Derecho Mercantil, Jurídico 


La nulidad de los contratos de adquisición de participaciones preferentes y su casuística jurisprudencial (II): La relación contractual entre el cliente y la entidad de crédito

Comenzábamos esta serie explicando qué son las participaciones preferentes. En esta segunda entrada vamos a analizar uno de los aspectos en que se fijan los tribunales para decidir sobre la nulidad de los contratos de adquisición de las mismas: el tipo de relación contractual que existe entre el cliente y la entidad bancaria y las obligaciones que la misma entraña.

Para analizar el grado de información exigible a la entidad bancaria suele hacerse la distinción entre si la relación contractual es de simple administración de valores o, además, de gestión que implique obligación de asesoramiento. A la primera se refiere el art. 308 del Código de Comercio y a la segunda se le suele calificar de contratos mixtos entre el depósito y la comisión, pero especialmente este último aplicándose los arts. 244 y ss. del Código de Comercio. La mayoría de los casos en la práctica suelen encuadrarse en esta última categoría (pueden verse, entre otras, las STS de 11 de julio de 1998, la SJPI nº13 de Barcelona de 4 de abril de 2012 o la SAP de Baleares de 2 de septiembre de 2011).

En estos últimos casos se trata de contratos complejos denominados por la doctrina y jurisprudencia como contratos de gestión de carteras de valores o contratos de gestión de carteras de inversión cuya complejidad inherente exige una cualificación y un conocimiento especial que normalmente el inversor normal no puede hacer frente superando esta dificultad a través de la mediación profesional que asume la entidad financiera. Aunque llegados a este punto me gustaría diferenciar entre las suscripciones de contratos de gestión por parte de clientes minoristas -con perfil eminentemente ahorrador- en donde está justificado el error en el consentimiento por ser esencial y excusable, respecto de la suscripción de los mismos por sociedades mercantiles a través de sus administradores -muchas veces asesorados por profesionales- en donde generalmente no se encontraría justificado.

La SAP de Baleares de 2 de septiembre de 2011 parte de la determinación del tipo de contrato suscrito destacando que se trata de un contrato de servicio de inversión en el cual la entidad bancaria debe prestar un servicio muy activo de asesoramiento (superior al exigido en el contrato de administración de valores), así como el contenido del derecho de información de los clientes, información que debe ser clara, correcta, precisa, suficiente y haciendo hincapié en los riesgos que cada operación puede conllevar (en concreto, puede verse la SJPI nº 13 de Barcelona de 4 de abril de 2012; la SAP de Baleares de 2 de septiembre de 2011; la SAP de Valencia de 9 de diciembre de 2011 y la SAP de Valencia de 24 de julio de 2006).

En cuanto a la normativa específica que regula este tipo de negocios jurídicos habrá de estar, en primer lugar, a lo pactado entre las partes en virtud del principio de autonomía de la voluntad ex art. 1255 del Código Civil, a lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores, especialmente en cuanto a los deberes de información, en su caso a las normas sobre la comisión mercantil establecidas en el Código de Comercio, la Ley General de Defensa de los consumidores y Usuarios y a la diversa regulación sectorial de carácter financiero (entre ellas, por ejemplo y en su caso el Real Decreto 693/93, de 3 de mayo sobre normas de actuación de los mercados de valores, entre otras).

También exigen con carácter general estas normas un comportamiento específico y vinculante para las entidades que actúan en el mercado de valores (ver STS de 11 de julio de 1998).

Por ejemplo, sobre la resolución contractual por incumplimiento del deber de información la SAP de Asturias de 27 de enero de 2010 distingue entre el momento de contratar y durante la pendencia del contrato, siendo lo relevante que en cada momento la labor de asesoramiento e información de las entidades financieras se ajuste a la normativa y, por tanto, teniendo en cuenta las circunstancias personales y económicas que concurren, y que les son expuestas por sus clientes, correspondiendo sobre esta base la decisión última de adquirir unos u otros productos al cliente. La decisión última corresponde al cliente por lo que el derecho de información se considera la forma más importante de la libertad contractual, por ello, las normas referenciadas intentan establecer en cada momento los medios para que las condiciones contractuales, en un sector tan complejo, sean comprensibles por los clientes.

La demostración de una ineficiente información proporcionada puede suponer un incumplimiento contractual de la suficiente entidad para provocar la resolución contractual (en virtud de los arts. 1124 y 1101 del Código Civil). Pero si se demuestra que la entidad proporcionó toda la información necesaria y adecuada al momento concreto de la comercialización, ésta habrá cumplido con sus obligaciones legales para con sus clientes en aras de tutelar sus intereses.

Vía| CNMV, Expansión

Imagen| Contrato

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