error o dolo, exigiendo el art. 1266 del Código Civil que, para que el error invalide el consentimiento deberá recaer sobre la sustancia de la cosa que fuere objeto del contrato o sobre aquellas condiciones de la misma que principalmente hubiesen dado motivo a celebrarlo.

El error, por tanto, constituye un falso conocimiento de la realidad, capaz de dirigir la voluntad a la emisión de una declaración no efectivamente querida, y para que pueda provocar la nulidad del contrato debe:

(a) ser sustancial y derivado de actos desconocidos para el que se obliga, referida a cualidades esenciales de la cosa y

(b) que, a parte de no ser imputable al que lo padece, el referido error no haya podido ser evitado mediante el empleo por el que lo padeció de una diligencia media o regular, teniendo en cuenta la condición de las personas, no sólo del que lo invoca, sino de la otra parte contratante, cuando el error pueda ser debido a la confianza por las afirmaciones o la conducta de ésta, por lo que debe quedar cumplidamente probado (se trata del requisito de la excusabilidad del error).

Por ejemplo, en la SJPI nº9 de Zaragoza de 16 de septiembre de 2011 la entidad bancaria omitió una obligación de información que concluyó con la compra por el cliente de un producto complejo y de elevado riesgo y, a pesar de que la actora ejercita la acción de nulidad de la orden de compra por error en el consentimiento, el Juzgado considera que nos encontramos ante una simple intermediación y que se omitió la obligación de información al cliente aplicando el art. 1101 del Código Civil.

Procesalmente hablando, la legitimación pasiva corresponde en principio a la entidad con la que se contrataron los productos financieros como titular de la relación jurídica (art. 10 LEC) o, en su caso, a su sucesor por conversión de caja de ahorros en entidad bancaria, todo ello con independencia en este último caso de su integración en un grupo financiero.

Resumiendo, la apreciación de la nulidad de los contratos de compra de participaciones preferentes tiene que venir declarada en una serie de requisitos legales que permiten aseverar la existencia de vicio en el consentimiento y para ajustar fehacientemente el marco de legalidad que impera en nuestro ordenamiento jurídico a la casuística concreta de cada supuesto de hecho se debe realizar un análisis exhaustivo del perfil de cada cliente, de las condiciones y el contexto que llevó a dicho cliente a invertir en el producto, el grado de conocimientos financieros o empresariales y la experiencia previa en contratación de productos de inversión, si se trata de un perfil mayorista (sociedades mercantiles -con intereses de financiación y rentabilidad-) o minorista (pequeños ahorradores), entre otros muchos factores de relevancia.

Únicamente valorando en sede judicial todos y cada uno de estos aspectos se podrán ofrecer soluciones de justicia tanto a inversores “perjudicados” por una contratación viciada como a entidades de crédito, que no tienen porqué soportar el perjuicio futuro causado por las interpelaciones judiciales de antiguos inversores que se beneficiaron de réditos en el pasado sin queja aparente alguna, que conocían la naturaleza y funcionamiento del producto y que aprovecharon la mediatización con el cambio de coyuntura económica para demandar a las entidades y recuperar su inversión.

Por tanto, mi opinión personal se enmarca en que se tiene que analizar caso por caso, se tiene que permitir enjuiciar cada supuesto con base en parámetros de exclusiva naturaleza legal y jurisprudencial y dejar de lado el juicio mediático y social, que puede llevarnos a generalizar la situación de los inversores conduciendo a generar aprovechamientos injustos en ambos lados de la balanza.

Vía| CNMV, Expansión

Imagen| Producto financiero

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