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La nueva regulación de las costas (II)

En el artículo anterior de esta serie nos hacíamos eco de las próximas modificaciones de la regulación de las costas por el Anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley de Costas, centrándonos en la delimitación de la zona marítimo-terrestre. En este vamos a estudiar cómo se articulan determinadas actuaciones de trascendencia económica que afectan a aquéllas:

La nueva regulación de las costas (II)

Modificación del régimen de autorizaciones y concesiones: la duración de los derechos de uso de la costa se incrementa. Las autorizaciones pasan de 1 a 4 años y las concesiones, de 30 a 75 años. Por este motivo se prevé la revisión de las ya otorgadas y la necesidad de un informe favorable de órgano ambiental correspondiente, con objeto de expulsar los usos ambientalmente insostenibles. El cálculo del canon varía e incrementa su complejidad. Además, las concesiones son transmisibles por actos inter vivos y mortis causa. Para el primer caso deben concurrir en el adquirente todos los requisitos de la concesión; para el segundo, basta con que el causahabiente comunique su voluntad de subrogación en un plazo de cuatro años desde el fallecimiento del concesionario.

–  Zonas de servidumbre: en supuestos especiales se reduce la zona de servidumbre anexa de 100 a 20 metros, con acuerdo entre el Estado, la Comunidad Autónoma y el ente local. Se permite realizar obras de reparación, mejora, consolidación y modernización, sin aumento de volumen, altura ni superficie. No obstante, estas obras deben implicar, en todo caso, una mayor eficiencia energética y un menor consumo de agua. Su control no se produce por otorgamiento de una licencia de obra sino mediante una declaración responsable previa a la autorización urbanística procedente.

Prevención de actuaciones insostenibles: se introduce la posibilidad de que el Delegado del Gobierno suspenda actos y acuerdos de un ente local que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección o que supongan una infracción normativa. En relación con los terceros hipotecarios se prevé que pasen a ser titulares de un derecho de ocupación y aprovechamiento, si bien en caso de terrenos destinados a determinadas industrias esto sólo será posible previo informe favorable del órgano ambiental correspondiente.

Estas son las líneas fundamentales de la reforma, que pretende sentar las bases de un uso del litoral que sea sostenible en el tiempo y respetuoso con la protección medioambiental. A la vista de la enorme transformación que ha sufrido el mismo con los desarrollos urbanísticos de los últimos años, ¿conseguirá esta reforma su objetivo?

Vía | Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

Imagen | Playa de Valdevaqueros

En QAH | ¿Qué son los bienes demaniales?, La nueva regulación de las costas (I)

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