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La nueva Ley de Patentes

El pasado 13 de julio de 2015, el Senado aprobó, la nueva Ley de Patentes, la cual había permanecido sin modificarse desde el año 1986, norma que supondrá una gran revolución en el ámbito de las patentes en nuestro ordenamiento, y que, debido a las grandes modificaciones que implica no entrará en vigor hasta el 1 de diciembre de 2016. A pesar de que con esta nueva normativa se ha armonizado el sistema español de patentes igualándolo al de países de nuestro entorno, algunos autores opinan que va a suponer una disminución en el número de invenciones a patentar, debido no sólo al aumento de las tasas a pagar, sino a que se ha eliminado el procedimiento de concesión general con informe sobre el estado de la técnica, y que en España suponía alrededor de un 95 % de las solicitudes presentadas.

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El objetivo del derecho de patentes es la promoción de la investigación científica y desarrollo tecnológico en España, necesarios para avanzar en la industria y en una economía de mercado. Por este motivo, y en términos generales, la patente otorga un derecho de explotación exclusivo al inventor durante un período de tiempo de 20 años, y un “ius prohibendi”, o facultad de evitar que un tercero explote su invención. Transcurrido este período, la invención pasará a ser de dominio público. Para que una invención sea patentable ha de cumplir unos requisitos: novedad, implicar una actividad inventiva y aplicabilidad industrial.

Hasta este momento, la Ley de Patentes contemplaba dos procedimientos para la concesión de patentes. Un procedimiento general con informe sobre el estado de la técnica, en el cual los requisitos de novedad y actividad inventiva no eran analizados por la Oficina Española de Patentes y Marcas a la hora de conceder la patente, salvo que su inexistencia fuese notoria y evidente; y un procedimiento con examen previo, en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas estudiaba todos los requisitos de patentabilidad, incluso la insuficiencia de la descripción, pudiendo denegar la concesión de la patente ante la falta o inexistencia de alguno de éstos (siempre y cuando el solicitante no los hubiese subsanado). Este último procedimiento, que fue introducido para garantizar la concesión de las patentes, y armonizar nuestra legislación a los países de la Unión Europea, básicamente se aplicaba en el sector de la alimentación (aunque progresivamente se había ido extendiendo a otros sectores), siendo el procedimiento general sin examen el que primaba en nuestro territorio, y el cual implicaba la posibilidad de que patentes concedidas al amparo de la legislación pudiesen ser posteriormente revocadas por los tribunales, o que incluso su inscripción en una Oficina de Patentes extranjera no fuese posible.

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La nueva Ley de Patentes

Por este motivo, nuestros legisladores han querido pasar de un sistema de concesión de patentes “débil”, a un sistema de concesión “fuerte”, otorgando garantías jurídicas a los autores de las patentes al garantizar que una invención patentada cumple con los requisitos de patentabilidad establecidos en la legislación. Por el contrario, se ha argumentado que la obligación de realizar un examen previo puede limitar la actividad inventiva en nuestro territorio, y que, invenciones que antes accedían al registro ahora vean limitada su entrada. Además, se argumenta que, la tasa a abonar en el procedimiento general de concesión de una patente con informe sobre el estado era gratuita, mientras que en el procedimiento con examen previo, la tasa, tras la aprobación de la nueva Ley de Patentes, alcanzará una cuantía aproximada de unos 400 euros (se han previsto determinadas bonificaciones como por ejemplo una reducción del 50 % para emprendedores y Universidades, pudiendo alcanzar el 100 % si una vez otorgadas tuvieran una aplicación comercial).

La nueva Ley de Patentes puede encontrar detractores debido especialmente a la unificación de procedimientos y al establecer como obligatorio el procedimiento con examen previo para todos los sectores de la técnica, así como en cuanto a las tasas a abonar por el derecho del inventor a la patente. Sin embargo, la simplificación y centralización administrativa, con una reducción de los plazos, a través de la Oficina Española de Patentes y Marcas, así como el que sea ésta quien analice previamente el cumplimiento de los requisitos de patentabilidad en toda invención registrada, va a evitar la entrada de patentes en el sistema que presenten dudas acerca de las mismas, así como evitar litigios innecesarios, acercando nuestra legislación a nuestro entorno normativo. Pero, hasta que la nueva Ley no haya entrado plenamente en vigor, no se podrá analizar cuáles van a ser sus efectos en la investigación y desarrollo tecnológico de nuestro país.

Vía| Ley 24/2014, de 24 de julio, de patentes (BOE nº 177 de 25 de julio de 2015) / Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes.

Imágenes| Patented, Registered

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