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La nueva Ley de “seguridad ciudadana” ¿Cuántos derechos podría infringir esta Ley?

liberdades públicasLa nueva Ley de seguridad ciudadana se ha convertido en punto de mira de todos los ciudadanos y voces políticas, debido a las posiciones enfrentadas respecto a si los derechos y libertades públicas de los ciudadanos podrían verse vulnerados por dicha norma.

Esta Ley tiene su origen en 1992 como desarrollo del artículo 104.1 de la Constitución cuando dice que las Fuerzas y Cuerpos de seguridad, bajo la dependencia del Gobierno, tendrán como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana. Y el precepto número 2 continúa diciendo que una Ley orgánica determinará las funciones, principios básicos de actuación y estatutos de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad.

Por lo tanto, nos encontramos ante la Ley orgánica 1/1992 de 21 de febrero para la Protección de la Seguridad Ciudadana, que desde la lectura del reciente anteproyecto promovido por el Ministerio de Interior, ha creado discordia.

Es primer lugar, sería interesante recordar los antecedentes de la misma cuando su entrada en vigor causó parecidas reacciones en la ciudadanía. Por entonces, su promotor y Ministro de la época, José Luis Corcuera, participó en la iniciativa de una Ley que pasó a considerarse Ley Corcuera o de “la patada en la puerta”. El motivo se refirió a que uno de sus preceptos permitía como causa legítima la entrada y registro en el domicilio si las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tenían constancia de la existencia de narcotráfico sin la necesidad de autorización del juez. El precepto fue anulado sin más reparos por el Tribunal Constitucional siendo manifiestos los derechos fundamentales que se violaban.

Hoy, la Ley de la “patada en la puerta” pasa a conocerse entre sus muchos opositores como la Ley antiprotesta de “la patada en la boca”. Pero, ¿qué derechos podría infringir esta Ley?

La ley pretende asegurar el ejercicio de las libertades públicas (si bien dicho concepto lo encontramos por primera vez en Francia en el s. XIX), considerándose como tales la libertad de reunión, la libertad de asociación, y con ella la libertad sindical, la libertad de prensa, y en modo general, la difusión del pensamiento, la libertad de conciencia y de cultos, la libertad de enseñanza.

Podemos decir, por tanto, que debemos encontrar en el contenido de la nueva ley, si es cierto que se vulnera alguno de los anteriores derechos.

Las primeras reacciones públicas se hacen evidentes ante la severidad  administrativa ante ciertas infracciones. Estas nuevas inclusiones normativas pretenden ir de la mano de la reforma del Código Penal. Así bien, las faltas penales que no se pasan a considerar delitos leves, se recogen ahora como infracciones administrativas.

No sólo la opinión pública ha dictaminado como autoritaria dicha ley, sino que desde el Consejo de Europa se han manifestado calificándola como desproporcionada y transgresora del derecho de reunión, manifestación y libre expresión, dictaminando la absoluta legitimidad de poner en práctica estos derechos siempre que sea de forma pacífica.

Finalmente, si profundizamos en el texto en alusión a la percepción pública, se impone como una norma con gran fuerza por parte de la Administración. Más allá de la sanción económica que ha sido el punto de partida para la crítica, como ciudadanos realmente debería preocupar los conceptos jurídicos indeterminados. Estos los entendemos como aquéllos que la ley no determina con exactitud y, en consecuencia, cabe preguntarse la discrecionalidad adoptada por parte de la Administración a la hora de sancionar, lo cual verdaderamente es lo que debería causar especial inseguridad e indefensión.

Las infracciones descritas a lo largo de la norma pretenden imponerse en la ciudadanía por medio de las severas sanciones económicas, encontrando aparentemente en la lectura de los nuevos artículos, el respeto por el ejercicio de las libertades públicas en perjuicio de actos provocativos, prohibidos e incluso, ilegales o vandálicos. Sin embargo, esta potestad preventiva por parte de las autoridades públicas no queda bien delimitada, por lo que podría darse un margen de discrecionalidad tan amplio que sí que chocase con estas libertades e incluso, con la propia potestad jurisdiccional, lo cual debería ser el verdadero objeto de crítica.

“El derecho es el conjunto de condiciones que permiten a la libertad de cada uno acomodarse a la libertad de todos”, Kant.

Vía | Ministerio de Interior

Imagen | Google Images

 

 

 

 

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