Jurídico 


La nueva subida del IRPF y su posible inconstitucionalidad

El otro día leía en un diario de tirada nacional un titular que instantáneamente me llamó la atención. El titular en cuestión era: La subida del IRPF de Rajoy vulnera la doctrina del Constitucional. Leyendo la noticia con más detalle, me di cuenta de una curiosidad importante a tener en cuenta, y que seguro que a los asesores legales del actual Gobierno de la Nación no se le pasó por alto: el hecho es que esa doctrina del Tribunal Constitucional se generó por un recurso presentado por diputados del Partido Popular en 1992: concretamente, los recursos de inconstitucionalidad acumulados números 2.548/92 y 553/93, promovidos por don Federico Trillo-Figueroa Martinez-Conde, comisionado por mas de 50 Diputados del Grupo Parlamentario Popular.

Pues bien: dicha Sentencia, la 182/1997, resolvió efectivamente que, pese a que había una urgente necesidad financiera de las arcas públicas en el año 1992, no era menos cierto que la aprobación de una modificación de los derechos fundamentales del Título I de la Constitución no podía hacerse por Real Decreto, sino más bien por Ley, por la reserva del art. 86.1 que la Constitución Española establece (esta argumentación, utilizada por el propio Trillo, se basa en la famosa Sentencia del Tribunal Constitucional 111/1983).

Evidentemente, esta reflexión que hago es puramente especulativa: ni en 1992 pasó nada, porque el Gobierno aprobó esta modificación posteriormente mediante Ley (fíjense, además, que el Tribunal Constitucional resolvió… ¡En 1997, 5 años después!), ni pasará nada con esta subida del IRPF anunciada en el extensísimo artículo 13 del Real Decreto Ley 20/2011de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, porque esta modificación del IRPF se incluirá en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán, previsiblemente, en el mes de marzo.

La duda que surge ahora es: ¿Era necesaria esa premura, no podía esperar el Gobierno a tener aprobados los presupuestos en marzo? La respuesta es clara: no podía esperar. A nadie escapa la actual situación económica del país, con una sangría de cuatro millones y medio de desempleados, y un déficit de la Seguridad Social cifrado en 668 millones de euros. No debemos olvidar, a este respecto, que la Seguridad Social española nunca había entrado en déficit desde el año 1996.

Es evidente pues que, aunque ilegal (ya lo declaró el Tribunal Constitucional en 1997, y lo volverá a declarar en cuanto 50 diputados se animen a presentar otro recurso de inconstucionalidad), la reforma es necesaria para el sostenimiento del debilitado sistema de Seguridad Social español. En otras circunstancias, pues, esta premura podía haberse criticado: pero en mi opinión, en las actuales circunstancias esta modificación está justificada.

 

Vía| ElPaís

Más información| Sentencia

En QAH| Los tributos. Concepto y tipos.

Imagen| Soraya

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